La Procuraduría General de justicia de Baja California armó seis expedientes por el delito de fraude en contra del periodista Antonio Heras, corresponsal de La Jornada, bajo el supuesto de ser propietario de una empresa importadora de vehículos en la frontera con Estados Unidos que ha afectado a varios clientes.
Se trata de un montaje burdo e infame, una fabricación de delitos, ya que nada tengo que ver con alguna empresa comercial pues mi única actividad es la periodística, eso lo sabe hasta Hacienda, señaló el reportero.
Heras es uno de los firmantes de una carta pública de las campañas negras que realiza el gobierno de Baja California en la que se denunció el acoso y hostigamiento de las periodistas Adela Navarro, codirectora del semanario Zeta, y Dora Elena Cortez, directora de la Agencia Fronteriza de Noticias.
Periodistas y medios de comunicación denunciaron que el coordinador de Imagen y Publicidad del gobierno estatal, Jorge Alberto Cornejo Manzo, instrumenta actos de presión al condicionar los contenidos editoriales, a través de la compra de publicidad institucional, además de vetar a periodistas y diseñar campañas de desprestigio contra comunicadores.
Incluso, el propio Heras Sánchez fue víctima de la presión de Cornejo Manzo al condicionar el otorgamiento de la publicidad institucional del gobierno de Kiko Vega con la salida del reportero de un proyecto editorial de una cadena de radio nacional.
En este caso, Heras dijo desconocer a los supuestos ofendidos ni la persona que comercializó los vehículos pero en la investigación aparece como el responsable de fraude.
En las carpetas de investigación se detalla que un hombre identificado como Francisco Javier Sánchez advirtió a los supuestos compradores que si querían demandar lo hicieran a Antonio Heras Sánchez, propietario del negocio, porque él solo era el vendedor en el establecimiento.
Existen seis carpetas de investigación sobre este delito a partir del dicho de un hombre que desde la empresa JM Importaciones cobró las importaciones vehiculares de Estados Unidos a Mexicali, de acuerdo a las averiguaciones ministeriales contenidas entre otros en el Número Único de Caso 2016/17800.
Trascendió que los agentes ministeriales vigilaban las casas de los hijos del periodista ya que tiene esos domicilios en los padrones vehiculares, licencias de conducir y registro electoral con la intención de detenerlo para presentarlo ante la Agencia del Ministerio Público de Delitos contra el Patrimonio, la Sociedad, el Estado y la Administración de Justicia.
La organización Articulo 19, dijo el periodista, asumió la defensa jurídica de esta infamia que solo busca el descrédito por el ejercicio libre del periodismo, “una labor que realizo desde hace más de tres décadas”.
El Juzgado Cuarto de Distrito del Poder Judicial de la Federación, con sede en Mexicali, otorgó una suspensión temporal en juicio de amparo 674/2016.
Fuente: La Jornada
