El Diario Oficial de la Federación publica este lunes las reformas legales para que ningún servidor público gane más que el presidente de la República y se eliminan las pensiones millonarias a expresidentes de la República.
Es la primera vez en este sexenio que el presidente Enrique Peña Nieto omite la publicación de una nueva legislación, por lo que el Congreso ordenó su difusión en el órgano oficial para que entre en vigor una vez aprobado el Presupuesto 2019.
En consecuencia, queda expedida la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos y se modifican los artículos 75 y 127 de la Constitución.
“Ningún servidor público recibe una remuneración o retribución por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para el presidente de la República en el Presupuesto de Egresos de la Federación”, indica el artículo 6.
El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, ha informado que ganará 108 mil pesos mensuales.
En ese mismo apartado se establecen algunas excepciones, como que el excedente sea por el desempeño de varios puestos, con su respectivo dictamen de compatibilidad, por un contrato colectivo o por su perfil especializado.
“Un trabajo técnico calificado, considerado así cuando su desempeño exige una preparación, formación y conocimiento resultado de los avances de la ciencia o la tecnología (…)
“Un trabajo de alta especialización, determinado así cuando las funciones conferidas resultan de determinadas facultades previstas en un ordenamiento jurídico y exige para su desempeño de una experiencia determinada, de la acreditación de competencias o de capacidades específicas (…)”, señala.
Sin embargo, se fijan límites, que implican que el sueldo de ese funcionario no será mayor a 162 mil pesos mensuales.
“Bajo las anteriores excepciones, la suma de las retribuciones no excede la mitad de la remuneración establecida para el Presidente de la República en el Presupuesto de Egresos de la Federación”, establece.
En la legislación no se nombra directamente a los ex Presidentes, pero se anulada la pensión que reciben actualmente.
“Los servidores públicos de elección popular no tienen derecho a liquidación o compensación alguna por el término de su mandato”, ordena.
También se establecen los términos en los que deberán elaborarse las nóminas y las obligaciones en materia de transparencia y rendición de cuentas.
Así como las sanciones por recibir un salario sin realizar un trabajo o aceptar más recursos de los que amerita su labor. Además de daños al erario.
Fuente: Reforma
