Los abogados de Elia Tamayo, la madre del menor que murió tras una manifestación en Chalchihuapan, Puebla, anunciaron en conferencia de prensa que pedirán la exhumación del cuerpo de José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo para realizarle una segunda necropsia porque cree que el cráneo fue manipulado.
A través de fotografías de la primera prueba pericial practicada, mostraron, con permiso de la familia, que la herida en la cabeza no fue provocada por un cohetón como el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas ha insistido, sino por otro tipo de proyectil.
De acuerdo con activistas, familiares y la misma defensa, Moreno Valle y el titular de Seguridad Pública pretenden inculpar al pueblo de Chalchihuapan.
Pese a que se había negado en distintas ocasiones la utilización de balas de goma durante la administración de Moreno Valle, una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado (CDH-Puebla) publicada en diciembre del 2011, documenta que durante un desalojo a manifestantes en la localidad de Ciénega Larga, del municipio de Chignahuapan, ocurrido el 23 de agosto de aquel año, elementos de la Policía Estatal Preventiva (SSP) utilizaron estos proyectiles, además de gas lacrimógeno y petardos.
“La Procuraduría trata de justificar las lesiones asegurando que fueron causadas por un cohetón, pero un cohetón provoca una explosión y quemaduras. Si se dan cuenta en las fotografías, el menor no presenta ningún tipo de quemadura, lo que se puede apreciar es que una bala de goma golpeó su cráneo, lo cual le provocó una fractura”, explicó el abogado Mariano Pérez Ramírez.
Declararon que la primera necropsia se realizó de manera irregular y sin presencia de la defensa. Los cuatro litigantes plantearon que su objetivo es desmentir la declaración del Procurador Víctor Carrancá Bourget, quien aseguró, sin dictamen definitivo, que el niño fue herido por un cohetón de los manifestantes.
“Se está manipulando la prueba más importante que es el cadáver del niño, es obstrucción a la justicia, debieron permitir que estuviera un perito de parte de la defensa”, dijo el abogado Raúl Rodríguez de la Fuente.
Los abogados demandaron que el Gobernador, el panista Rafael Moreno Valle, solicite licencia al cargo para garantizar transparencia e imparcialidad en las investigaciones de la Procuraduría General de Justicia de Puebla (PGJE), pues aseguraron que desde el día en el que José Luis fue internado en el Hospital General Sur, las autoridades han intentado manipular los hechos.
Durante la rueda de prensa, los abogados recurrirán a instancias internacionales como la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH), aunque ésta pueda demorarse entre uno a siete años.
Dijeron que el fin es aclarar el caso de José Luis y el de los cuatro pobladores que fueron detenidos y procesadas por su presunta participación en los hechos.
Fuente: Sin Embargo
