El secretario de Gobierno estatal dice que por sugerencia del comandante, el personal de la Procuraduría llegó 6 horas después de la matanza
Después de la matanza de 22 personas en Tlatlaya el 30 de junio de 2014, peritos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJ) retrasaron su llegada a petición del comandante militar encargado de la zona, dijo el secretario de Gobierno de la entidad, José Manzur Quiroga, según un comunicado de la Cámara de Diputados.
El funcionario estatal relató este jueves ante diputados federales que entre las 06:00 y las 07:00 horas del 30 de junio pasado recibió una llamada del comandante de la 22 Zona Militar, que entonces era José Luis Sánchez León y que fue relevado del cargo en noviembre.
“Me volví a comunicar con el general y nos dijo que no fuera muy rápido el personal de la Procuraduría porque todavía estaba más o menos oscuro y que había por ahí alguna posibilidad de que hubiesen más personas en el trayecto de Toluca hacia Tlatlaya y que pudieran tener algún tipo de riesgo los funcionarios de la Procuraduría de Justicia”, señaló Manzur, según reportan medios.
Por ello, explicó el secretario de Gobierno, es que pasaron seis horas entre que ocurrió la matanza de 22 presuntos delincuentes y que llegaron los peritos a la bodega donde ocurrieron los hechos.
Respecto a la hora en que llegó el personal de Toluca y Valle de Bravo el funcionario estatal subrayó: “no son 6 horas tarde, quiero precisar que de Toluca a Tlatlaya son muchas horas y kilómetros y a nosotros nos advirtió no sólo el Ejército, las propias personas de la Procuraduría que no había condiciones de seguridad para que funcionarios se trasladaran con prontitud. Teníamos que ir con el cuidado necesario para no tener ningún problema”, destacó el funcionario, según el comunicado de la Cámara de Diputados.
Manzur Quiroga afirmó que él habló de inmediato con el gobernador Eruviel Ávila y con el procurador de Justicia, Alejandro Jaime Gómez.
El funcionario también detalló que de las 22 personas muertas y las tres mujeres sobrevivientes, la mayoría eran originarios de Guerrero.
El secretario del gobierno mexiquense aseguró que se investiga a todos los servidores públicos involucrados en el caso Tlatlaya y, “si alguno violó los derechos humanos de las mujeres encontradas en el lugar, será castigado de manera ejemplar conforme a la ley”.
Explicó que la Procuraduría estatal fue la que cambió la situación jurídica de las tres mujeres: de testigos a víctimas, añade el comunicado de la Cámara de Diputados.
Agregó que en caso de determinarse que el gobierno mexiquense debiera indemnizarlas, existe un fideicomiso listo para hacer los pagos correspondientes. Además, José Manzur coincidió con los legisladores en que “la violación de derechos humanos nunca debería haber sucedido” en ninguna parte.
El hecho sucedió en una bodega en Tlatlaya —municipio del Estado de México ubicado en las cercanías de la región de Tierra Caliente— el 30 de junio pasado, cuando la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reportó que las 22 muertes fueron producto de un enfrentamiento entre militares y criminales.
En septiembre, a raíz de que una supuesta testigo de los hechos declaró que los elementos mataron a los supuestos agresores a sangre fría a pesar de que ya se habían rendido, los soldados fueron detenidos por “desobediencia” e “infracción de deberes”.
El secretario de Gobierno del Edomex acudió a la Cámara de Diputados en el marco de una convocatoria hecha por la Comisión de Derechos Humanos. Dicha instancia también llamó a comparecer al gobernador interino de Guerrero, Rogelio Ortega, para el 28 de abril, y al secretario de Gobierno de Puebla, Jorge Cruz, para el jueves 30.
Fuente: El País
