Por Patricia Mayorga/ Proceso
La comunidad lésbico gay de Chihuahua promovió cinco amparos contra el Registro Civil, contra el Gobierno y el Congreso del estado, por haberse negado a casar a cinco parejas del mismo sexo y por excluirlos de las discusiones sobre la reforma al Código Civil del Estado.
El Movimiento por la Integración de la Diversidad Sexual (MOVID), el Centro Humanístico de Estudios Relacionados con la Orientación Sexual (Cheros) y el grupo Sinergo, advirtieron a los legisladores: “es una realidad que existen familias homoparentales, que existen parejas con más 30 años de trayectoria y con hijos, no sean necios.
“Nosotros seguiremos ingeniándonos el modo de proteger a nuestros hijos, a nuestras parejas y garantizar la seguridad que necesitamos, a pesar de que ustedes se nieguen a vernos, a escucharnos y a brindarnos apoyo dado sus prejuicios y su miope religiosidad”.
Ante la negativa de garantizarles sus derechos, promovieron los amparos para que las nuevas generaciones puedan gozar de estos.
“Soñamos que un día, incluso el estado de Chihuahua, un estado en el que se sofoca con el calor de la injusticia y de la opresión, se convertirá en un oasis de libertad y justicia. Queremos informarles que no estamos solos, que nuestras familias: padres, hermanos, amigos y nuestros colectivos, estamos unidos”, dijo Hiram González Cruz, presidente de Cheros.
Anunciaron que la única solución que tienen es a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: “vemos la tibieza de los funcionarios o la nula voluntad, entendemos el mensaje firme y claro de los señores candidatos y de los señores funcionarios, no les interesan las temáticas de la comunidad gay”.
Recordaron que con la legislatura que termina, vivieron un camino tortuoso porque lidiaron con la burocracia reforzada y casi blindada de las instancias de gobierno, como el Congreso del estado de Chihuahua, en donde la diputada panista Patricia Flores, se resistía atender a sus colectivos y movimientos.
“Cuando por fin nos reunimos el 11 de diciembre del 2012 con la diputada y se comprometió con nuestros colectivos a trabajar para dar una posible solución y a invitarnos a un foro para la consulta ciudadana del nuevo Código Familiar para Chihuahua y hacernos llegar las fechas y las sede del dicho foro, jamás llegó la notificación por escrito a nuestras manos”, se quejaron.
Los grupos inconformes ingresaron varios oficios para obtener el contenido del código, las fechas y las sedes de los foros, pero nunca obtuvieron respuesta.
Además, señalan que la Comisión Estatal de Derechos Humanos asumió una postura tibia, mientras que el presidente municipal Marco Quezada Martínez, y el presidente del Congreso, coinciden en que legislar a favor sería desestabilizar a la sociedad.
“Los colectivos de la diversidad creemos que lo que desestabilizaba a la sociedad son el desempleo, los errores administrativos del gobierno, la corrupción, el crimen organizado, la lucha contra el narco, los feminicidios, los homicidios, las desapariciones forzadas, los secuestros, la deserción escolar, los ninis, el maltrato infantil y ser una entidad con los más altos índices de divorcios en la nación y la discriminación”.
Y cuestionan: “¿Hasta dónde un funcionario o servidor público se le permite ser imparcial y hasta dónde se le permite tomar decisiones en base a sus prejuicios o dogmas religiosos? Deseamos recordarle a nuestros legisladores y a la sociedad en general que el matrimonio es un contrato entre ciudadanos, nuestra visión de matrimonio es aquella que lo ve como un instrumento que salvaguarda nuestros derechos y garantiza el cumplimento de las obligaciones adquiridas por este contrato”.
La comunidad gay dejó en claro que las uniones que buscan son laicas, que no desean ceremonias religiosas en sus templos o iglesias. “Quédense con ellas, no las necesitamos. Nuestra espiritualidad y nuestros cuerpos no les pertenecen. Somos libres de las normas que esclavizan la conciencia y espían el ejercicio de la sexualidad para luego controlarla y finalmente esclavizarla”, expresaron.
Anunciaron que harán valer sus derechos, les guste o no a los funcionarios, jerarcas y minorías homofóbicas. “Nosotros tenemos necesidades y tendrán su satisfacción aplicando la ley, apelando a las instancias internacionales, sin importar que el Congreso se oponga a nuestras demandas, sin importar que un grupo de personas escudados en la religión se opongan a nuestros esfuerzos. Lograremos el reconocimiento de nuestros derechos, en estricto apego a la ley”.
Fuente: Apro
