Con el respaldo de la sociedad civil, las bancadas de los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado lanzaron este lunes la iniciativa Ley 3de3 plus, que endurece las disposiciones para castigar la corrupción de funcionarios públicos y particulares.
En conferencia conjunta, los legisladores de oposición anunciaron los detalles de la propuesta “recargada”, en la que se contemplan como acto de corrupción “los moches” gestionados por diputados o senadores.
El perredista Zoé Robledo explicó que la iniciativa fue fortalecida con siete adiciones, previamente consensuadas con los impulsores de la Ley 3de3.
“Le hemos llamado Ley 3de3 plus, para clarificar que es la misma pero con algo de ADN de las bancadas, es como recargada o reloaded”, dijo.
Robledo detalló que se añadieron cuatro obligaciones específicas para los funcionarios que prestan servicio de atención ciudadana e incurren en actos de corrupción.
También se incluyó un nuevo tipo administrativo de responsabilidad expresa para legisladores.
“Estamos fortaleciendo la parte del combate a los moches”, expresó.
Entre las adiciones se contempla la obligación para que servidores públicos de mayor nivel jerárquico no puedan instruir a sus subordinados a cometer actos de corrupción a través de acciones y omisiones.
“Si un servidor público intenta cometer el acto a través de sus subalternos eso ya corresponderá también a una obligación que puede considerarse después un acto de corrupción”, explicó.
La nueva propuesta contempla una reglamentación específica sobre los procedimientos a seguir en caso de existir un conflicto de interés y agrega que para la investigación de actos de corrupción no tendrá validez el secreto bursátil o financiero.
En la redacción adicionada se detallan los datos que debe contener una declaración de interés, basados en los criterios que se aplican desde hace más de un año en la iniciativa “Legislador transparente”.
También se plantea que cuando el Tribunal de Justicia Administrativa desahogue un proceso de responsabilidades administrativas derivadas de corrupción, podrá ordenar, como medida cautelar, la suspensión de pago a los particulares vinculados en el caso hasta que concluya el juicio.
El Tribunal quedará facultado para definir la cuantía de la sanción.
Fuente: Reforma
