En lo que va del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, las fuerzas de seguridad, en colaboración directa con grupos criminales, han perpetrado la desaparición de personas, denuncia Human Rights Watch (HRW) en su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo.
El capítulo de México destaca como actos más grotescos de violación a los derechos humanos, los casos de la desaparición de los 43 normalistas en Ayotzinapa, Guerrero, y la ejecución de 22 civiles en Tlatlaya, Estado de México, a manos del Ejército.
“Integrantes de todas las fuerzas de seguridad han continuado perpetrando desapariciones durante el gobierno de Pena Nieto, en algunas ocasiones, en colaboración directa con grupos criminales”, refiere el informe anual de Human Rights Watch.
Concentrado en ocho páginas, el reporte reprueba al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto en términos de garantizar el respeto a los derechos humanos de los mexicanos.
“El gobierno ha logrado avances limitados en el juzgamiento de los asesinatos, las desapariciones forzadas y los hechos de tortura generalizada perpetrados por soldados y policías en el marco de acciones contra la delincuencia organizada”, dice.
Asimismo HRW agrega que las restricciones a la libertad de prensa, los abusos contra los migrantes y los límites de acceso a derechos reproductivos y a la atención médica son otros de los problemas persistentes en México, enmarcados en las garantías a los derechos humanos.
La organización internacional defensora y vigilante de la preservación y respeto a las garantías individuales en el mundo, en la descalificación que hace del gobierno de Peña Nieto en su balance anual, encomia también al gobierno de Estados Unidos a presionar a su contraparte mexicana para que haga más por la defensa de los derechos humanos y para abatir la impunidad.
Sobre el caso de los normalistas desaparecidos en Iguala, HRW subraya la incapacidad del gobierno de Peña Nieto, y en especial de la Procuraduría General de la Republica (PGR), para esclarecer este crimen e investigar y procesar a quienes resulten culpables de ello.
“A la fecha de la redacción de este documento, se desconocía el paradero de 42 estudiantes. La PGR señaló que, según la confesión de tres presuntos responsables, los estudiantes habrían sido entregados a miembros de una organización criminal, quienes los asesinaron, quemaron sus cuerpos y los arrojaron a un basurero municipal”, resalta el informe de HRW.
Respecto de la participación de los militares en los abusos y violaciones a los derechos humanos en México, la organización internacional acusa que en este asunto el gobierno de Peña Nieto no ha hecho nada para aplicar la justicia civil a quienes han cometido delitos, dejando siempre que sean los tribunales marciales quienes procesen los casos, con menos transparencia.
“Desde 2006, la CNDH recibió aproximadamente 9 mil denuncias de abusos cometidos por miembros del Ejército y emitió informes sobre más de 100 casos en los cuales determinó que personal de esta fuerza había cometido graves violaciones a los derechos humanos”, así se destaca en el informe el asunto de los fuerzas militares y los derechos humanos en México.
Para ampliar más este inciso, HRW resalta el caso de la masacre de los 22 civiles en Tlatlaya, ocurrida en junio de 2014, y de lo cual la Secretaria de la Defensa Nacional no ha transparentado casi nada.
“El sistema de justicia militar detuvo a 24 soldados y un teniente que presuntamente participaron en los incidentes y acuso a ocho de ellos de faltas a la disciplina militar”, dice y añade:
“Posteriormente, siete soldados y el teniente fueron consignados por la PGR por el ‘ejercicio indebido del servicio público’. Tres de los soldados también fueron consignados por ‘abuso de autoridad, homicidio calificado en agravio de ocho personas, y alteración ilícita del lugar y vestigios del hecho delictivo’. El teniendo enfrenta, además, cargos por encubrimiento”.
Sobre otras violaciones a los derechos humanos y que se mantienen como la norma en el sexenio de Peña Nieto, HRW enlista a la “tortura para obtener información y confesiones”, la falta de justicia por parte de las autoridades a las víctimas de crímenes violentos, las ejecuciones extrajudiciales, el secuestros, la discriminación contra las personas discapacitadas, indígenas; y la explotación laboral y sexual de mujeres y menores de edad.
“La aplicación ineficaz de la ley ha contribuido al surgimiento de grupos armados de autodefensa ciudadana en numerosas regiones del país”, consigna.
Bajo un acuerdo suscrito por los grupos de autodefensas y el gobierno de Peña Nieto, en Michoacán, por ejemplo, los grupos paramilitares registraron sus armas y se comprometieron a sumarse a las fuerzas locales de seguridad.
Pero, “al momento de la redacción de este documento –dice– no se había efectuado ninguna evaluación independiente sobre la implementación del acuerdo, ni sobre si cumplía con los procedimientos de selección que prevé el derecho mexicano para las fuerzas de seguridad”, se queja el organismo internacional.
Para presionar al gobierno de Peña Nieto a que cumpla un mejor papel en el otorgamiento universal del respeto a los derechos humanos para con los mexicanos, HRW menciona que el gobierno de Estados Unidos podría ser crucial para el cumplimiento de este objetivo, pero lo acusa de cerrar los ojos ante una realidad.
HRW explica que, bajo la Iniciativa Mérida, el Departamento de Estado podría suspender la entrega del 15% de los fondos que destina al gobierno de México para la lucha bilateral contra el narcotráfico y el crimen organizado. Pero no lo hace, ya que aunque la ley estadunidense le exige al Departamento de Estado que cada ano informe al Congreso federal de Estados Unidos sobre la situación de los derechos humanos en México, las autoridades estadunidenses sostienen que el gobierno mexicano cumple con los requisitos que evitan el condicionamiento del desembolso de la ayuda.
“El Departamento de Estado de manera reiterada ha informado al Congreso estadunidense que se estarían cumpliendo los requisitos, a pesar de las abrumadoras evidencias que indican lo contrario, y citan a menudo adelantos incompletos y poco precisos con respecto a tal cumplimiento, en función de lo cual el Congreso ha dispuesto la entrega de los fondos”, concluye HRW.
Proceso/ J. Jesús Esquivel
