Un grupo de expertos en derechos humanos del más alto nivel de Naciones Unidas exhortaron al gobierno mexicano a “una pronta implementación” de las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) contenidas en su informe del caso Iguala y la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. Y condenaron el”sofisticado nivel de coordinación de algunas autoridades en la comisión de crímenes”.
A su vez, Francisco Palmieri, subsecretario de Estado adjunto para el hemisferio occidental, dijo durante una audiencia de la comisión de relaciones exteriores del Senado que “confiamos en que las autoridades mexicanas consideren las recomendaciones del informe, evalúen las medidas sugeridas para resolver las desapariciones forzadas, apoyen a las familias de las víctimas y continúen sus esfuerzos para traer ante la justicia a los responsables”.
Palmieri respondió a una pregunta del demócrata por Massachusetts Edward Markey, quien criticó al gobierno mexicano por “negarse a extender el mandato (del grupo de expertos) y terminar su trabajo de manera prematura”.
De su lado, los expertos de las Naciones Unidas lamentaron que en la segunda etapa de su mandato, el GIEI no haya contado con la plena colaboración del gobierno y haya sido objeto de campañas de descrédito a su trabajo y a los resultados de sus investigaciones. “Sin embargo, ninguno de estos obstáculos ha restado valor a la solidez de su trabajo, a la seriedad de sus hallazgos y a la calidad de sus recomendaciones”, afirmaron.
El pronunciamiento conjunto lo firman los expertos Michael Forst, Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos; Mónica Pinto, Relatora Especial para la independencia de los magistrados y abogados; Christof Heyns, Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; Juan E. Méndez, Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y el Grupo de Trabajo sobre las desapariciones forzadas o involuntarias.
Destacan en su texto que el informe final presentado por el GIEI, identifica graves fallas en las investigaciones oficiales desarrolladas, y demuestra que todavía falta mucho por hacer para develar la verdad, garantizar la justicia y reparar a las víctimas.
“El Informe del GIEI evidencia, entre otros aspectos, las serias deficiencias en el sistema de justicia, las preocupantes debilidades del Estado para investigar con la debida diligencia manifiestas violaciones a los derechos humanos, y el sofisticado nivel de coordinación de algunas autoridades en la comisión de crímenes”, señalan los expertos.
Además, señalaron que el informe del GIEI tiene “compatibilidad” con el peritaje realizado por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en el basurero de Cocula, Guerrero, que establece por lo menos 27 irregularidades y contradicciones en las investigaciones oficiales.
Los expertos declararon su pleno apoyo a la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de establecer un mecanismo especial de seguimiento y exhortaron al Estado mexicano a participar y colaborar activamente en el mismo.
De igual forma resaltaron “la importante labor que le toca desempeñar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), ante la nueva etapa que se abre en México sin el GIEI”.
Fuente: La Jornada
