A las irregularidades en el debido proceso que condujeron a la liberación de Florence Cassez hace un año, se suma el solapamiento de la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y del propio gobierno de Enrique Peña Nieto al garantizar protección al exdirector de la extinta Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien hasta ahora no ha sido requerido por la Procuraduría General de la República para que explique sus pifias y las de sus colaboradores.
Por Jorge Carrasco Araizaga/ Proceso
Pese a resolver que Genaro García Luna y su equipo antisecuestro cometieron graves violaciones en el caso de la ciudadana francesa Florence Cassez, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contribuyó a que el exjefe policial quede en la impunidad.
Así como a Cassez le abrió la puerta del penal de Tepepan al concederle el amparo de la justicia federal, a García Luna le pavimentó el camino para no enfrentar a la justicia por este caso.
Pero el máximo tribunal no fue el único en garantizarle protección al exdirector de la Agencia Federal de Investigación (AFI) y exsecretario de Seguridad Pública. También lo hicieron la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el propio gobierno de Enrique Peña Nieto.
Su abogado defensor, el penalista Alonso Aguilar Zinser, asegura que hasta la semana pasada García Luna no había sido requerido por la Procuraduría General de la República (PGR) por este ni por ningún otro asunto.
“No ha sido requerido para ninguna declaración ante el Ministerio Público federal ni notificado de que exista una investigación penal ni de otro tipo en su contra, ni por el caso de Florence Cassez ni por ningún otro”, declara el litigante a Proceso.
A la Corte sólo le interesó la liberación de Cassez, no las consecuencias de las violaciones constitucionales y de derechos humanos que una contundente mayoría de ministros de la Primera Sala del máximo tribunal atribuyó a García Luna y a sus más cercanos colaboradores en la entonces AFI.
El 8 de diciembre de 2005 agentes de la AFI detuvieron a la francesa al sur de la Ciudad de México y después de una escenificación televisiva la presentaron el día siguiente ante el Ministerio Público, el cual tomó su primera declaración sin asistencia consular.
Como director de la ahora desaparecida AFI, García Luna era entonces funcionario del gobierno de Vicente Fox en la PGR y a fines del año siguiente se convirtió en uno de los hombres más cercanos al sucesor de Fox, Felipe Calderón, quien lo encumbró como titular de la también ya desaparecida Secretaría de Seguridad Pública.
En el gobierno de Fox, García Luna “transformó” la Policía Judicial Federal de la PGR en la “policía investigadora” de la AFI. Pero su esplendor lo vivió a lo largo de todo el gobierno de Calderón, quien lo respaldó para enfrentar el caso de la francesa y no dudó en presionar a los ministros para que al menos durante su administración la Corte le negara el amparo a la acusada.
(Fragmento del reportaje que se publica en Proceso 1942, ya en circulación)
