Por Luis Javier Valero Flores
Expresada en todos los tonos, la molestia acerca del estado que guarda la fiscalización de los recursos públicos en el Estado de Chihuahua, puede alcanzar mayores niveles, además del crecimiento de la certidumbre de que en esta materia la alternancia partidaria en el Estado Grande sólo consolidó la opacidad y la dificultad para que la sociedad accediera a un mayor conocimiento del modo en que la clase política local maneja los presupuestos públicos, al momento que se asimilen tres informaciones aparecidas en los últimos días acerca de tema tan sensible para la medición del desarrollo democrático de una sociedad.
Si en estos rubros nos alejamos de los estándares, ya no internacionales, sino de los nacionales, quedará hecha añicos la postura de una buena parte de nuestros políticos de que “Chihuahua es el experimento democrático del país”, queriendo decir con esto que lo que luego sucede en el ámbito nacional, primero ocurrió en nuestra entidad.
Los hechos contradicen tajantemente tales pronunciamientos y abren, como dicen nuestros gobernantes, “un nicho de oportunidades” para quienes formen parte del Poder Legislativo a partir de octubre próximo.
En primer lugar, Chihuahua se ubicó en los últimos lugares de casi todas las variables analizadas en un estudio efectuado por Instituto Mexicano para la Competitividad (IMC). “En el estudio del IMC, realizado en conjunto con el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad de Guadalajara, el Estado de Chihuahua quedó por debajo de la media nacional y en los últimos lugares del país en aspectos como marco legislativo o acceso a los resultados de las auditorías practicadas a los órganos de gobierno, así como en transparencia y en disponibilidad de información vía internet”. (Nota de Alejandro Salmón Aguilera, El Diario, 4/V/13).
Por otra parte, la falta de cumplimiento en la entrega, en tiempo y forma, de los informes anuales de, entre otros, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Instituto Chihuahuense de Salud, el Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física, la Coordinación Estatal de la Tarahumara y el Instituto Chihuahuense de Educación para los Adultos, que debieron haber cubierto a más tardar a finales de abril, los llevó a caer en el incumplimiento de “la ley de Transparencia, y también en cuanto a eficiencia administrativa”. (Nota de Jesús Manuel Ruiz, El Heraldo de Chihuahua, 10/V/13).
Más aún, al día siguiente el mismo reportero informó que el 35 por ciento de los municipios del Estado de Chihuahua “reprobó ante la Auditoría Superior del Estado la rendición de cuentas, ya que desde febrero de 2013 debieron presentar el estado que guarda la administración de los recursos públicos del ciclo anual 2012, donde 24 de los 67 ayuntamientos no aprobaron el 90 por ciento que tienen como margen de cumplimiento de los 32 documentos que deben de entregar para iniciar la auditoría”. (Nota de Jesús Manuel Ruiz, El Heraldo de Chihuahua, 11/V/13).
Así, se reunieron dos fenómenos de los peores que podríamos esperar en esta materia: Por un lado, el proceso y aparato de fiscalización son de los peores calificados en el país y, por el otro, las dependencias a calificar por la Auditoría Superior del Estado incumplen con el marco legal establecido en Chihuahua.
El resultado no puede ser otro que la prevalencia de la opacidad en el ejercicio presupuestal y la impunidad pues si no tenemos el mejor de los marcos para vigilar el buen ejercicio presupuestal, entonces no hay posibilidad alguna de que se puedan prevenir, ni castigar, las conductas anómalas en estos rubros.
Y es que el estudio del IMC nos deja verdaderamente mal parados.
Chihuahua es uno de los estados que no le ha dado autonomía a su organismo de fiscalización; junto a otros 6 estados, el Congreso no tiene facultades para solicitar auditorías especiales –lo que califica como alarmante–; en el “Alcance de las auditorías”, Chihuahua aparece con un promedio de 5; en la calificación de la calidad del ordenamiento jurídico de la fiscalización, ocupamos el lugar número 29; en el de la calificación de los portales electrónicos, el 24. (Ibídem, Alejandro Salmón)
Nos ubicamos en la mitad de las entidades federativas que no cuentan con un servicio fiscalizador de carrera. En materia del núcleo normativo estratégico sobre transparencia de la fiscalización, Chihuahua es una de las que sí aprobaron, así como en el de la publicación de los informes, como información de oficio. En cuanto a los deberes “del Poder Legislativo (calificación del núcleo normativo por entidad. Chihuahua obtuvo un 4”.
En lo que se refiere a los procedimientos de responsabilidades contra los servidores públicos, sin autorización o proceso previo con el poder legislativo u otro órgano, la obligación de emitir recomendaciones a los sujetos auditados (además de las observaciones por incumplimientos) y de emitir un informe de seguimiento a las recomendaciones y procedimientos surgidos con la revisión de la cuenta pública, Chihuahua tiene un 5, al igual que BCS, Durango, Puebla, Querétaro y Veracruz.
Sólo una entidad de fiscalización publica en su sitio electrónico tanto las recomendaciones emitidas como un informe de seguimiento. Sólo siete entidades federativas publican en sus portales los procedimientos (administrativos y/o penales) y de las sanciones impuestas a funcionarios públicos.
No sólo Chihuahua se encuentra en tan lamentable estado del proceso de fiscalización, de ahí que la OMC haya emitido una serie de recomendaciones a los legisladores, sobre todo del ámbito estatal, para que se realice una reflexión y análisis profundo “sobre su función en la vigilancia de los recursos públicos y para que reformen las leyes de fiscalización superior. Estas reformas deben buscar soportar jurídicamente y con una técnica legislativa adecuada, las labores del órgano fiscalizador y al mismo tiempo, que haya una rendición de cuentas hacendaria efectiva hacia la sociedad”, especialmente en lo que se refiere al otorgamiento de autonomía a la Auditoría Superior del Estado, para que se tome “como brújula la información que genera el órgano fiscalizador y no por la subordinación institucional de éste hacia el poder Legislativo”, así como el establecer “claramente responsabilidades del Congreso en el proceso de fiscalización”.
Así como “Dar herramientas a las EFSL para que existan consecuencias de los resultados de la fiscalización”. (Informe del Instituto Mexicano para la Competitividad).
Esas recomendaciones quedaron como anillo al dedo, dadas las graves anomalías presentadas por distintas dependencias, según el reporte de la ASE, en el que destaca la Coordinadora Estatal de la Tarahumara, que “no entregó ni uno solo de los 32 documentos de comprobación fiscal, por lo que reprobó con un cero por ciento de cumplimiento, así también el Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física, que sólo acreditó el 47.17 por ciento de los requisitos” y otros.
En los años en los que la alternancia partidaria en Chihuahua era moneda corriente, uno de los temas que anualmente más se discutían era el de la fiscalización de los ayuntamientos, que servía para que las dos fuerzas políticas más importantes –que gobernaban alternadamente a los municipios más poblados– negociaran, desde la óptica más deleznable, la aprobación de las cuentas públicas.
Luego, fincada la hegemonía priista, tanto en el ámbito municipal, como en el Poder Legislativo, la minoría panista siempre le entregó en charola de plata al PRI el nombramiento del titular del órgano de fiscalización y se allanó a la pretensión del tricolor para no otorgarle la autonomía al ente fiscalizador.
Ahí están los resultados.
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