Un comentario le merecen al recién nombrado presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, el cardenal José Francisco Robles Ortega, los actos represivos del pasado 1 de diciembre: el gobierno mexicano tiene que asegurar la libertad de los ciudadanos para manifestarse y disentir. En entrevista con Proceso –la primera que concede desde que se hizo cargo de la arquidiócesis de Guadalajara– habla acerca de lo que podría representar el inicio del sexenio de Enrique Peña Nieto en un país tan lastimado…
Por Felipe Cobián/ Proceso
El nuevo presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) y arzobispo de Guadalajara, el cardenal José Francisco Robles Ortega, no hace declaraciones estridentes pero dice que espera un gobierno que cumpla sus promesas, que pacifique, que respete la libertad y la disidencia y que pueda ser cuestionado por sus decisiones.
Sucede al cardenal Juan Sandoval Íñiguez, conocido por ser huraño, duro y arrogante. Robles Ortega es cálido, cortés, sencillo, cercano a la gente y a los sacerdotes, como lo exigían presbíteros diocesanos que se rebelaron contra su antecesor.
Robles tiene varias encomiendas: Vicepresidente del recién concluido Sínodo de Obispos, desde hace tres años representa al Consejo Episcopal Latinoamericano (Celam) en Líderes Religiosos por la Paz, del que es moderador, y hace dos semanas fue nombrado miembro del Pontificio Consejo para las Comunicaciones.
Dentro de sus ocupaciones se da tiempo para atender a quien se lo solicite. Hasta a los periodistas, a veces incómodos. El martes 4 concedió a Proceso la primera entrevista desde que se hizo cargo de la arquidiócesis de Guadalajara en febrero pasado.
–¿Qué podemos esperar del cambio de gobierno con Enrique Peña Nieto? –le pregunta el reportero al décimo arzobispo tapatío.
–Siempre un cambio de gobierno nos lleva a renovar la esperanza de un pueblo, no obstante que siempre hay un margen de inconformidad, porque es obvio que en una democracia no se lleva todos los votos el que sale elegido. Pese a ese margen de inconformidad, según el marco legal el que salió es Enrique Peña Nieto.
“Al margen de esas dificultades siempre hay una esperanza de que México prospere, de que sea mejor para todos en renglones muy urgentes y delicados, como los de seguridad, educación, oportunidades de trabajo para todos, atención a la juventud.”
–En medio de las protestas en su toma de posesión y de la inseguridad generalizada ¿se puede cambiar? ¿No hay riesgo de que las cosas se agraven?
–No cabe duda de que el derecho a la manifestación, a la expresión del disentimiento debe permanecer, tiene que prevalecer. En lo que debemos tener mucho cuidado es en que esto no derive en actos vandálicos que vayan contra la ley, contra la paz, contra la justicia y sobre todo contra la integridad de las personas. Espero que este haya sido un brote violento desatinado y no vaya a ser la constante. El gobierno tiene que ser cuestionado en sus decisiones, en su desempeño y tiene que asegurar la total libertad de que la ciudadanía se manifieste por medios pacíficos y legales.
–Tras la guerra fallida del presidente Calderón contra el narcotráfico, ¿qué esperanzas podremos abrigar?
–Esperanzas de que esto se vaya resolviendo, sobre todo porque el presidente dice ser consciente de ese tema y de que debe ampliar la estrategia. No ha dicho puntualmente en qué aspectos o cómo la va a ampliar, pero debemos suponer que por la información que tiene y por su propia visión, sea una estrategia que pronto arroje resultados en la pacificación del país, sobre todo en las regiones más críticas.
–Luego de su elección como presidente de la CEM hay quienes hablan de un emparejamiento con el grupo Atlacomulco, pues usted fue obispo de Toluca y tiene amistad con Peña Nieto…
–El episcopado no hace esas consideraciones o esas motivaciones para elegir a sus servidores como dirigentes. Creo que en ningún momento, ni siquiera en broma o en pasillo, se consideran esos aspectos. La Conferencia del Episcopado lleva otra dinámica; que coinciden los tiempos de la elección de presidente de la República y la del episcopado es otra cosa, pero le puedo garantizar quela Conferencia del Episcopado en ningún momento, para fijarse en mí, tuvo en cuenta esos elementos.
–Se habla de que su nombramiento fue para salir avante en las prioridades dela Iglesia: familia, postura antiaborto, las bodas gays, la libertad religiosa…
–La postura de la Iglesia sobre temas como esos es muy definida. Yo soy un obispo de la Conferencia pero le puedo asegurar que lo que yo diga como presidente en esas materias es la postura del episcopado. Es invariable, es la misma, es la única. De tal manera que sea este gobierno que salió electo o hubiese sido otro, de otro partido, con otra persona, la Iglesia llevaría adelante su agenda, que es pastoral, que es evangelizadora y que trata de posicionar en la conciencia de la comunidad estos temas.
–¿Oposición total al aborto, a los matrimonios gays?
–Como tales, como matrimonio. Equiparar esas uniones con el matrimonio es un contrasentido; lo mismo el tema de la vida y de la libertad religiosa. En el marco constitucional ha habido avances y se buscarán más hasta lograr una verdadera libertad religiosa, que no contraviene ni se contrapone a un auténtico Estado laico.
–Un clérigo dentro del episcopado hablaba hace poco de que el sacerdote debería poder ser elegido para un cargo público, aunque el derecho canónico expresamente lo prohíbe…
–En una sociedad de absoluta libertad pudiera caber ese supuesto, pero desde el marco del derecho canónico –que es la disciplina que nos rige en la Iglesia– está excluida esa posibilidad.
(Extracto del reportaje que aparece en Proceso 1884, ya en circulación)
