Al término de dos jornadas de evaluación a México, organizaciones de derechos humanos este martes en Ginebra, Suiza, que el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU (CED, por sus siglas en inglés) designe a un relator especial para dar seguimiento al caso Ayotzinapa.
En rueda de prensa, representantes de ONG, padres de los 43 normalistas y de desaparecidos en los estados de Chihuahua y Coahuila señalaron que Ayotzinapa representa un desafío para el Estado mexicano, pero también es muestra de una problemática más amplia y estructural que se ha mantenido debido a la impunidad.
También cuestionaron fuertemente las razones del cierre hace un año de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), instancia encargada de la investigación de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la “guerra sucia”.
Este lunes y martes el Comité de ONU evaluó por primera vez el cumplimiento de México respecto de sus obligaciones contraídas en virtud de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra la Desaparición Forzada, por lo que el viernes 13 emitirá sus conclusiones al respecto.
Stephanie Brewer, integrante del Centro Miguel Agustín Pro que acompañó a una delegación de familiares de las víctimas, resaltó que las ONG han solicitado que haya “una estrategia de seguimiento por parte del comité”.
Es por ello que la designación de un relator “no tendría que ser un nombramiento muy formal”, pero sí servir para garantizar que se cumplan las recomendaciones, aclaró Brewer.
El examen de la ONU a México estuvo enmarcado por la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, Guerrero, aunque el Comité abordó el tema de las desapariciones en nuestro país en general.
Cabe destacar que los integrantes del CED hicieron numerosas preguntas a México sobre la manera en que aborda y sanciona el problema de las desapariciones.
Sin embargo, una de las preguntas que quedó sin respuestas fue el número de víctimas de desapariciones forzadas que hay en México.
Es más, la delegación del gobierno mexicano admitió que carece de información específica, debido a que su base de datos es un instrumento que “todavía debe ser perfeccionado” y requiere de actualización.
“En el estado actual de nuestros registros no podemos decir que hay un registro exclusivo de desapariciones forzadas. No lo hay”, reconoció Juan Manuel Gómez Robledo, subsecretario de Asuntos Multilaterales de la SRE.
“Hay un registro que mezcla personas no localizadas y, eventualmente, personas desaparecidas forzadamente”, acotó. “Es algo que hay que corregir sin duda alguna”, concedió.
Vidulfo Rosales, asesor legal de los padres de familia de Ayotzinapa, sostuvo desde la Ciudad de México, durante la rueda de prensa en la que se hizo un enlace telefónico con Ginebra, que el Estado mexicano “se niega de manera reiterada a aceptar la desaparición forzada”.
Las autoridades mexicanas, acusó, están “diluyendo su responsabilidad”. Las desapariciones forzadas, agregó, son una “situación estructural”, debido a que se mantiene el “ciclo de impunidad”.
Hilda Legideño –madre de Jorge Tipaza, uno de los desaparecidos de Ayotzinapa–, quien viajó a Ginebra junto con Bernabé Abraham en representación de los padres de familia, dijo que tiene “la esperanza de que el Comité de Desapariciones Forzadas esté de observador a distancia”.
En la sesión del Comité de la ONU, el relator Luciano Hazan señaló que es necesario identificar modalidades para garantizar un futuro sin desapariciones forzadas en México y agradeció a las familias y a las ONG por la valiosa información proporcionada al CED.
El encuentro generó un interés sin precedente, destacó por su parte el relator Rainer Huhle en sus declaraciones de cierre, para luego exteriorizar su esperanza de que el interés en este “grave problema” en México persista.
En las sesiones, el gobierno de México reconoció la necesidad de superar retos en materia de desapariciones forzadas, pero aseguró que está trabajando en ese sentido.
Asimismo, anunció que para junio espera lograr la aprobación de una ley general de desaparición forzada con vigencia para todo el país.
En rueda de prensa al cierre de las sesiones, el embajador Gómez Robledo subrayó que “México se toma muy en serio estos ejercicios” de evaluación de la ONU. Para México, acotó, fue “una muy buena sesión en un contexto especialmente doloroso del acontecer nacional”.
También indicó que en unas dos semanas el comité enviará a México su informe de recomendaciones, “y evidentemente habrá luego que dar seguimiento y cumplimiento” a lo que emita el Comité de ONU.
Fuente: Proceso
