La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) confirmó que “hace un par de semanas” solicitó al Congreso del Estado de Chihuahua el juicio de procedencia en contra de la diputada local priista Diana Karina Velázquez Ramírez, quien ayer asumió la presidencia de la Mesa Directiva del Poder Legislativo, publica El Diario.
Piden desaforar a presidenta duartista del Congreso de Chihuahua
Según el rotativo, con esta solicitud se busca quitar el fuero constitucional a la exdirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para proceder penalmente en su contra ante la presunta comisión de delitos electorales.
Además, se informó que existen órdenes de aprehensión por la investigación que la Fiscalía electoral lleva a cabo por la retención indebida de un porcentaje del sueldo de cientos de empleados estatales durante la pasada administración, y canalizar todos esos recursos al PRI para el proceso electoral de 2015-2016.
El coordinador de Análisis Técnico Jurídico y Prospectiva de la Fepade, Julio César Bonilla Gutiérrez, explicó a El Diario que la solicitud del juicio contra Karina Velázquez se hizo directamente hace un par de semanas a la Mesa Directiva del Congreso del Estado.
Esto representa que la petición para buscar el desafuero de la diputada local se hizo cuando la Mesa Directiva del Congreso la presidía la panista Blanca Gámez Gutiérrez y la priista aún no había sido electa para encabezar el órgano directivo durante el segundo año de la actual Legislatura.
“La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales ya ha solicitado formalmente el juicio de procedencia ante el Congreso local, es decir, en este momento el tema está en manos de los legisladores locales”, afirmó Bonilla Gutiérrez en conferencia de prensa ofrecida ayer en Ciudad Juárez.
Ante la información difundida por la Fepade, la diputada Karina Velázquez decidió guardar silencio.
Al solicitar al área de Comunicación Social del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso una declaración de la ahora presidenta del Congreso, se precisó que no habría comentarios al respecto.
La negativa de la legisladora a abordar el tema ha sido una constante desde que se conociera el inicio de la averiguación por el presunto desvío de recursos.
El funcionario de la Fepade, organismo de la Procuraduría General de la República (PGR), explicó que corresponderá a los diputados locales determinar la procedencia o no del juicio de quien ahora es la presidenta del Congreso del Estado, porque esta solicitud se hace justo cuando ya se tienen elementos en contra de Velázquez Ramírez.
Argumentó que no puede calificar la actuación de los diputados, que eligieron a Velázquez como su presidenta a pesar de que ya habían recibido la solicitud de desafuero, porque no pueden invadir competencias y cada uno tiene su competencia, pero en este momento es decisión exclusiva del Congreso resolver al respecto.
“En este caso no me puedo pronunciar, soy una autoridad federal que tiene un asunto en trámite con relación a este tema, el juicio en este caso lo tendría que hacer la sociedad y ustedes mismos sobre cómo se está procesando el asunto”, mencionó.
Bonilla Gutiérrez declinó también dar mayores detalles sobre las órdenes de aprehensión que se han girado por la investigación que llevan a cabo y que involucra a varios exfuncionarios estatales, entre ellos al exgobernador César Duarte Jáquez, por los mismos delitos de peculado electoral.
Sólo dijo que la investigación ya está muy avanzada y que al día de hoy el caso se encuentra en un momento de decisión judicial, porque todos los elementos de prueba están integrados al expediente.
“Hay órdenes de aprehensión, sí, pero también investigaciones, es decir, no le puedo precisar porque sería incorrecto con contundencia cuáles y tales son, porque no sería debido hacerlo”, dijo.
Sin embargo, subrayó que el titular de la Fepade, Santiago Nieto Castillo, le pidió que hiciera público que llegarán hasta las últimas consecuencias con este caso y con todos los involucrados, además de que se transparentará cuando se pueda hacer público.
Afirmó que el mismo compromiso existe con otros casos que tienen en proceso, entre ellos las investigaciones que tienen por la presunta comisión de delitos electorales de los exgobernadores Javier Duarte Ochoa de Veracruz y Roberto Borge Angulo de Quintana Roo.
También, con el caso de Eva Cadena Sandoval, a quien el Congreso de Veracruz le quitó el fuero constitucional para que enfrente los cargos de desvío de recursos, delitos electorales y tráfico de influencias.
La información proporcionada por la Fepade contrasta con las afirmaciones públicas que anteriormente hicieron la propia Karina Velázquez, así como diputados del PRI y del Partido Acción Nacional (PAN), al asegurar que no existía ninguna solicitud de la Fiscalía ante el Congreso del Estado.
La hoy presidenta del Congreso aseguró a medios de comunicación que estaba en condiciones de asumir el cargo en la Mesa Directiva porque no estaba sujeta a un procedimiento de vinculación penal y desconocía si la Fepade había solicitado su desafuero.
Mientras que el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Jesús Villarreal Macías, afirmó que la elección de Karina como presidenta del Congreso se dio porque no había una petición formal en su contra.
“Simplemente fue una propuesta del PRI y nosotros lo revisamos conforme a les leyes y los alcances que se tenía. Respetamos la decisión”, subrayó y añadió que ni la Fepade ni ningún otra instancia le había pedido al Congreso iniciar un procedimiento de sanción en contra de la diputada originaria de Parral.
Fuente: El Diario
