Tras la ola de asesinatos y secuestros de numerosos universitarios perpetrados por el crimen organizado en el noreste del país –Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas–, miles de estudiantes están emigrando a planteles de Estados Unidos o de otros estados de México. Mientras varias universidades de la región cierran campus temporal o definitivamente, integrantes del Cártel del Golfo y de Los Zetas ofrecen a las autoridades universitarias “blindaje” a cambio de cuotas que van de los 100 mil a los 350 mil pesos mensuales.
Por Juan Alberto Cedillo
Alumnos y directivos universitarios asesinados o desaparecidos por el crimen organizado, autoridades escolares extorsionadas, miles de estudiantes que huyen al extranjero, desplome de las matrículas y campus de universidades cerrados, son parte de los “efectos colaterales” de la “narcoguerra” que azota al noreste de México — Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila— y que va a cumplir una década.
Tal es el panorama que describen a Proceso investigadores, académicos mexicanos y estadounidenses, directivos empresariales y hasta autoridades dedicadas a la procuración de justicia.
Así, por ejemplo, Guadalupe Correa Contreras, investigadora de la Universidad de Texas en Brownsville (UTB), explica en entrevista: “La violencia vinculada al crimen organizado se ha extendido hasta alcanzar las instituciones de educación superior. En el noreste del país consideremos el caso de dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey que murieron en una balacera, y sobre todo en el estado de Tamaulipas esta situación es evidente.”
Desde hace dos años, el crimen organizado que opera en Tamaulipas está “ofreciendo” a universidades privadas y colegios un “servicio de blindaje” para que no sufran atentados. Las extorsiones provocaron que la Universidad del Valle de México (UVM) en Reynosa suspendiera actividades temporalmente, mientras que la correspondiente a Nuevo Laredo cerró definitivamente.
EXTORSIONES Y ASALTOS
Además, directivos de la Cámara de Comercio y de escuelas privadas denuncian el cierre de dos colegios privados y amenazas a 18 más. Advierten que Los Zetas y el Cártel del Golfo llaman a las escuelas “ofreciendo” protegerlas a cambio de cuotas que van de 100 mil a 350 mil pesos mensuales.
En cuanto al campus Nuevo Laredo de la UVM, sufrió la visita de halcones, y en las inmediaciones del mismo circulaban camionetas con hombres armados, lo que obligó a los directivos a suspender clases definitivamente desde febrero pasado.
“Dada la seriedad de las amenazas, que incluían atentar directamente contra la vida de quienes forman parte de nuestra comunidad, tomamos la decisión, primero, de desalojar las instalaciones y cerrar el campus”, destacó el comunicado. Agregó que las autoridades locales ofrecieron apoyarlos, pero en septiembre, cuando el campus Reynosa sufrió amenazas, los militares vigilaron unos días, y, al retirarse, la institución “sufrió un asalto, por lo que consideramos que las situaciones de riesgo seguirán repitiéndose”.
DESAPARICIÓN DE RECTOR
La procuraduría estatal identifica a José Ismael Mendoza Falcón, “El Polimenso”, ex policía en los municipios de Miguel Alemán y Mier, como “el responsable de las amenazas que recibió el rector de la Universidad Valle de México campus Reynosa”.
La violencia también alcanzó a las facultades de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT). Los Zetas y el Cártel del Golfo cobran cuotas a maestros, y a los alumnos los obligan a comprar boletos de rifas cuyos premios nadie gana.
“En Tamaulipas hemos observado en los últimos años un ataque directo a planteles universitarios o a sus autoridades administrativas, incluso las del más alto nivel. Destacan los asesinatos del director de Recursos Humanos en 2012 y del coordinador del Programa de Valores de la UAT en 2011”, comenta Guadalupe Correa.
Por otra parte, se produjo “la desaparición de José Guadalupe Rivera Martínez, rector del campus Reynosa-Rhode de la UAT, en diciembre último. Es un hecho sin precedentes, que cimbró a las instituciones de educación superior en el estado”, agrega la investigadora de la UTB.
ÉXODO DE UNIVERSITARIOS
Correa subraya que los ataques directos a instituciones educativas desplazaron a estudiantes hacia Estados Unidos u otras partes del país, y estadísticas aplicadas en las universidades de Texas y de Nuevo León confirman un aumento en el éxodo de universitarios tamaulipecos.
Actualmente la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) atiende a alrededor de 40 mil estudiantes en 26 unidades académicas, facultades, escuelas y clases virtuales.
Registros de federaciones estudiantiles tamaulipecas establecen que unos 15 mil alumnos emigraron a otros estados y al extranjero.
Alla Paroiatnikova, directora ejecutiva de la UTB, indica al reportero que cuentan “con aproximadamente 400 estudiantes internacionales, 71% de los cuales provienen de México.
“La inscripción de los estudiantes mexicanos ha venido al alza en los últimos dos años. Tenemos muchas familias que mandan a sus hijos a estudiar aquí en Brownsville”, precisa.
BECAS PARA ALUMNOS
La matrícula de los alumnos procedentes de Tamaulipas, muestra que han salido de las ciudades más afectadas por la violencia: Matamoros, Tampico, Ciudad Victoria, Valle Hermoso y San Fernando, entre otros lugares, expone Paroiatnikova.
No obstante, el mayor flujo de migración lo registra el campus Nuevo Laredo de la Universidad de Texas A&M. En su campus internacional están inscritos alrededor de 7 mil alumnos, y más de 40% son de origen mexicano. Incluso algunos reciben un subsidio del gobierno de Texas para que no paguen matrícula como extranjeros, sino como residentes texanos, ya que la cuota semestral ronda los 5 mil 500 dólares.
La migración de estudiantes obligó al actual gobierno de Tamaulipas a ofrecer apoyos a los alumnos que estudian fuera del estado, con becas que van de 6 mil a 15 mil pesos semestrales si mantienen calificaciones arriba de 9.0.
ESTUDIANTES ASESINADOS
El 11 de abril de 2013, Cecilia, Marlyn, Cintia y Carlos, alumnos del séptimo semestre, terminaron temprano sus actividades en la Facultad de Contaduría y Administración del campus Monclova de la Universidad de Coahuila. Esa tarde decidieron irse a tomar unas cervezas. Abordaron un automóvil Stratus y enfilaron al kilómetro 18 de la carretera 57, rumbo a Sabinas.
Los cuatro jóvenes llegaron a un bar de la zona conocida como “California”. Se dieron cuenta de que estaban en el lugar equivocado cuando arribó una caravana de camionetas con hombres armados. Inmediatamente salieron del bar, subieron al auto y pretendieron alejarse lo más rápidamente posible.
Sicarios zetas observaron la precipitada huida. Los persiguieron por la carretera rumbo a Monclova… Asustados, los jóvenes aceleraron, y cuando escucharon las primeras detonaciones, una de las estudiantes avisó por celular a sus familiares que los perseguían y les estaban disparando. Al día siguiente cuatro familias acudieron a denunciar la desaparición de los alumnos ante la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Días después las autoridades informaron que el Stratus se encontró incendiado y con disparos de arma de fuego. Cinco halcones de Los Zetas que fueron detenidos confesaron que luego del ataque recibieron por sus radios la orden de remolcar el vehículo hasta la comunidad de Estancias, donde le prendieron fuego.
SUMAN 2O VÍCTIMAS EN NL
En Tamaulipas, fuentes de la procuraduría que solicitaron el anonimato señalan a Proceso que suman decenas los estudiantes “levantados” y desaparecidos por los cárteles locales. Calculan que alrededor de 44 alumnos han sido víctimas inocentes de la violencia que azota el noreste.
En Nuevo León, los estudiantes que han sido víctimas de violencia suman alrededor de 20. La racha comenzó el 19 de marzo de 2010, cuando Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, dos estudiantes de posgrado con beca de excelencia del ITESM, se encontraban preparando su próximo examen en la biblioteca del campus Monterrey.
Afuera de la institución, sobre la avenida Eugenio Garza Sada, pistoleros a bordo de una camioneta blindada se enfrentaban a miembros del Ejército.
En el interior de la biblioteca no se escucharon las primeras detonaciones. Así que cuando Jorge y Javier hicieron una pausa en sus estudios para salir a cenar, al caminar se dieron cuenta de que soldados estaban en el interior del campus disparando sus armas largas.
LOS ACUSAN DE SER SICARIOS
Los jóvenes fueron acribillados por el fuego cruzado. Los disparos que los alcanzaron también provinieron de fusiles de los elementos castrenses.
Al término de la refriega, los militares y los efectivos de la Procuraduría de Justicia de Nuevo León intentaron hacer aparecer a los estudiantes como sicarios. Los arrastraron hacia afuera de la institución provocándoles diversos golpes, les quitaron sus credenciales y les colocaron dos fusiles.
Horas después la procuraduría se llevaba los videos de las cámaras de seguridad del campus e informaba que dos “delincuentes” fueron abatidos por el Ejército.
“Es claro que no son los primeros estudiantes o personas en desaparecer o ser muertas por la violencia y el crimen que vive nuestro país. Se estima que 22 mil personas desaparecieron en el sexenio pasado. Muchas de ellas, acusadas correcta o incorrectamente de estar asociadas con el crimen organizado”, comenta el ex rector del ITESM Rafael Rangel, al cumplirse cinco años del crimen.
PIERDE ITESM 10% DE MATRÍCULA
“Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, fueron ejecutados en una de las entradas al Tecnológico de Monterrey. También, al igual que los estudiantes de Ayotzinapa, fueron desaparecidos y removidos de sus identidades después de ser ejecutados. Fueron acusados de ser parte del crimen organizado”, concluye.
Después del crimen, el Tecnológico sufrió una caída de alrededor de 10% en su matrícula. Además, tuvo que recortar cerca de 13% de su personal administrativo y modificar los contratos con sus catedráticos. Liquidaron a todos los que cobraban por nómina y los recontrataron por honorarios.
La violencia e inseguridad que priva en Coahuila y Nuevo León también obligó a las autoridades universitarias a recortar los horarios nocturnos.
OBSTÁCULO PARA EL DESARROLLO
De acuerdo con Guadalupe Correa, la violencia contra las universidades representa una gran limitación para el desarrollo económico, pues acelera la pérdida de capital humano.
“Tamaulipas es uno de los estados más importantes del país para las inversiones futuras en energía, y se encuentra perdiendo un recurso fundamental: su población educada y el capital humano, que es vital para el crecimiento del sector y del estado en general”, explica.
A su vez, Carlos Flores, integrante del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), asienta que los ataques contra dichas instituciones educativas son “una muestra de la erosión extrema de las condiciones elementales para el desarrollo de una sociedad, ya no digamos para su viabilidad y expectativas, que naturalmente se ven seriamente amenazadas cuando aquélla no ofrece mínimos de certidumbre para sus jóvenes”.
También advierte que se está desperdiciado el bono demográfico de México, ya que su juventud es víctima de violencia, se le discrimina y margina de opciones reales de desarrollo y, además, el Estado es incapaz de brindarle garantías mínimas para su vida. Enfatiza que el cierre de universidades tiene graves consecuencias para la sociedad, pero que las autoridades de Tamaulipas intentan minimizarlo.
Fuente: Proceso
