La comunidad rarámuri de la sierra Tarahumara enfrenta una batalla legal contra un grupo de mestizos que ha invadido alrededor de 25 mil hectáreas, mientras que otras siete mil fueron tomadas por ganaderos del municipio vecino de Nonoava. Los tarahumaras van ganando, paso a paso, los juicios planteados para recuperar la soberanía de sus tierras.
Por Patricia Mayorga
La comunidad indígena de Baqueachi, localizada en el municipio de Carichí, ganó un juicio contra los “invasores” Jesús María Sandoval Espino y Juan Manuel Romero Miranda, a quienes el Tribunal Unitario Agrario (TUA) ordenó entregar, en un plazo de diez días, todos los terrenos que ocupan dentro de la región.
El ejido recibió la notificación del fallo –traducido al rarámuri– el pasado jueves 15. Dicha resolución advierte que en caso de no desalojar las tierras de manera voluntaria, se aplicará la fuerza pública.
La asociación Bowerasa, que asesora legalmente a los indígenas, señaló que aún faltan 14 sentencias por resolver, pero el fallo del TUA sobre el caso Baqueachi –apuntó– es un avance importante “porque el ejido ha demostrado que es posible para los indígenas acceder a la justicia”.
El ejido Baqueachi fue donado por resolución presidencial pronunciada en 1928, con una superficie de más de 44 mil hectáreas, para beneficiar a los integrantes de la tribu tarahumara, ya que es una de las pocas del norte del país que conservan todas sus costumbres ancestrales.
Como carecían de títulos primordiales expedidos por la Corona Española, fue necesario que la donación se hiciera por resolución presidencial. Desde entonces han sufrido una serie de invasiones.
Un grupo de mestizos invadió alrededor de 25 mil hectáreas, y otras siete mil fueron tomadas por ganaderos del municipio vecino de Nonoava.
En enero de 2006, estos hicieron el primer intento por legalizar la ocupación, cuando 32 personas que no forman parte de la comunidad indígena, asesorados por la Procuraduría Agraria, demandaron al ejido Baqueachi ante el Tribunal Unitario Agrario y reclamaron su reconocimiento como ejidatarios.
Los verdaderos dueños respondieron las demandas y ofrecieron pruebas en los 32 juicios que se realizaron. En todas sus etapas, el TUA dictó las sentencias a favor de los indígenas y condenó a los demandantes a desocupar las tierras de uso común, propiedad del ejido que indebidamente estaban usufructuando.
De los 32 juicios que ganó la comunidad, 28 fueron impugnados por los “invasores”. A 15 se les concedió el amparo y a 13 se les negó. Estos últimos y los cuatro que no impugnaron suman 17 sentencias firmes. En 12 casos los invasores desocuparon voluntariamente el territorio.
Bowerasa–que preside la abogada Estela Ángeles Mondragón– informó que ninguno de los 15 ganaderos a quienes se les concedió el amparo presentó documentos con los que pudieran acreditar legalmente su presencia en terrenos del ejido,por lo que elTUA decretó la caducidad de la medida y dejó a salvo los derechos de Baqueachi.
El 14 de diciembre de 2010 la comunidad indígena presentó ante el TUA del Distrito 5, con residencia en esta ciudad, 15 demandas para reclamar la restitución del territorio que utilizan los ganaderos del municipio de Carichí, pese a que no cuentan con títulos.
Cuando aún no se dictaban las sentencias, Jesús María Sandoval Espino volvió a invadir las tierras que por mandato judicial había recuperado el ejido, por lo que fue demandado por despojo ante un juzgado de Garantías.
El fallo fue emitido el 18 de marzo pasado a favor de la comunidad indígena, y el juez condenó a Sandoval Espino a indemnizar al ejido Baqueachi por los daños que causó su ganado en el territorio llamado Mesa del Divisadero.
Con el fallo a su favor que el TUA dictó el pasado jueves 15, los indígenas lograron recuperar otra parte importante de sus tierras.
Fuente: Apro
