Una disculpa pública, garantías de seguridad y dejar de ser criminalizada por denunciar el ataque desde un helicóptero por miembros de la Secretaría de Marina (Semar) en Nuevo Laredo, Tamaulipas, es lo que pide la familia Rojas Ruiz, luego de que el instituto armado reconoció su responsabilidad en los hechos en los que murieron dos niñas y su madre, y en donde también resultaron lesionados el padre y su sobrina.
La Marina disparó a familia desde helicoptero, confirma la PGR
En entrevista con Apro, el representante de la familia, Raymundo Ramos Vázquez, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL), aseguró que, tras informar a Efraín Rojas del peritaje de la Procuraduría General de la República (PGR), que confirmó que las víctimas fueron “alcanzadas” por disparos de marinos, y del comunicado de la Semar admitiendo su responsabilidad, el padre de familia herido exigió de parte del instituto armado una rectificación pública.
“A Semar se le pedirá una disculpa pública a la familia Rojas por el fallecimiento de tres de sus integrantes, dos de ellas menores de edad, por la insistencia en criminalizar a la familia, como se da a entender en la parte final del comunicado, de que la familia está involucrada en hechos delictivos, y eso es muy lamentable”, señaló Ramos Vázquez.
Y es que, en el comunicado de la Semar, dado a conocer horas después de que el titular de Servicios Periciales de la PGR, Anselmo Apodaca, confirmara que los impactos de bala que perforaron el vehículo en el que viajaba la familia Rojas Ruiz fueron hechos desde un helicóptero de la Marina, se indica que asume “la responsabilidad social” en los acontecimientos, “a pesar de constituir un hecho circunstancial, cuya causa fue originada por grupos delincuenciales que actúan desde el anonimato”.
Al destacar que hasta ahora la familia Rojas no ha sido buscada por miembros de la Semar, el presidente del CDHNL destacó que para los Rojas “no es el interés prioritario, ni de ningún tipo, la indemnización o reparación del daño en este momento, no está en las prioridades de la familia”, subrayó.
El defensor apuntó: “Hoy estuve platicando con Efraín en el hospital y lo más urgente es la atención médica el tratamiento para él y su sobrina, el tratamiento psicológico para la familia, obviamente el esclarecimiento de los hechos, y de manera muy particular, tener la tranquilidad de no verse perseguidos o ser víctimas de actos de represalias por lo que ha sucedido, ellos tienen miedo de que, volviendo a su casa, otra cosa pueda pasar”.
–¿La familia ha sido amenazada? –se le cuestionó a Ramos Vázquez.
“No, pero no es para menos lo que están pasando, han enfrentado al Estado mexicano, han enfrentado a la Marina, y esto apenas comienza, hay una investigación de por medio”, apuntó el defensor, quien fue víctima de mensajes amenazantes en redes sociales por asumir la defensa de la familia Rojas Ruiz, advertencias que, dijo, fueron disminuyendo por la intervención de organizaciones de las sociedad civil y medios de comunicación.
Como declaró a Proceso, en una nota publicada en el número 2161, Ramos Vázquez insistió en que “la familia recibió una agresión directa, no quedó en un fuego cruzado ni tampoco fueron delincuentes las personas que dispararon contra ellos”, como había difundido la Semar.
Tras colaborar en un peritaje junto con personal de la CNDH, el defensor puntualizó que, “dos kilómetros a la redonda de donde se encontraba la familia, no se dio algún enfrentamiento ni un fuego cruzado; si hubo un enfrentamiento, una persecución o una emboscada, eso fue antes o después de que dispararon desde el helicóptero”.
Además, en su declaración ante la PGR, Efraín Rojas “reconoció que fue personal de Marina quien los agredió” desde el helicóptero, apuntó el defensor.
Al reconocer el peritaje de la PGR, “tal vez porque estamos en medio de proceso electoral, y se dio a conocer para limpiarle la imagen a la Marina”, Ramos Vázquez consideró que “lo importante es que ese peritaje no se extravíe, que no se altere, sino que sea parte de una investigación completa, profunda y autónoma para que podamos ver el resultado de la misma”.
Para el presidente del CDHNL, una vez que la Semar dio un paso adelante al admitir su error, al menos en un comunicado, “ahora sí la PGR, en completa libertad, y sin presiones de ningún tipo, debe terminar su investigación y determinar la responsabilidad, pues hay dos niñas fallecidas y una mamá; y dos personas más lesionadas por armas de fuego hospitalizadas, aunque fuera de peligro, pero alguien ocasionó toda esa tragedia”.
Fuente: Apro
