El Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) exoneró a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, exlíder del Partido Revolucionario Institucional en la Ciudad de México, de la acusación de usar recursos públicos para mantener una red de prostitución a su servicio.
El IEDF consideró que no había pruebas suficientes de la acusación hecha por los integrantes del Partido Revolucionario Democrático (PRD), la cual fue presentada entre 2012 y 2014.
La queja fue interpuesta luego de que una investigación hecha por el equipo de trabajo de la periodista Carmen Aristegui, acusara a Gutiérrez de la Torre de contratar a mujeres de 18 a 32 años de edad, para ofrecerle servicios sexuales, usando como fachada plazas de trabajo al interior del partido.
Debido a estas denuncias, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) inició un proceso en contra del ex dirigente del PRI. Sin embargo, desde el pasado 9 de julio de 2015 se informó que la dependencia no encontró pruebas que lo señalen de encabezar dicha red de prostitución.
En tanto, en entrevista con Radio Fórmula, Gutiérrez de la Torre dijo que analiza con sus abogados demandar a Carmen Aristegui y a la empresa MVS. “Hubo saña, dolo y discriminación contra mí”, señaló.
Después de agotar siete líneas de investigación, que comprendieron 162 requerimientos a diversas instituciones, medios de comunicación y personas involucradas, el órgano electoral concluyó que la queja que presentó el PRD en contra del priista, basada en la información dada a conocer en un noticiero de radio, era infundada.
El consejero electoral Pablo Lezama detalló el trabajo que realizaron las Comisiones Unidas de Asociaciones Políticas y Fiscalización, respecto a la queja presentada el 4 de abril de 2014 por el PRD por uso indebido de recursos públicos y violaciones a la normativa interna del partido y aseguró que agotaron todas las líneas de investigación.
Esta autoridad no tuvo elementos de mayor grado convictivo que acreditaran los hechos denunciados, por no demostrarse el uso del financiamiento recibido por el partido político para actividades distintas a sus fines y tampoco se acredita la responsabilidad del partido político, resultando infundada la queja”, sostuvo.
Al presentar el proyecto de resolución, el consejero Lezama afirmó que este casorepresenta uno de los retos más importantes que ha enfrentado el IEDF porque “toca las fibras más sensibles de la sociedad, por la gravedad de las imputaciones y las posibles violaciones de derechos humanos, particularmente, los derechos de las mujeres”.
Agregó que las investigaciones realizadas fueron exhaustivas e indicó que toda la resolución estará a disposición de la ciudadanía en la página del Instituto Electoral.
Fuente: Apro/ Excélsior
