Por John Ackerman
El pasado martes 18 de septiembre, en el marco de su visita a Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, Enrique Peña Nieto afirmó que ese país “representa un ejemplo exitoso de lucha contra la violencia y la criminalidad organizada”. El mismo día, Alejandro Poiré, Guillermo Galván, Francisco Saynez, Genaro García Luna, Marisela Morales y Patricia Espinosa se encontraban en Washington rindiendo cuentas a sus homólogos estadunidenses sobre los saldos de la “guerra contra las drogas”, en el contexto de la cuarta “reunión de alto nivel” de la Iniciativa Mérida. Allí, Hillary Clinton expresó su confianza en que el “alto nivel de cooperación y creencia en la responsabilidad compartida” establecidos con el gobierno de Felipe Calderón continuaría con “la próxima administración mexicana”.
Tiene razón la canciller estadunidense. Al parecer Peña Nieto no tiene ningún interés en modificar las coordenadas de la relación de México con Estados Unidos y no transformará los términos de la estrategia de combate al narcotráfico iniciada por Calderón. Al contrario, el presidente electo ya anunció que el Ejército seguirá en las calles, y con el nombramiento del general Óscar Naranjo, exdirector de la Policía Nacional de Colombia y “agente especial” de la DEA, como su asesor en materia de seguridad pública, envió una clara señal de continuismo a los estadunidenses.
La decisión de iniciar su gira por América Latina en Guatemala, para sacarse la foto con el presidente Otto Pérez Molina, quien, como Peña Nieto, es un “dinosaurio” emblemático del peor pasado autoritario, y en seguida llegar a Colombia, confirma el interés del presidente electo mexicano de dar continuidad al entreguismo de Calderón. Tal como ha sido señalado por Julio Hernández, Peña Nieto “geográficamente ha dado sus primeros pasos diplomáticos hacia el sur, pero políticamente su equipaje discursivo y su brújula están abiertamente orientados hacia el norte”. Habría que recordar cómo, en el segundo debate presidencial, el priista deslizó la necesidad de visualizar a México principalmente como parte de América del Norte y dejar atrás la idea de que seamos latinoamericanos.
Afortunadamente, la gran mayoría de los mexicanos no coinciden con quien se pondrá la banda presidencial el 1 de diciembre. Estudios recientes demuestran que los mexicanos se identifican mucho más con sus hermanos latinoamericanos que con los habitantes de Estados Unidos y que tienen una enorme desconfianza en las políticas de Washington. Datos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) revelan que mientras solamente 7% de la población nacional se siente “norteamericana”, más de 50% se considera principalmente “latinoamericana”. Asimismo, el Country Rating Poll de la BBC sistemáticamente demuestra que el mexicano es uno de los pueblos que menos creen que “la influencia de Estados Unidos en el mundo” sea “positiva”. Con respecto a esta valoración, México se encuentra en un nivel similar a los ciudadanos de Egipto, Pakistán y Rusia, con una tasa de aprobación de los mexicanos a los estadunidenses que varía entre 13% y 38%, dependiendo del año y del encuestador encargado de aplicar el estudio.
Llama la atención cómo, en su comunicado conjunto del martes pasado, Clinton y Espinosa no se atrevieron a presumir ningún éxito concreto o medible de la Iniciativa Mérida. El documento concluye que “en los cinco años desde que anunciamos la Iniciativa Mérida, nuestros esfuerzos han llevado a grandes avances cuantitativos y cualitativos en la cooperación bilateral en contra del crimen organizado trasnacional. Ello ha ayudado a establecer una sólida fundación de confianza y coordinación entre las autoridades estadunidenses y mexicanas responsables de prevenir y combatir al crimen”. En otras palabras, el único logro material de la colaboración entre los dos países ha sido la misma colaboración.
Al menos los gobiernos de México y Estados Unidos han tenido el recato de no inventar que la estrategia de los últimos años supuestamente haya logrado mejorar la seguridad de los mexicanos o reducir el flujo de drogas hacia el norte. Ello sería una vil mentira. Por lo tanto, los funcionarios se limitan a celebrar la consolidación de los nuevos “hábitos de cooperación” que, confían, rendirán frutos en el futuro.
Es en este contexto que Peña Nieto ensalza el caso colombiano como un “éxito” en la materia. Lo que no menciona el priista es que el Plan Colombia implicó un intervencionismo aún mayor que el Plan Mérida de las fuerzas militares estadunidenses, y que se basó en estrategias de contrainsurgencia que violaban de manera generalizada los derechos humanos de la población. Colombia, por ejemplo, ya se encuentra bajo observación formal de la fiscal de la Corte Penal Internacional por los sistemáticos ataques a la población civil durante las últimas décadas.
Cada día queda más claro que la prioridad principal de Barack Obama, Felipe Calderón y Peña Nieto no es la paz, y ni siquiera “ganar” la guerra contra las drogas, sino solamente administrar la violencia para que no cruce el río Grande hacia el norte. Estrictamente, entonces, la “colaboración” entre México y Estados Unidos efectivamente ha sido todo un “éxito”: ya se ha alcanzado el objetivo de que los mexicanos paguemos con nuestra sangre todos los costos de la errada estrategia.
Así, llegó la hora de pensar seriamente en poner fin al Plan Mérida y suspender todo el financiamiento de Estados Unidos hacia el aparato de seguridad mexicano. Si bien puede ser útil que ambos gobiernos compartan inteligencia criminal y coordinen el combate al lavado de dinero, una vez que el gobierno mexicano recibe armamento y financiamiento militar directamente de Washington nuestro país sacrifica la soberanía necesaria para articular una nueva estrategia que ponga en primer lugar la salud pública y el bienestar de los mexicanos. El que paga manda.
Twitter: @JohnMAckerman
Fuente: www.proceso.com.mx
