Se espera que esta semana se den a conocer los pormenores de la nueva estrategia del gobierno federal para combatir al secuestro; habrá que ver si el gobierno federal mantiene su idea de incorporar al Ejército y la Armada de México en esta lucha.
Hace unos meses, el general Salvador Cienfuegos Zepeda y el almirante Vidal Francisco Soberón Sanz recibieron la indicación del presidente Enrique Peña Nieto de sumarse activamente a la estrategia en contra del secuestro, en razón de que éste ilícito no sólo no ha disminuido en el primer año del actual gobierno, sino que incluso se han incrementado con relación al sexenio anterior.
La orden presidencial incluía la creación de células especializadas de la Policía Federal y de la Procuraduría General de la República (PGR), las cuales trabajarían con los militares y marinos.
Oficialmente trabajarían coordinados, en los hechos, militares y marinos se harían cargo de recabar información, generar inteligencia y delinear la estrategia. La coordinación de las fuerzas armadas sería con agentes federales designados directamente por el procurador Jesús Murillo Karam y por el comisionado nacional de Seguridad, Manuel Mondragón y Kalb. Todos, ellos en coordinación con la Secretaría de Gobernación.
Los niveles de inseguridad y de casos de secuestro exigen una solución definitiva; la participación de militares y marinos en la persecución de éste delito constituye, sin duda, una decisión arriesgada.
Peña Nieto aún tiene algunos días para dar marcha atrás en su proyecto o para sumar a las fuerzas armadas en una nueva encomienda, la cual por cierto, constitucionalmente, no les corresponde.
Fuente: La Jornada
