Por Marta Lamas
El miércoles de la semana pasada, las dos instancias de la UNAM dedicadas a cuestiones de género, el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH) y el Programa Universitario de Estudios de Género (PUEG), realizaron una reunión conjunta. Titulada “Conversatorio y Posicionamiento Académico”, tuvo el objetivo de dialogar para alcanzar una postura sobre “las recientes iniciativas públicas que atentan contra los derechos humanos de las mujeres y los grupos de la diversidad sexual”.
Asistieron no sólo académicos de dichos centros, sino también del ITAM, el CIDE, el Colegio de México y varias divisiones de la UAM (Xochimilco, Azcapotzalco y Cuajimalpa), así como estudiantes y público en general, incluso algo de prensa. Los temas fueron varios: la creación de la Comisión de la Familia en el Senado; la iniciativa para “proteger la vida desde la concepción” en Nuevo León; la frustrada iniciativa para despenalizar el aborto en Guerrero.
Uno que causó mucha preocupación fue el relativo a la declaratoria de alerta de violencia de género en Guanajuato. La denuncia de la omisión y negligencia de las autoridades ante 85 casos de mujeres víctimas (73 asesinadas en 2013 y 12 en lo que va de 2014); la minimización del incremento de la violencia; la idea desde el ámbito oficial de que las mujeres son responsables de la violencia, así como la revictimización como una práctica cotidiana en el sistema de procuración y administración de justicia y por parte de otras autoridades, llevaron al grupo de Las Libres a solicitar la alerta el 20 de marzo de este año.
En abril se emitió la convocatoria para integrar el Grupo de Trabajo que se dedicaría a investigar dicha solicitud. Éste se formó entre el 28 y el 29 de abril, y en mayo empezó su investigación. El día 29 de dicho mes entregó el Informe acerca de la Alerta de Violencia de Género para el estado de Guanajuato.
La maestra Cynthia Galicia, integrante del Grupo de Trabajo encargado de elaborar dicho reporte, asistió a la reunión convocada en la UNAM y expresó su malestar por el desarrollo de la investigación y el posterior manejo de los resultados. Señaló que el informe –avalado por mayoría de votos– debía enviarse, tal como se aprobó y de manera inmediata, al gobierno de Guanajuato y hacerse público. Según la respuesta del gobierno, aceptando o no las propuestas, hay dos formas de proceder. La negativa daría origen a la Alerta de Violencia de Género; mientras que de ser aceptadas las propuestas la administración estatal tendría seis meses para cumplir con las recomendaciones referidas.
Aunque el lapso de 30 días naturales es insuficiente para el desarrollo exhaustivo de la investigación y la conformación del informe, el reporte se entregó en tiempo y forma. Sin embargo, a más de un mes de este hecho, las autoridades competentes no lo han dado a conocer públicamente, como el artículo 36 del Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (RLGAMVLV) establece que debe ocurrir. Además, la académica señaló las dificultades que enfrentaron las personas expertas que trabajaron en él: La organización de la investigación fue deficiente y no se dieron las facilidades necesarias. Por un lado estuvo la falta de formalidad de la Secretaría Técnica del Grupo de Trabajo, que en diversas ocasiones canceló o modificó reuniones. Por otro, la carencia de recursos asignados y la falta de interés de los representantes gubernamentales se tradujo en la pésima forma en que se convocó a los familiares de las víctimas y a las organizaciones de la sociedad civil: se los citó de un día para otro, e incluso horas antes de la reunión, lo que generó inasistencia y confusión.
También quedaron fuera de las conclusiones algunas recomendaciones fundamentales para la protección de la vida de las mujeres y para el respeto a sus derechos humanos. Una omisión llamativa fue el abandono del Grupo de Trabajo en que incurrió el representante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Al finalizar la reunión convocada por el CEIICH y el PUEG, la maestra Galicia circuló una carta dirigida a Lorena Cruz, titular del Instituto Nacional de las Mujeres, y a Alejandra Negrete, de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, de la Segob, con el fin de que los asistentes al Conversatorio la suscribieran. Habrá que ver qué responden el Inmujeres y la Conavim, ¡y cuándo lo hacen!
Es impresionante la resistencia que tienen los gobiernos estatales para asumir la alerta de género. Parecería que prefieren la política del avestruz a enfrentar la trágica situación de violencia, como si ésta fuera de su exclusiva responsabilidad y no el resultado de muchos procesos y factores que los anteceden y rebasan. En lugar de ofenderse o de sospechar oscuros motivos políticos, las autoridades estatales deberían aprovechar el trabajo de las personas expertas, ya sea para declarar la “alerta de género” o para tomar las medidas que se sugieren. Y mientras el gobierno de Guanajuato reacciona, va un reconocimiento a Las Libres por su valiosa labor.
Fuente: Proceso
