Desde Bruselas, Antoine Simon, integrante de la organización Friends of the Earth, advierte al gobierno mexicano sobre los daños que provoca la técnica de fracturación hidráulica de las rocas para extraer gas esquisto, al tiempo que denuncia la estrategia de cabildeo global de los conglomerados del ramo para doblar a los gobiernos y apoderarse de ese recurso. En entrevista con Proceso, el activista belga menciona dos estudios publicados recientemente por su agrupación, en los cuales se documenta la voracidad de las gaseras trasnacionales.
Por Marco Appel/ Proceso
Las trasnacionales petroleras despliegan una estrategia global cuyo propósito es ablandar las legislaciones de protección al medio ambiente para que los gobiernos les permitan extraer el gas de esquisto o gas shale mediante fracking (fracturación hidráulica de las rocas), una técnica que demanda grandes cantidades de agua y genera desechos tóxicos, los cuales contaminan los mantos freáticos.
Esos conglomerados ya actúan en Estados Unidos, la Unión Europea (UE) y Argentina, y es probable su incursión en México a partir de la aprobación de la reforma energética, comenta a Proceso Antoine Simon, experto en industrias extractivas de la oficina de la organización Friends of the Earth (FoE-Europe) en esta capital.
“Es esencial que México se dote de una legislación que controle a esas petroleras desde el comienzo de sus actividades, y que cuente con recursos legales para poder perseguir ante los tribunales los daños medioambientales que produzca el fracking y forzar a las empresas a pagar indemnizaciones”, recomienda.
La organización de Simon coordinó dos investigaciones en las cuales exhibe las redes y los controvertidos métodos de cabildeo que las trasnacionales del gas de esquisto emplean para influir a favor de sus intereses tanto en las instituciones de la UE ubicadas en Bruselas como en el gobierno argentino. Los documentos, a los que tuvo acceso este semanario, fueron publicados en julio y mayo pasados, respectivamente.
“Para nuestra organización –puntualiza el activista–, la única medida aceptable es la prohibición del fracking, puesto que no hay salvaguardas legislativas que eviten los daños ambientales que causa.”
Simon propone aplicar medidas “intermedias” para mitigar tales impactos “inevitables”, entre éstos prohibir la “reinyección de las aguas de desechos químicos en los circuitos acuíferos que utilizan las poblaciones locales”, así como imponer la obligación de efectuar evaluaciones de impacto ambiental previos a cada proyecto para conocer los valores de calidad del aire y del agua antes de iniciar los trabajos de exploración.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 1971, ya en circulación)
