La comisión del Tribunal Electoral encargada de elaborar la declaración de validez de la elección presidencial dio a conocer que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) ha solicitado toda la información disponible sobre unas cuentas bancarias en Scotiabank. De acuerdo con el Movimiento Progresista, dichas cuentas sirvieron para que Luis Videgaray desviase recursos del Gobierno del estado de México para la campaña presidencial.
En el acuerdo 26 emitido por esta comisión se da cuenta que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) remitió copias de los estados de cuenta entregados por el PRD, junto con el audio y las manifestaciones hechas por los impugnantes con relación a este caso.
Los delitos asociados con la compra de votos, corresponde investigarlos y sancionarlos a la Fepade, organismo dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR), y de ahí que el TEPJF haya decidido reenviar la información solicitada.
En este mismo acuerdo se informa de dos carpetas engargoladas entregadas por la fiscalía al Instituto Federal Electoral (IFE) para que a su vez sean remitidas al tribunal, ambas con carácter de confidencial.
Ello “con el objeto de actualizar las probanzas ofrecidas y que están relacionadas con la respuesta dada en el informe circunstanciado, al agravio quinto de la demanda para solicitar la invalidez de la elección”, dice el documento.
Como el oficio de la Fepade señala expresamente que esta información no debe ponerse a la vista de las partes relacionadas con el expediente ni de terceros, los magistrados precisaron que no se deben agregar al expediente.
En diversos acuerdos la comisión determinó poner a disposición de los representantes del Movimiento Progresista las 56 cajas previamente aportadas que supuestamente contienen pruebas para sustanciar el juicio de inconformidad, una vez que se certificó el contenido de todas ellas.
Los propios representantes del Movimiento Progresista habían solicitado que éstas fueran remitidas a la Unidad de Fiscalización de los Partidos Políticos del IFE para que se investigue el origen, destino y aplicación de los recursos involucrados.
En virtud de lo anterior los magistrados señalaron que no corresponde al máximo tribunal electoral del país hacer esa remisión, sino a los propios interesados.
Esta mañana, tal como lo habían anunciado previamente, representantes de la izquierda entregaron en la Oficialía de Partes del TEPJF nuevas pruebas para sustentar su demanda.
Entre ellas ofrecieron más tarjetas bancarias utilizadas por el PRI y PVEM, cientos de testimonios de personas con ejemplos de compra y coacción del voto y hasta 70,000 firmas de ciudadanos que demandan la invalidez de la elección, material sobre el que la comisión acordará en su momento.
El Pleno de la Sala Superior del TEPJF sesionará este viernes para desahogar los 349 juicios de inconformidad que recibió sobre la elección presidencial, para dejar pendiente únicamente el recurso madre del Movimiento Progresista que demanda la invalidez de la elección.
Fuente: El Economista/ Notimex
