Tras manifestar su rechazo a la violencia, la Cámara de Diputados pide aplicar la ley a responsables de los actos vandálicos del pasado 1 de diciembre, pero al mismo tiempo que se emprenda una investigación a fondo de los sucesos así como de quiénes los provocaron.
Las diferentes fracciones de la Cámara de Diputados exigieron la aplicación de la ley a los responsables de los actos vandálicos ocurridos el 1 de diciembre en las inmediaciones del Palacio Legislativo, Paseo de la Reforma y en el Centro Histórico.
En el desahogo de la agenda política de la sesión ordinaria en San Lázaro, los legisladores manifestaron su rechazo a la violencia y demandaron una investigación a fondo, al tiempo que exigieron la aplicación de la ley a quienes la provocaron el sábado anterior.
En representación del PRI, el diputado Arnoldo Ochoa Guzmán señaló que los hechos delictivos tienen que ser castigados en el marco estricto de la ley, toda vez que hubo conductas que nada tienen que ver con el ejercicio de la libertad de expresión y de manifestación que consagra la Constitución.
Llamó a todas las fuerzas políticas a unirse al rechazo a la violencia y privilegiar la política para que el Legislativo asuma el papel determinante que le corresponde con los otros Poderes de la Unión, en la recuperación de la paz y la tranquilidad que reclama la sociedad.
“Las bombas molotov no construyen democracia, ni la sociedad moderna a la que aspiramos todos, quienes queremos preservar el estado de Derecho”, enfatizó el legislador.
Por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), el diputado Roberto López Suárez reprobó los actos violentos cometidos, dijo, por “infiltrados”, es decir, individuos no identificados en una protesta pacífica.
Al mismo tiempo, exigió una investigación pronta y exhaustiva por el uso de la fuerza pública “excesiva” contra los manifestantes, así como por la utilización de balas de goma y gases lacrimógenos.
“El 1 de diciembre es un ejemplo de lo que no puede volver a pasar en esta ciudad”, expresó, al tiempo de mencionar su “extrañeza y preocupación” por la forma en la que se quiere criminalizar las manifestaciones públicas.
Por la fracción del PAN, el diputado Juan Jesús Aquino sostuvo que en los últimos 12 años, México ha consolidado su vida democrática con respeto a la libertad de expresión, manifestación y prensa.
Sin embargo, dijo, hay actores que no tienen esa vocación democrática y civil y aprovechan las libertades para trastocar la convivencia y sembrar confusión.
Indicó que pretender quebrantar o “mandar al diablo” a las instituciones constituye una amenaza para la vigencia del Estado de derecho y la democracia, además de que lastiman a terceros “sin la más mínima consideración, poniendo en peligro siempre a los más vulnerables”.
Por el Partido Verde Ecologista de México, Antonio Cuéllar Steffan, consideró que los actos vandálicos registrados el sábado no constituyen un reclamo legítimo del pueblo, ni tampoco es la voz o el sufrimiento de la mayoría.
Y finalmente, puntualizó que México no quiere seguir el camino de la violencia, la cerrazón y la agresión, y demandó una investigación a fondo para identificar y procesar a los responsables.
Fuente: Notimex
