La Fiscalía General de la República imputó ayer a Gerardo Ávila García, ex secretario de la rectoría de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), haber gastado de manera indebida casi 23 millones de pesos de recursos federales en un contrato de servicios para Sedesol, hoy Secretaría de Bienestar, como parte de la “estafa maestra”.
Ávila fue imputado por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades porque presuntamente estaba impedido legalmente para subcontratar más del 49 por ciento del importe total del contrato y, en el convenio cuestionado, lo hizo por el 92.98 por ciento.
La entonces Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) entregó a la UAEM 22 millones 994 mil 101 pesos con 20 centavos y, de esa suma, subcontrató un total de 21 millones 332 mil 996 pesos con 26 centavos.
El ex secretario de la rectoría compareció ayer ante Orlando Íñiguez Delgadillo, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, y se reservó su derecho a declarar.
También solicitó duplicar de 72 a 144 horas el término para que le definan su situación jurídica, lo cual autorizó el juez.
De acuerdo con la relatoría que hizo durante la audiencia el fiscal federal Mario Fonseca Barrera, el 6 de mayo de 2013 Emilio Zebadúa, Oficial Mayor de la Sedesol, suscribió un convenio general de colaboración con Jesús Alejandro Vera Jiménez, entonces Rector de la UAEM.
Derivado de ese documento, el 15 de agosto de 2014 la Sedesol suscribió el Anexo Técnico 3 con la UAEM para mejorar el proceso de gestión documental, el trámite de asuntos administrativos y el proceso de gestión para la atención ciudadana de la Secretaría.
Este documento fue suscrito por Gerardo Ávila, secretario de la rectoría, y la entonces directora General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de Sedesol, cuya identidad fue reservada ayer por el juez en la audiencia y sólo autorizó referirla por sus iniciales WGAC.
La Secretaría entregó los 22 millones 994 mil 101 pesos a la universidad y le solicitó el servicio de desarrollo, implementación y puesta en operación del sistema de control de gestión, con interoperabilidad y uso de firma electrónica avanzada.
Justo 25 días después, el 9 de septiembre, la UAEM empleó dichos recursos para subcontratar a la empresa Fralo Soluciones Tecnológicas, en un procedimiento de licitación pública nacional, por un monto de 21 millones 332 mil 996 pesos con 26 centavos.
Basada en un dictamen del perito en contabilidad Edgardo Arturo Gutiérrez Luna, la Fiscalía concluyó que Gerardo Ávila violó el artículo 4 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Este apartado establece que cuando el proveedor de una entidad pública requiera de la subcontratación, ésta no debe exceder del 49 por ciento del importe total del contrato.
Lo que también reprocha la Fiscalía es que el 7 de agosto el director de Empresas y Servicios de la universidad, Wistano Luis Orozco García, comunicó por escrito a WGAC que contaban con la capacidad técnica y material para proveerle del servicio a la Sedesol, cuando no fue así.
Aplazan cita de funcionaria
Un juez federal suspendió la audiencia en la que ayer iba a imputarse por un contrato indebido de casi 23 millones de pesos a la ex directora General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de Sedesol.
La ex funcionaria acudió junto con Gerardo Ávila García, ex secretario de la rectoría de la UAEM, ante el juez de control Orlando Íñiguez Delgadillo, en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, para ser imputada por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades.
Ella pidió reservar su identidad y el juez acordó que sólo podía ser referida como WGAC, las iniciales de su nombre, prohibiendo a la prensa publicar los datos personales de quien también se desempeñó en la Sedatu como coordinadora de asesores del Oficial Mayor, Emilio Zebadúa.
Justo después de 23 minutos de iniciada la audiencia, WGAC se retiró de la sala judicial debido a que desde el 7 de marzo ya se había acordado aplazar hasta nuevo aviso su comparecencia de imputación, en cumplimiento a una suspensión que le otorgó un juez de amparo.
Fuente: Reforma
