El gobierno español, presidido por el socialista Pedro Sánchez, finalmente se decidió a actuar y aprobar hasta ocho medidas urgentes para reducir el alto costo de la electricidad, que en el último año se ha incrementado en hasta 40 por ciento y en los últimos tres, cuando asumió el poder el actual Ejecutivo, más de 300 por ciento.
Entre las medidas más importantes están la reducción de la carga impositiva que se incluye en la factura de la luz y que actualmente representa algo menos de la mitad del total, además de la aprobación de un suministro mínimo vital para las personas más desfavorecidas y la confiscación de una parte de los beneficios de las principales empresas del sector energético para paliar los gastos derivados de estas medidas. Los principales indicadores bursátiles de las empresas del sector, entre ellas Iberdrola, Naturgy, Endesa y Acciona, se desplomaron en la bolsa como consecuencia de este anuncio.
Cuando el precio de la electricidad alcanzara una nueva cota histórica esta semana, con una tarifa de hasta 172 euros por megavatio-hora y ante la presión social por el encarecimiento de la vida, el Ejecutivo español, integrado por la coalición del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Unidas Podemos (UP), finalmente aprobaron las medidas que habían anunciado hace más de un mes como “inminentes”. El objetivo final es reducir el aumento del costo de la electricidad y situarlo en niveles similares al del año 2018 -que a su vez fue el año más caro de la historia hasta ahora-, es decir que cada cliente medio -no se incluyen los comercios- pagará alrededor de 600 euros (14 mil 400 pesos) anuales.
Las medidas aprobadas están divididas en cinco bloques: reforzar la protección de los consumidores vulnerables, medidas fiscales y sectoriales para abaratar la factura, limitar la subida de la tarifa regulada del gas natural, reformar el mercado eléctrico, aumentó la liquidez de los mercados a plano y medidas relacionadas con el medio ambiente. De estas medidas la más difícil de llevar a cabo es la limitación de la tarifa del gas natural, al estar subordinada al mercado internacional.
La que tendrá un efecto más inmediato en la tarifa de los consumidores será la suspensión temporal del impuesto de venta de la producción energética, que es de 7 por ciento de la factura, así como la reducción del impuesto especial sobre electricidad, que pasará de 5.11 por ciento a 0.5 por ciento. Este último impuesto se destina directamente a las arcas públicas de las Comunidades Autónomas, que ahora dejarán de percibir sin que se haya contemplado una vía de financiación alternativa.
El gobierno también prevé reformar el mercado eléctrico para llevar a cabo subastas de contratos de compra de energía a largo plazo, que serán de obligado cumplimiento para los cuatro principales operadores, Iberdrola, Endesa, EDP y Naturgy.
Desde las empresas se reaccionó con malestar a las medidas del gobierno, en parte por la caída de sus valores en el mercado bursátil, por lo que se prevé que se presenten sendas querellas para dirimir las diferencias en los tribunales. Además se están planteando paralizar la energía nuclear si no se cambian algunas de las medidas adoptadas. La paralización de la industria de energía nuclear provocaría una nueva hecatombe en los precios de la electricidad.
En un comunicado conjunto lo explicaron los cuatro operadores: “Para Foro Nuclear este proyecto de Ley no debe aplicarse sobre la energía nuclear. Por otra parte, el Real Decreto-ley aprobado en el Consejo de Ministros de hoy, aun siendo de aplicación temporal, ahonda aún más en la penalización a la generación eléctrica de origen nuclear”, por lo que -advierten- que habrá un “cese de actividad del parque nuclear si el proyecto de Ley del CO2 sale adelante en los términos planteados”.
Fuente: La Jornada
