Un informe de Amnistía Internacional (AI) revela la generalización de la tortura sexual a mujeres detenidas en el contexto de la lucha contra el narcotráfico, así como la negativa de los órganos de procuración y administración de justicia para investigar las denuncias presentadas por las víctimas y sancionar a los responsables.
Titulado “Sobrevivir a la muerte”, el nuevo informe de AI se sustenta en un centenar de testimonios de mujeres en los Ceferesos de Nayarit y de Morelos, procesadas por delitos federales de delincuencia organizada (33), narcotráfico (23), secuestro (22) y posesión de armas de fuego (14), varias de ellas están encausadas por más de uno de estos delitos.
Todas las mujeres que dieron su testimonio a los investigadores de Amnistía confirmaron haber sufrido detenciones violentas por parte de sus aprehensores, en tanto que 72 revelaron haber sido víctimas de tortura sexual, después de la cual habrían sido obligadas a firmar confesiones autoincriminatorias.
Los hallazgos apuntan a que “la policía y las fuerzas armadas mexicanas someten a menudo a mujeres a tortura y otros malos tratos y que la violencia sexual es una práctica habitual durante el arresto y el interrogatorio”, indica el documento al que tuvo acceso Apro.
Madeleine Penman, quien coordinó la investigación de AI, sostiene en entrevista que a nivel mundial, “es la primera vez que en casi 60 años de la organización en que se hace un estudio de estas características, de tantas historias de mujeres y de la tortura a mujeres en específico, no hemos visto algo así nunca”.
La investigación “inició con seis mujeres y terminó en 100, y podrían haber sido muchas más pero se nos pusieron obstáculos que nos impidieron continuar las entrevistas grupales, en las que aplicamos cuestionarios específicos”, dice Penman.
Sobre los obstáculos que tuvo el equipo de AI para continuar la investigación, Penman detalla que en diciembre de 2015 hubo un acuerdo con la Secretaría de Gobernación “para poder ver un gran número de mujeres, pero ese ‘sí’ se fue moviendo en un ‘no’ a través de los meses; ya en marzo en 2016 nos dimos cuenta que ya llevábamos entre tres y cuatro negativas y sólo gracias a la buena voluntad de algunas personas en la Comisión Nacional de Seguridad, pudimos sacar el permiso”.
De manera inicial se les permitió ver a seis mujeres, después a una treintena más y al final otras 66, pero un nuevo bloqueo impidió que continuaran entrevistando en los penales federales a más internas.
“Nunca recibimos una respuesta del secretario (Miguel Ángel) Osorio Chong, a pesar de que les expusimos la importancia del estudio”, puntualiza Penman.
Entre los datos arrojados, destaca que las cien mujeres aceptaron haber recibido violencia verbal o psicológica por parte de los agentes aprehensores; 97 sufrieron violencia física y 72 violencia sexual, de las cuales 33 denunciaron haber sido violadas de forma explícita.
En cuanto a las fuerzas aprehensoras, 59 fueron detenidas por Policía Federal, 16 por Policía Estatal, 14 por el Ejército, 10 por Marina y 5 por Policía Municipal.
Madeleine Penman resalta que después de la investigación, la versión oficial de que los abusos por parte de fuerzas de seguridad son excepcionales, es insostenible.
“No podemos seguir sosteniendo la hipótesis de unas cuantas manzanas podridas, porque si analizamos los 10 arrestos hechos por la Marina, 8 habrían incluido violación y en las otras fuerzas de seguridad policía municipal, estatal y el Ejército, la tasa de violación era superior al 50%; ya no puedes hablar de que estas cosas son una excepción, en el caso de la Policía Federal, el índice es de 13%” detalló la investigadora de AI.
Al señalar que el perfil común de las mujeres detenidas es que provienen de estratos sociales y educativos bajos, la gran mayoría madres solteras, la investigadora resalta que durante las entrevistas detectaron que “son acusadas de ser novias de los delincuentes, de ser cómplices, de ser la mula, el muro de la banda, de la bonita de la banda”.
De forma recurrente, sostiene que varias mujeres relataron que al momento de ser puestas a disposición ante el agente del ministerio público federal, éste reconoce que “no tiene nada que ver con los casos que ser persiguen, pero como llegan muy golpeadas, las incluyen en la causa penal”.
Madeleine Penman advierte que los tratos discriminatorios son más severos en casos de mujeres lesbianas, dos de ellos incluidos en el informe con nombres y apellidos, quienes fueron violadas sexualmente durante 30 horas por marinos que las detuvieron.
El maltrato no tiene límites ni en casos de mujeres embarazadas. De las cien mujeres entrevistadas por Amnistía, 10 estaban embazadas al momento de su detención, lo cual no impidió que fueran golpeadas, provocando en ocho de ellas abortos que no fueron atendidos con diligencia.
Al preguntar sobre la posibilidad de que las 100 entrevistadas sean una fotografía de las detenciones de las más de 3 mil mujeres en prisión por delitos federales, Madeleine Penman advierte que “ya hablar de 100 mujeres que sufrieron agresiones a la hora de ser detenidas, y de ellas 72 sufrieron violencia sexual, es demasiado en cualquier país, pero además tenemos la convicción de que no son casos aislados”.
Advierte que el equipo de AI habló con “inspectores de cárceles de varias partes del país, y lo que vimos es que las prácticas en contra de las mujeres parecían ser uniformes: la realidad es que ellos ven que las mujeres venían, rotas, golpeadas y maltradas sexualmente”.
De las 100 mujeres entrevistadas, 66 denunció ante los agentes ministeriales o los jueces los maltratos, pero sólo 22 están enteradas de que se abrieron averiguaciones previas por sus quejas, “pero no tenemos información de que algún funcionario haya sido sancionado por ello”.
Para la investigadora de AI lo que revela el estudio realizado es que hay una “cultura de encubrimiento que tolera estos actos, por ejemplo, en cuanto al periodo de 2010 y 2015 el Ejército fue incapaz de decirnos de un solo soldado suspendido por abuso sexual o violación”.
El informe de Amnistía, incluye testimonios de algunas mujeres que permitieron que su nombre y apellidos fueran revelados, sin que ello implicara un compromiso de adoptar sus casos.
El documento de la organización se presentará este martes, ante la presencia de algunos familiares de las mujeres detenidas que dieron sus testimonios a la organización, con la única finalidad de documentar la tortura sexual en México.
Fuente: Proceso
