El ministerio Público de El Salvador presentó el viernes una acusación formal en contra del expresidente Mauricio Funes, un ex fiscal y un periodista, por divulgar un documento secreto llamado Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS), en el cual se revela el desvió de diez millones de dólares que el gobierno de Taiwán entregó al fallecido exmandatario Francisco Flores para ayudar a las víctimas del terremoto del 2001.
Según el requerimiento presentado por la fiscalía ante el Juzgado Quinto de Paz de San Salvador, el expresidente Funes, el exdirector fiscal Diego Balmore Escobar Portillo y el periodista costarricense Lafitte Fernández, serán procesados por el delito de “revelación de hechos, actuaciones o documentos secretos por empleado oficial”. De ser encontrados culpables podrían recibir una condena de cuatro a seis años de prisión.
El exmandatario respondió a las acusaciones en Twitter, diciendo que el fiscal “Douglas Meléndez está haciendo el ridículo. Yo no sustraje el ROS. Lo que sí hice fue hacerlo del dominio público y ésta es en todo caso una infracción administrativa y no penal. Su divulgación la prohíbe el FINCEN de EEUU, no nuestras leyes”.
Funes, quien se encuentra prófugo de la justicia, reveló el ROS en noviembre de 2013 durante un programa que transmitía por radio y televisión, y tras conocerse que la Asamblea Legislativa creó una comisión especial que interrogó al expresidente Flores, quien después fue procesado por desviar el dinero donado por Taiwán.
Durante las investigaciones del ministerio público, se comprobó que diez millones fueron a parar a las cuentas del conservador partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena), que lo llevó al poder, y el resto se desvió a beneficio del expresidente.
Flores, quien gobernó entre 1999 y 2004, murió el 30 de enero de 2016 mientras se encontraba bajo arresto domiciliario a la espera de ser juzgado por los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito y desobediencia a particulares. Con su muerte se extinguió la responsabilidad penal, pero no la responsabilidad civil.
La fiscalía también presentó otra acusación, pero en el Juzgado Noveno de Paz de San Salvador, contra el expresidente Funes y su actual pareja, Ada Mitchell Guzmán, para que sean procesados por los delitos de lavado de dinero, peculado, agrupaciones ilícitas y cohecho, por su supuesta participación en los arreglos que hizo su gobierno para pagarle 108,5 millones de dólares a una empresa para la construcción de una presa hidroeléctrica.
Por el mismo caso serán procesados el empresario cafetalero Miguel Menéndez; el expresidente de la estatal Central Ejecutiva Hidroeléctrica (CEL) José Leopoldo Samur Gómez; y los representantes de la empresa ASTALDI, José Efraín Quinteros y Mario Pieragostini.
Según la acusación, el caso se genera a partir de la suscripción del contrato de construcción de la presa El Chaparral, en la zona oriental del país, que inició en el año 2008 durante la administración del expresidente Tony Saca, teniendo como presidente de la CEL a Samur Gómez.
La fiscalía señaló, que en julio de 2012, ya en el gobierno de Funes, mediante negociaciones unilaterales y directas, lograron anular el contrato y desviar entre ellos 108,3 millones de dólares.
La justicia busca a Funes para que responda por los delitos de peculado y lavado de dinero y activos. Funes, su pareja y dos de sus hijos se encuentran en Nicaragua, donde recibieron asilo político del gobierno del presidente Daniel Ortega en septiembre de 2016 cuando aún no se había emitido orden de captura en su contra.
Según la fiscalía, durante los cinco años del gobierno de Funes (2009-2014) se realizaron diversas operaciones en las que se desviaron 351 millones de dólares que fueron a parar a cuentas de testaferros, familiares y allegados al exmandatario.
Fuente: AP
