Después de analizar abundante documentación y sospechar que el rey emérito español, Juan Carlos de Borbón, mantuvo en secreto varias cuentas bancarias para ocultar su fortuna, la fiscalía española solicitó al juez de instrucción el archivo de la investigación.
Ello al concluir que no hay una forma clara de vincular su nombre con esos fondos depositados en paraísos fiscales. Así se recoge en un borrador de conclusiones realizado por la fiscalía y que se filtró en varios medios de comunicación, entre ellos El Confidencial y la Cadena Cope.
En una línea parecida a la adoptada por la justicia suiza, que está a un paso de archivar la causa contra el rey emérito español, la Fiscalía Anticorrupción española explica en el citado borrador, que supuestamente es el mismo que entregó al magistrado para su valoración, que no hay manera clara de vincular el nombre del ex monarca con esas cuentas bancarias desde la que habría manejado su fortuna en los últimos 17 años.
Eso sí, en el documento se describe el origen de esas cuentas y relata la existencia de un supuesto contrato con el que se transfiere el título de una propiedad a un tercero.
Éste fue constituido en la isla de Jersey en 2004 por Joaquín Romero Maura, historiador y consejero del rey Juan Carlos. Pero que a su vez ese fondo financiero tiene su origen unos años atrás, en 1995, cuando fue creado por otro personaje muy próximo al ex monarca, Manuel de Prado y Colón de Carvajal, fallecido en 2009.
La fiscalía sostiene que el dinero que había en dichas cuentas procedía de donaciones que se habrían hecho en las décadas de los 50 y 60 del siglo pasado para el mantenimiento del entonces príncipe español. Así lo explica en el borrador el fiscal, para explicar por qué afloró de nuevo ese fondo en el 2004: “la situación política en España era estable, el heredero, hoy rey Felipe VI, acababa de contraer matrimonio, la monarquía gozaba de prestigio y el conocimiento público de la existencia de los trust (asociación financiera que trata de monopolizar determinada industria), con la presencia en ellos de Manuel Prado, ya entonces condenado por la Audiencia Nacional, hubiera exigido embarazosas explicaciones”. Así que el rey Juan Carlos “decidió liquidar los trust y traspasar sus fondos a Joaquín Romero Maura”.
El informe de los fiscales también explica que esos fondos han tenido “baja actividad”, al menos desde la abdicación de Juan Carlos I en 2014, cuando “quedó sin efecto la inviolabilidad e irresponsabilidad que para el rey de España establece el artículo 56.3 de la Constitución”, las disposiciones de dichos fondos “lo han sido en unas cuantías que en ningún caso alcanzarían la cuota correspondiente a un delito contra Hacienda, aun cuando tales fondos hubieran sido eventualmente entregados a un contribuyente español, algo de lo que no existe constancia alguna”.
Por eso propone el archivo de la investigación, pero la decisión la tendrá que adoptar ahora el magistrado.
Fuente: La Jornada
