El expresidente Enrique Peña Nieto, cuyo sexenio estuvo marcado por innumerables escándalos de corrupción, no escapó al ojo de las autoridades de Estados Unidos: la Unidad de Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro de ese país (FinCEN) puso la lupa sobre el entonces mandatario y sus “posibles” vínculos con el venezolano Juan José Rendón Delgado, polémico asesor de campañas relacionado con “escándalos de sobornos que involucran a capos colombianos, interferencia en elecciones y delitos contra mujeres”.
El hallazgo de un posible ilícito de Peña Nieto catapultó al priista en la primera cuartilla del “Resumen Semanal de la Cleptocracia” de mayo de 2017, un documento confidencial del FinCEN que enumera las actividades financieras sospechosas supuestamente vinculadas con personajes corruptos.
La Real Academia Española (RAE) define la cleptocracia como un “sistema de gobierno en el que prima el interés por el enriquecimiento propio a costa de los bienes públicos”.
El documento confidencial del FinCEN mencionó un reporte de actividad sospechosa (SAR) que la oficina antilavado del banco Deutsche Bank en Estados Unidos le envió tras detectar que “Rendón Delgado realizó seis transferencias sospechosas, por un total de 180 mil 20 dólares entre el 21 de julio de 2016 y el 6 de marzo de 2017”.
“Se trata de una revisión en curso sobre una actividad sospechosa (de Rendón) que podría estar vinculada con el presidente de México Enrique Peña Nieto”, indicó el documento, que retomó una acusación según la cual Rendón Delgado pagó un hacker que “realizó campañas de ciberataques a favor de sus clientes […] e instaló spywares en las oficinas de la oposición para Enrique Peña Nieto durante las elecciones de México en 2012”.
La división de inteligencia de FinCEN no precisó en el documento si el reporte de la Deutsche Bank establecía un vínculo financiero claro entre Peña Nieto y Rendón. Lo cierto es que ambos personajes ya habían colaborado de manera secreta en el pasado, al menos durante la campaña presidencial de 2012 que llevó al priista a Los Pinos.
A través de sociedades offshore, Emilio Lozoya Austin –entonces coordinador internacional de la campaña de Peña Nieto- canalizó 250 mil dólares de los sobornos de la empresa Odebrecht y los envió a una sociedad de papel de Miami que pertenecía al “rey de la propaganda negra”, el apodo de Rendón, según documentó Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
En su denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), Lozoya indicó que realizó los pagos a Rendón y a otros “asesores” bajo las instrucciones de Luis Videgaray Caso -entonces coordinador de campaña de Peña Nieto-. Las operaciones descritas por Lozoya corresponden a acciones de lavado de dinero: los recursos, productos de sobornos de Odebrecht, tenían un origen ilícito.
El documento de la división de inteligencia de FinCEN que mencionó a Peña Nieto es uno de los 2 mil 121 reportes financieros confidenciales que diversos bancos entregaron al brazo de inteligencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, y que obtuvo BuzzFeed.
El medio estadunidense compartió los documentos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que durante 16 meses coordinó un equipo formado por 400 periodistas de 110 medios –entre ellos Proceso– repartidos en 88 países. El producto de este trabajo es la investigación FinCEN Files.
Los bancos con sede en Estados Unidos forman la primera línea de combate contra el lavado de dinero internacional: por ley, deben enviar un reporte al FinCEN cada vez que tienen una sospecha de que un movimiento podría ser irregular o constituir un delito. En sí, los documentos que mandan a las autoridades y que forman parte de la investigación FinCEN Files no son evidencias de delitos.
Las transacciones reportadas en FinCEN Files abarcan operaciones que se llevaron a cabo entre 1999 y 2017 e involucraron un monto total superior a los 2 billones de dólares. Representan una gota ínfima en el océano de información que llega de manera constante a las autoridades financieras estadunidenses: entre 2011 y 2017, los bancos enviaron más de 12 millones de reportes de actividad sospechosa, un promedio de 5 mil 500 al día.
Cada semana, la división de inteligencia de FinCEN difunde a sus agentes su Resumen Semanal de la Cleptocracia, en el cual menciona a los personajes o empresas de primer nivel que las oficinas de vigilancia de los bancos señalaron en reportes de actividad sospechosa.
Así, en el Resumen Semanal de la Cleptocracia que englobó los últimos días de abril y los primeros de mayo de 2017 aparecían, junto con Rendón y Peña Nieto, informes relativos al presidente ruso Vladimir Putin, a la petrolera venezolana PDVSA y altos funcionarios venezolanos, al presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, y a un exgobernador nigeriano llamado Orji Uzor Kaly, todos envueltos en casos de corrupción en sus países.
Cuando describió a la FGR las operaciones para lavar los sobornos de Odebrecht, Lozoya aseveró que las sociedades de papel de los “asesores” contratados en la campaña de Peña Nieto -como Rendón- le entregaban facturas “que tenían que ver con prestación de servicios diversos” pero sin mencionar a la campaña, por lo que “los programas de compliance que operan al interior de las entidades bancarias no detectaban anomalías ni ponían trabas”.
Al menos 30 reportes confidenciales de los FinCEN Files tratan de operaciones en las cuales participaron personas o empresas de México; tres medios y organizaciones de México –Proceso, Quinto Elemento Lab y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad– participaron en la investigación global.
Los documentos no necesariamente acreditan que las transferencias fueron ilegales o con recursos de procedencia ilícita, incluso cuando apuntan a personas y sociedades involucradas en redes de lavado de dinero para grupos criminales, como fue el caso con operaciones financieras realizadas por presuntos operadores de Los Zetas o del Cártel del Golfo.
Los FinCEN Files revelan nuevos elementos sobre operaciones financieras que exaltos funcionarios de la administración de Peña Nieto y grandes empresarios realizaron a través del sistema bancario de Estados Unidos; exhiben misteriosas transferencias de empresas extranjeras a integrantes de la élite político-económica del país, y evidencian cómo el sector inmobiliario de Estados Unidos se presta a presuntas operaciones de lavado de dinero en México.
Algunas de las operaciones que involucraron a entes mexicanos despertaron alertas de los bancos por los montos altos de las transacciones –como los negocios de filiales de Pemex con las comercializadoras globales Vitol o Trafigura–; otras, por el uso de sociedades de papel o por el envío de sumas redondas, como un depósito de 140 mil dólares del millonario Fernando Chico Prado a una joyería exclusiva de Nueva York, por ejemplo.
De manera recurrente, los equipos de analistas de los bancos abrieron expedientes cuando algunos de sus clientes tuvieron mala prensa, como las sociedades exhibidas en investigaciones globales de ICIJ, como Panama Papers, Paradise Papers o BahamasLeaks, en las que Proceso también participó.
Fue también el caso después del escándalo de sobornos y corrupción global en la FIFA; de hecho, en julio de 2015 un reporte del Deutsche Bank señaló una serie de pequeñas transferencias a 13 personajes y empresas vinculadas con el “FIFAGate”, entre cuyos emisores figuraba la Federación Mexicana de Futbol (Femexfut).
Corrupción y capos
Aparte de ser proactivos en el envío de información, los bancos de Estados Unidos están obligados a colaborar con agencias gubernamentales cuando éstas lo requieran. Bajo estas condiciones, los bancos se convierten en los ojos y los brazos del gobierno de Estados Unidos, que así ejerce un poderoso control sobre el flujo de dinero en el planeta.
A finales de 2013, por ejemplo, la Agencia Antidrogas (DEA) ordenó a los bancos instalados en Estados Unidos que investigaran si 31 jueces, abogados y personajes cercanos al narcotraficante Rafael Caro Quintero habían realizado algún movimiento financiero fuera de México.
Meses antes, a las 3:00 horas del 9 de agosto de 2013, Caro Quintero salió del penal de máxima seguridad de Puente Grande, en Jalisco, por la puerta principal. Un juzgado de Jalisco había decretado un vicio en su proceso judicial de 1985 –se le condenó a 40 años de cárcel por el secuestro y asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar-; sin avisar al gobierno federal, el mismo juzgado ordenado su liberación 12 años antes de cumplir su sentencia.
La DEA, furibunda, emitió enseguida un comunicado en el cual se dijo “profundamente preocupada” sobre la decisión de la justicia mexicana, y aseguró que “continuaría vigorosamente sus esfuerzos para asegurarse que Caro Quintero enfrente cargos en Estados Unidos por el crimen que cometió”; el Departamento de Estado, por su parte, se dijo “extremadamente decepcionado” por la liberación del capo.
Tan pronto cuando salió del reclusorio, Caro Quintero se esfumó y hasta la fecha sigue prófugo; la DEA expresó en reiteradas ocasiones su intención de capturarlo y traerlo ante los tribunales de Estados Unidos. A sus 68 años, Caro Quintero sigue entre los capos más buscados por la DEA, junto con Nemesio Oseguera-Cervantes “El Mencho” o Ismael “El Mayo” Zambada García. La agencia ofrece 20 millones de dólares a cambio de información que facilite su detención.
La agencia estadunidense también investigó a fondo sobre las personas cercanas a su proceso judicial. Un reporte de actividad sospechosa de la oficina del Deutsche Bank en Estados Unidos, fechado en noviembre de 2013, indica que la DEA buscó información financiera sobre los magistrados del caso –Lucio Lira Martínez, José Félix Dávalos y Rosalía Isabel Moreno Ruiz– y sus familiares, pero también sobre decenas abogados y empresarios de Jalisco posiblemente vinculados con el capo.
Entre ellos, ordenó que los bancos investigaran a Antonio de Jesús Diocleciano Molina de la Puente, un abogado amigo de políticos, asesinado en mayo de 2015 con Luis Cortés Villaseñor y señalado por el gobierno de Estados Unidos de pertenecer a una red de lavado de dinero para Caro Quintero; José Luis Guizar Abarca, el exabogado del narcotraficante y actual presidente de la barra de abogados de Jalisco, el abogado José Avina Bribiesca o Juvencio González Parada, identificado como cercano de Caro Quintero y de Juan José Esparragoza Moreno “El Azul”.
Deutsche Bank realizó una búsqueda en sus archivos sobre todas las transferencias realizadas entre enero de 2010 y noviembre de 2013; sin embargo, no identificó a ningún movimiento que correspondía con los nombres y apellidos completos de las personas investigadas. Si bien la búsqueda del banco no dio fruto, el gobierno de Estados Unidos perseveró y en septiembre de 2014, anunció sanciones contra Aviña Bribiesca.
En este caso, la solicitud de investigación vino de las autoridades; pero en otras ocasiones, los bancos procesaron transferencias sospechosas sin detectar que provenían de organizaciones criminales mexicanas. Así, los documentos de FinCEN Files exhiben los huecos gigantes en las redes de detección de los grandes bancos, que a menudo son incapaces de determinar el origen y destino real de los fondos.
En 2014, por ejemplo, el banco Standard Chartered Bank de Nueva York procesó 172 transferencias por un monto total de 5 millones 16 mil dólares, las cuales salían de una sociedad de papel creada en Monterrey. Si bien envió un reporte de actividad sospechosa, el banco no se percató que la sociedad formaba parte de una red de empresas fantasmas usada tanto por Omar Treviño Morales, el exlíder del grupo criminal de los Zetas, como en los esquemas de corrupción operados por Odebrecht y la Estafa Maestra.
Cuando el banco neoyorquino mandó su informe al FinCEN, en septiembre de 2016, la sociedad de papel ya había sido disuelta; el Servicio de Administración Tributaria (SAT) se tardó otros dos años para incorporarla en su lista de empresas fantasmas. En otras palabras: las operaciones se llevaron a cabo con toda normalidad, y el banco –sin siquiera detectar la posible intromisión de los Zetas– tardó demasiado en detectarlas.
Impunidad garantizada
La mayor parte del sistema financiero internacional actual se basa en el dólar. Prácticamente cada transacción bancaria que sale de un país transita por una “cuenta intermediaria” de un gran banco establecido en Estados Unidos. Estos bancos, a su vez, deben asegurarse que los movimientos procesados son legales y que el dinero no fue producto de la corrupción o de actividades criminales.
Sin embargo, los FinCEN Files exhiben las fallas que existen en este sistema de monitoreo, tanto de los bancos como de la propia autoridad financiera. A menudo, los analistas del banco no conocen el beneficiario final de sociedades de papel incorporadas en jurisdicciones secretas –Panamá, las Islas Vírgenes Británicas (BVI), Suiza, Bermudas, o incluso el estado de Delaware, en Estados Unidos–, ni pueden supervisar las estrategias que lubrican la maquinaria global de lavado de dinero y evasión de impuestos.
En México, el sistema financiero es todavía más laxo, como lo mostró el Grupo de Acción Financiera (GAFI) en un amplio informe, publicado en enero de 2018. Los expertos señalaron que, en 2016, las autoridades mexicanas sólo recabaron el 0.1% de los 56.5 mil millones de dólares de dinero sucio que se generó ese año, y que la entonces Procuraduría General de la República (PGR) –ahora Fiscalía General de la República (FGR)- apenas logró sancionar al 0.4% de los delitos de lavado de dinero que investigó entre 2013 y 2016.
En su informe, el GAFI señaló que algunos lavan dinero procedente del crimen organizado, otros esconden operaciones de corrupción y otros recurren a la evasión de impuestos, una práctica “generalizada” en el país; ante ello, los expertos señalaron las debilidades de todas las autoridades encargadas de la vigilancia: los propios bancos, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Entre sus principales hallazgos, el GAFI señaló la limitada identificación de los “beneficiarios finales” de las estructuras corporativas y bancarias, principalmente cuando se trata de altos funcionarios -u otros “Personajes Políticamente Expuestos (PPE)”- o criminales; esto abre la puerta a la creación de empresas fantasmas y el empleo de prestanombres, que les permiten invertir dinero ilícito en negocios de México o Estados Unidos.
En el papel, el sistema mexicano funciona de manera similar al de Estados Unidos: los bancos y las demás instituciones del sistema financiero mexicano deben poner en marcha protocolos de vigilancia contra el lavado de dinero, bajo la supervisión de la CNBV, y alertar a la UIF sobre cualquier operación sospechosa. Ésta analiza los reportes y, en caso de detectar un posible delito, pasa el caso a la FGR, la cual a su vez investiga y presenta el expediente ante un juez para condenar a los delincuentes.
Respuestas de la FGR y de la UIF a solicitudes de información realizadas por Proceso y Quinto Elemento Lab muestran que, tras la llegada al poder del gobierno de Andrés Manuel López Obrador -y de Santiago Nieto Castillo en la UIF-, se observó un disparo en la actividad de la UIF, a pesar de un recorte significativo a su presupuesto, que pasó de 211 millones 423 mil pesos en 2018 a 152 mil 632 mil pesos este año, un 28% menos.
Los bancos, por ejemplo, colaboraron de manera más activa con la UIF en 2019 que en épocas anteriores: del 1 de enero al 9 de diciembre de ese año, enviaron 522 mil 534 “reportes de operaciones inusuales”, en los cuales informaron sobre actividades sospechosas de sus clientes; esta cantidad representa más de una tercera parte de todos los reportes que la UIF ha recibido desde 2004; más del doble que en 2018 y cuatro veces más que durante todo el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.
Aparte, en 2019 la UIF fue más activa que durante los sexenios de Peña Nieto, Calderón y Vicente Fox: congeló las cuentas de 818 individuos y 551 empresas, por un monto total de más de 5 mil millones de pesos y 50 millones de dólares, mientras que entre 2014 y 2018, la UIF de Peña Nieto congeló cuentas por un monto total inferior a mil 300 millones de pesos y menos de tres millones de dólares.
El sistema mexicano sigue ofreciendo huecos para lavar dinero, ya sea a través de sociedades de papel, de compañías offshore -si bien buscó la ayuda de otros gobiernos con mayor frecuencia que durante las administraciones pasadas, la UIF realizó solamente 87 peticiones a otros países en 2019- o incluso con abogados para litigar contra la FGR en tribunales.
De hecho, la superactividad de la UIF no se reflejó en materia de impunidad: de las 160 denuncias por lavado de dinero que la dependencia a cargo de Santiago Nieto interpuso el año pasado, la FGR solo judicializó una y ni siquiera emitió “una sola orden de aprehensión”, según un reportaje del periodista Arturo Ángel publicado en Animal Político en abril pasado.
En otras palabras: el año pasado, la tasa de impunidad en materia de lavado de dinero alcanzó 99.2%.
Fuente: Proceso
