Por Luis de la Barreda Solórzano
La Suprema Corte de Justicia puso punto final a uno de los episodios más vergonzosos de la justicia penal mexicana. Florence Cassez ha recuperado su libertad, de la que estuvo privada más de siete años —exactamente durante dos mil seiscientos diez días—, acusada y condenada, sin una sola prueba que justificara la acusación y la condena, por el delito de secuestro. No es certero el aserto según el cual quedó libre sin ser inocente: se ordenó su inmediata libertad porque no hay pruebas (auténticas pruebas, pruebas dignas de ese nombre) en su contra, pues las que sirvieron de sustento para condenarla fueron invalidadas por nuestro máximo Tribunal.
Las declaraciones de las víctimas no son en este caso dignas de crédito por una razón monumental: mintieron. Dos de ellas, en un primer momento, al ver y escuchar hablar a Florence, no la reconocieron como parte de la banda de secuestradores y aseguraron que éstos, todos, eran exclusivamente hombres, incluido el que pinchó con una jeringa a uno de los plagiados para extraerle sangre. Fue dos meses después que, contradiciendo su primera versión, dijeron que identificaban a Florence y produjeron una milagrosa metamorfosis narrativa pues el sacador de sangre, varón, cambió de sexo y se transformó en la enjuiciada. La otra mostró como marca de una inyección que supuestamente le aplicó la inculpada lo que en realidad es una mancha de nacimiento, y envió una carta al Presidente de la República en la que dice que nunca olvidará la cara de Florence al momento de inyectarlo, pero en su testimonio había dicho que la había reconocido entonces únicamente por el acento y un mechón que escapaba de su pasamontañas. Es indudable que, como lo señala la Suprema Corte, la puesta en escena televisada en la cual se hace aparecer a Florence como capturada en el lugar donde estaban los secuestrados al tiempo que éstos eran rescatados —en realidad se le detuvo el día anterior en un lugar distante— tuvo una influencia decisiva en las imputaciones, como también la tuvo —añado— la larga visita que dos de ellos hicieron a la Subprocuraduría de Delincuencia Organizada, en la que seguramente se les dijo lo que debían declarar en comparecencias posteriores.
El caso Florence Cassez, similar al caso Dreyfus —oficial degradado y deportado en 1894, a pesar de la falta de pruebas, bajo el cargo de facilitar información secreta al agregado militar alemán en París—, es sólo un ejemplo más de las miserias de la procuración de justicia en México, cuya ineficacia mayúscula va acompañada de la perversa propensión a las falsas acusaciones, como ha quedado evidenciado en tantos casos, recientemente en el del general Ángeles y coinculpados. Es deplorable la postura del CEN del PAN al lamentar el fallo de la Suprema Corte en lugar de fustigar la burda trama. Hace recordar la actitud del PRD en otro caso célebre de fabricación de culpables: el de Paola Durante y coacusados. ¿Acaso los abusos dejan de ser condenables si los perpetradores son correligionarios? Igualmente triste es la actuación de los jueces y magistrados que habían condenado a Florence.
Es cínica la afirmación de que el fallo de la Corte agravia a las víctimas; por el contrario, libera a una víctima de un abuso de poder que le hizo sufrir, en la plenitud de la vida, una eternidad de más de dos mil seiscientos días en prisión, y puede propiciar la urgentísima reforma de los órganos de la acusación en el país.
Fuente: La Razón
