La publicación británica The Economist considera que las iniciativas planteadas por el Presidente en materia de corrupción y conflicto de intereses ofrecen ‘mensajes confusos’
La decisión del presidente Enrique Peña Nieto de exponerse él, a la primera dama y al secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, a una investigación sobre los presuntos conflictos de interés fue criticada por la publicación británica The Economist.
De acuerdo con el texto titulado “Conflicto de intereses en México, un inicio fallido”, la campaña anticorrupción del gobierno federal ofrece “mensajes confusos” tras la designación de Virgilio Andrade como secretario de la Función Pública.
“El ministro de gobierno designado para dirigir la investigación, dijo el 4 de febrero, que él no está facultado para investigar los contratos hipotecarios que están en el centro del escándalo, lo que plantea dudas sobre la seriedad de su esfuerzo”, dice el diario.
Además, la publicación destaca los vínculos entre Andrade, Peña y Videgaray, en la que afirma “Andrade debe su trabajo al Sr. Peña, y dice que es amigo personal del señor Videgaray, lo que plantea dudas sobre su independencia”.
El editorial califica la designación de Andrade y la investigación como un “intento tardío de recuperar su popularidad que comenzó con el pie izquierdo”, aún cuando el día que la investigación fue anunciada el Presidente aseguró que el objetivo era disipar las dudas y aclarar que no incurrieron en ninguna falta.
Andrade tiene la encomienda de investigar un posible conflicto de interés entre el Presidente, su esposa y el secretario Videgaray, quienes compraron inmuebles al Grupo Higa que ha obtenido varios contratos de obra pública del gobierno federal.
El principal problema, señala The Economist, es que los contratos hipotecarios con que se adquirieron las casas no se han hecho públicos y un día después de su nombramiento, el secretario de la Función Pública dijo no tenía autoridad para investigar los contratos, pues las negociaciones se habían realizado cuando Peña y Videgaray no eran servidores públicos, mientras que Rivera nunca ha ostentado un cargo de elección popular.
“Su único foco estaba en la probidad de los contratos del gobierno posteriores otorgados a la empresa constructora, Grupo Higa “, dice el diario.
The Economist remata el tema asegurando que Andrade “puede ser capaz de hacer un llamamiento a otras instituciones más autónomas de Gobierno, tales como el auditor general o un organismo de lucha contra la corrupción ‘próximo-a-ser-creado’, para ampliar la investigación”, pero no puede investigar el origen del escándalo, es decir, los contratos.
Fuente: El Universal
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