La ASF recurrió a una demanda de amparo después de que la PGR se declarara incompetente para indagar actos de corrupción de Javier Duarte, y remitiera los casos a la Fiscalía de Veracruz.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) recurrió a una demanda de amparo, ante la decisión de la Procuraduría General de la República (PGR) de declararse incompetente para indagar actos de corrupción de Javier Duarte en el gobierno de Veracruz, y remitir las averiguaciones a la Fiscalía veracruzana, solo para ser archivadas, reportó Reforma.
De acuerdo con el diario, la PGR había comenzado 13 averiguaciones tras denuncias presentadas por la ASF, pero después decidió declararse incompetente para llevarlas, por lo que las remitió a la Fiscalía de Veracruz, durante el sexenio de Duarte.
Ya a cargo de la Fiscalía de Veracruz, apuntó Reforma, las averiguaciones fueron archivadas el mismo día en que llegaron a esa institución, comandada en aquel entonces por Luis Ángel Bravo, sin que tuvieran repercusiones legales.
En julio de 2015, la ASF se percató que la PGR ya no estaba a cargo de algunas indagatorias que se habían iniciado por sus denuncias.
Parte de su reclamo es que la Procuraduría no les notificó sobre estas decisiones, de declararse incompetente y transferir los casos a la Fiscalía de Veracruz.
El argumento de la PGR, detalló Reforma, fue que los delitos denunciados eran del fuero común, criterio que no comparte la Auditoría, al considerar que son del orden federal.
De ahí que reclame la invalidez de los acuerdos de incompetencia.
Este martes, Duarte aceptó en Guatemala ser extraditado a México para enfrentar los delitos federales que le imputan –operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada-, por lo que en unos días sería enviado de vuelta al país y entregado a las autoridades mexicanas.
En un comunicado, firmado por el bufete de abogados Velasquez & Asociados, la defensa del exgobernador de Veracruz insistió en que los cargos federales que le imputan “no resisten” un análisis jurídico serio.
“No se acredita -ni acaso se intenta probar-, la existencia de una organización supuestamente delincuencial. Mucho menos que ésta actúe de manera permanente o reiterada, requisito sine qua non del delito ilegalmente atribuido al ex Gobernador Duarte de Ochoa”, indicaron.
(Animal Político con infomación de Reforma)
