Un fiscal federal argentino cerró ayer la investigación por el intento de asesinato que sufrió la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner el pasado 1º de septiembre, decisión que fue rechazada por la también ex mandataria, al calificarla de “un nuevo acto de consagración de la impunidad”.
La causa, a cargo de la juez María Eugenia Capuchetti, quedó catalogada por el fiscal Carlos Rívolo de “homicidio doblemente calificado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas, agravado por el empleo de un arma de fuego, en grado de tentativa”.
Los acusados, que cumplen prisión preventiva, son Fernando Sabag Montiel, de 35 años, quien gatilló un arma a centímetros de la cara de Kirchner sin que saliera un disparo, y su novia Brenda Uliarte (23 años), acusados como “coautores”. Mientras Nicolás Carrizo, de 27 años, está imputado como “partícipe necesario”, y es quien empleaba a la pareja en su emprendimiento de venta callejera de algodones de azúcar.
En un escrito difundido ayer, el fiscal consideró que la conducta de los tres acusados fue “premeditada” con un plan” para asesinar a la vicepresidenta.
En una carta en sus redes sociales, Fernández de Kirchner señaló que para ella “no hay ni habrá justicia, ni como acusada ni como víctima”, y denunció que nunca hubo verdaderas intenciones de investigar lo ocurrido, ni identificar a los autores intelectuales ni a quienes financiaron el atentado.
“Desde el primer día hasta hoy, las autoridades judiciales han puesto una traba tras otra para impedir que salga a la luz la verdad de lo ocurrido el 1º de septiembre de 2022”, señaló en su misiva titulada “A 40 años de democracia. El Partido Judicial y la consagración de la impunidad”.
“Me quieren presa o muerta”, reiteró y afirmó: “Lo dije una y mil veces: ni Capuchetti ni Rívolo quisieron investigar el intento de asesinato y ahora pretenden cerrar la investigación con una celeridad que nunca mostraron en ninguna causa.
“Toda la investigación se caracterizó por evitar conocer la verdad. Está plagada de testigos que borraron sus teléfonos, prueba que se destruyó sin investigar sus causas y motivaciones, y un intento evidente y desesperado por evitar hallar la posible participación de terceros, financistas e instigadores”, aseguró.
“El fiscal omite por completo valorar todo lo relacionado con las líneas de investigación que apuntan a personas que van más allá de Uliarte, Sabag Montiel y Carrizo. No hay práctica más clara para buscar la impunidad de causas complejas que partirlas en pedacitos”, escribió la vicepresidenta, quien desistió de postularse para las elecciones generales de octubre tras recibir una condena a ocho años de prisión e inhabilitación de por vida en un juicio sin pruebas de su culpabilidad.
Fuente: Página/ 12 y Afp
