Unos siete millones de personas sufren pobreza alimentaria en el país. Una investigación halló pagos falsos a empresas y universidades
Por Zorayda Gallegos
El principal programa social del Gobierno de Enrique Peña Nieto que está dirigido a los más pobres de México no ha demostrado que cumpla con su objetivo de abatir el hambre. La Auditoría Superior de la Federación, el órgano fiscalizador de los recursos públicos, revisó el cumplimiento de los objetivos y las metas de la estrategia denominada y encontró que las deficiencias en su implementación no garantizan que se haya disminuido el número de personas en esa condición.
En México el 46,2% de su población (55,3 millones) vive en la pobreza, y de este porcentaje el 20,6% se encuentra en pobreza extrema. Del total, unos siete millones de personas enfrentan un panorama más fatalista: están en condición de pobreza extrema alimentaria. Es decir, cuentan con un ingreso que no les permite obtener una canasta básica al mes y enfrentan tres o más carencias sociales, entre las que se incluye el acceso a la alimentación. Estos siete millones son la población objetivo del programa federal.
En el Plan Nacional de Desarrollo (2013-2018) el Gobierno federal reconoció que el hambre es “la expresión más lacerante de la pobreza y es ocasionada por la falta de acceso a la alimentación, debido a la falta de ingresos económicos”. Para atender dicha problemática, en 2013 se instrumentó una Cruzada en todo el país que buscaba “garantizar el derecho a toda persona a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad”. La estrategia consiste en unir esfuerzos y recursos de los ámbitos público, privado y social para erradicar esta problemática. En una primera etapa operó en 405 municipios del territorio mexicano, y en la segunda en 1.012.
Para medir los resultados de la estrategia, la Auditoría Superior fiscalizó la implementación y funcionamiento del programa, la focalización de la población objetivo, así como los resultados de la estrategia en la atención de las personas en situación de pobreza extrema alimentaria. Los resultados no fueron muy alentadores. Se encontró que al no focalizar correctamente a las personas objetivo, hubo una incorrecta coordinación de acciones.
La Comisión de la Cruzada Nacional informó que implementó 64 programas presupuestarios, pero se identificó que solamente 55 implementaron acciones, sin explicar por qué los otros nueve no llevaron a cabo ninguna obra. Tampoco se puede asegurar que las 79 acciones implementadas por los programas estuvieran dirigidas a la población objetivo, ya que sólo se cuantificó el total de la población atendida, sin precisar su condición de pobreza extrema alimentaria.
“Las deficiencias en la implementación, focalización y coordinación de acciones en el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre no permitieron verificar en qué proporción se garantizó el acceso a la alimentación y a los demás derechos sociales de los siete millones de personas en pobreza extrema alimentaria, lo cual no garantizó que se contribuyó en la erradicación de la prevalencia del número de personas en esa condición”, dice el dictamen.
En México hay 55 millones de pobres (46,2% de la población) y de este porcentaje siete millones son personas en en condición de pobreza extrema alimentaria
El órgano fiscalizador también concluyó que de los siete indicadores que definió la dependencia en 2014 para evaluar el mejoramiento del ingreso y la atención de las carencias sociales de la población en pobreza extrema alimentaria, no definió metas, ni acreditó sus resultados. Ante esto la Auditoría recomendó que se perfeccione el diseño de la Cruzada contra el Hambre, se focalice con precisión a su población objetivo, y se coordinen las acciones de los programas implementados para abatir la condición de pobreza extrema alimentaria.
No es la primera vez que el programa de la Secretaría de Desarrollo Social presenta deficiencias. En una revisión anterior hecha por la Auditoría Superior, se encontró que se realizaron pagos indebidos a dos universiddes y varias empresas. Un ejemplo de las anomalías es el pago que realizó la dependencia a la Universidad Autónoma del Estado de México por casi 159 millones de pesos. El servicio era para sensibilizar a 500.000 madres en la alimentación sana y para llevar a cabo un evento social. Sin embargo erogó el dinero sin establecer condiciones y sin darle seguimiento a la realización de las acciones convenidas.
En general, la auditoría advirtió que las acciones no ayudaron a alcanzar los objetivos de garantizar a las personas una vida digna, con alimentación suficiente y de calidad ni a estar protegidas contra el hambre. Tampoco se adoptaron las mejores prácticas ni las medidas necesarias que aseguraran la posibilidad de impactar de manera positiva en los 400 municipios con pobreza extrema que fueron seleccionados para el programa federal.
Fuente: El País
