Por José Gil Olmos
La pareja Rafael Moreno Valle y Marta Erika Alonso daban por hecho que continuaría su proyecto transexenal en Puebla con miras al 2024 cuando haya nuevas elecciones por la presidencia. Pero una vez que Andrés Manuel López Obrador tomó posesión como presidente, las noticias para el matrimonio poblano ensombrecieron sus ambiciones.
El fraude salió a relucir y la decisión que tome el pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de que se repitan las elecciones marcaría el inicio del nuevo gobierno federal de no permitir más fraudes electorales.
El exgobernador Moreno Valle y actual coordinador del PAN en el Senado tiene ambiciones desmedidas. Con un perfil autoritario similar al del expresidente Gustavo Díaz Ordaz, según un estudio de la Universidad Iberoamericana, movió los hilos del poder y manipuló el proceso electoral del 1 de julio para hacer ganar a su esposa.
Su idea era controlar al PAN y tenerlo como plataforma política y económica desde el estado de Puebla para las elecciones presidenciales de 2024.
Pero ninguna de las dos cosas logró. A pesar de haber intervenido de manera clara y descarada en las elecciones para gobernador en Puebla y de tratar de incidir en la vida interna del PAN, el plan de Moreno Valle se ha tambaleado con el proyecto de resolución que propondrá al pleno del TEPJF el magistrado José Luis Vargas Valdés, en el sentido de que se repitan las elecciones en un par de meses.
La violación a los paquetes electorales, abiertos previamente al conteo por parte de los consejeros electorales, y la falta de seguridad en las bodegas donde se resguardó el material electoral, dio pauta a que el magistrado José Luis Vargas Valdés considerara que se vulneró el principio de certeza.
Pero antes de esto hubo varios estudios como el del doctor Miguel Santiago Reyes Hernández, académico de la Universidad Iberoamericana, quien tras analizar los resultados de una muestra de 12.1% de las actas encontró “fraude en el conteo oficial”, errores en las actas y en la suma total de votos, así como fallas en el conteo distrital del Instituto Electoral Estatal (IEE).
El investigador aseguró desde hace más de un mes que se encontraron evidencias de manipulación de resultados en la elección en Puebla y declaró que es una irresponsabilidad del IEE pasar por alto nueve errores de cada 10 casos tomados en la muestra estudiada dentro de su investigación “Inconsistencias graves en la Elección de Gobernador en Puebla”.
A pesar de todas las pruebas el órgano electoral estatal le dio el triunfo a Martha Erika Alonso, esposa del exgobernador Rafael Moreno Valle, quien festejó el triunfo sin esperar la resolución final a cargo del TEPJF.
El magistrado Vargas emitió su proyecto de sentencia con los siguientes puntos para declarar la anulación del proceso electoral poblano:
“I) no se notificó a los representantes de los partidos políticos el desarrollo de las 50 diligencias de apertura de bodega; II) personal de la autoridad local abrió paquetes electorales; III) la bodega central no atendía las disposiciones en materia de seguridad, pues ésta contaba con más de un acceso principal; IV) la bitácora y las actas circunstanciadas levantadas por la Oficialía Electoral para dar fe de las diligencias de apertura y cierre contienen inconsistencias que impiden considerar que fueron medios efectivos para el registro y documentación de los accesos al área de resguardo, y V) no existe registro de las cámaras de video de seguridad que permita corroborar el debido resguardo de los paquetes”.
La elección en Puebla fue a todas luces un fraude y ante la negligencia de las autoridades electorales estatales, el magistrado Vargas pide en su proyecto de resolución que se les destituya y se abra una investigación judicial para determinar si hubo delitos graves.
Por cierto…. En su primer discurso como presidente, Andrés Manuel sostuvo que ya no se permitirás más fraudes electorales. “Ya no más fraudes electorales, acabar con esa vergonzosa tradición del fraude en elecciones”, dijo el sábado en la Cámara de Diputados. Puebla podría ser el primer caso en la era de López Obrador de que ya no se permitirán negociaciones oscuras para avalar los fraudes electorales.
Fuente: Apro
