Las grandes trasnacionales de energía y empresarios mexicanos identificados como opositores al actual gobierno financian o apoyan de distintas maneras a un grupo de actores aparentemente independientes que operan desde distintos espacios para bloquear la reforma eléctrica o limitar su alcance y así no perder privilegios, afirmó Guadalupe Correa-Cabrera, profesora asociada de política y gobierno en George Mason University.
En un texto llamado Cabilderos contra la reforma al sector eléctrico en México, Estado y soberanía, publicado en la revista El Cotidiano de la Universidad Autónoma Metropolitana, la investigadora teje las relaciones de analistas “independientes”, consultorías y hasta medios de comunicación que buscan siga la reforma de 2013, que desde el punto de vista de la autora no ha beneficiado a México ni a los mexicanos, pero sí a las empresas trasnacionales.
La analista destaca que existen grandes grupos de poder económico y político a quienes no conviene que se apruebe la reforma. Como por ejemplo, trasnacionales eléctricas, muchas de las cuales tienen como dueños principales a grandes fondos de inversión como BlackRock o Vanguard, que se han beneficiado de la reforma de 2013 con contratos.
Dichos grupos empresariales nacionales y principalmente extranjeros, afirma Correa-Cabrera, apoyan estudios en consultorías para resaltar y magnificar los aspectos negativos de la reforma y se valen del apoyo de cabilderos, quienes operan las relaciones, muchas veces de manera informal, con el Poder Legislativo.
Destacó que este grupo de actores, que operan formal o informalmente como cabilderos de trasnacionales o de poderosos empresarios mexicanos, han usado varias veces las “puertas giratorias” entre el sector público y el privado, y así han establecido sus contactos con las grandes empresas, que ahora los reclutan o los financian para defender sus intereses.
“Las empresas alimentan esta relación de varias maneras, ya sea mediante el pago de consultorías; financiamiento a determinados think tanks (consultoras); invitación a sus juntas directivas, o la contratación en sus filiales después de que algunos de estos actores han desempeñado un puesto público desde el cual beneficiaron a dichas firmas”, apuntó.
Tal es el caso de organizaciones como el IMCO o México Evalúa, quienes frecuentemente opinan en contra de la reforma eléctrica y otras, mientras elaboran estudios con un claro sesgo a favor del sector privado, abunda la investigadora.
En lo que respecta al IMCO, documenta la analista, su consejo incluye a poderosos empresarios abiertamente opositores al actual gobierno como Valentín Díez, Eugenio Clariond, Claudio X. González, Antonio del Valle, Alejandro Ramírez y Daniel Servitje; mientras que México Evalúa cuenta entre sus donantes internacionales a las principales fundaciones de George Soros, la Agencia de EU para el Desarrollo Internacional, la National Endowment for Democracy, la Embajada de Canadá, entre otros.
Uno de los casos más destacados en el fenómeno de “puertas giratorias” es el de Felipe Calderón Hinojosa, quien al dejar la presidencia de México fungió como miembro del consejo de administración de Avangrid, filial de la española Iberdrola, que recibió millonarias prebendas y pudo extender su influencia en el mercado mexicano de los energéticos, agregó la investigadora.
“Cuestiones tan delicadas como esta deben investigarse a profundidad y, en caso de detectarse corrupción, tráfico de influencias o conflicto de interés, dichos delitos deben sancionarse como es debido”, concluyó.
Fuente: La Jornada
