Tres partidos opositores –Radical, por la Democracia y Socialista- exigieron al gobierno de Sebastián Piñera aceptar la realización de un plebiscito constituyente como punto de inicio para construir una salida a la crisis política y social que estremece al país desde hace dos semanas, que mantiene trastocada la vida cotidiana y sin atisbo de término.
Dicha exigencia es parte de un pliego petitorio que incluye otras demandas: aumento de 50 por ciento en las pensiones básicas (el gobierno propuso 20 por ciento) para llevarlas a 165 mil pesos, fijación de precios de los medicamentos, salario mínimo de 350 mil pesos, rebaja de salarios de los legisladores, transporte público gratuito para los adultos mayores y una reforma tributaria para crear un impuesto al patrimonio de los súper ricos.
“Tenemos que ir a lo fundamental y debemos partir por la primera contrapropuesta que es absolutamente clave para lo demás: hacer un plebiscito para una nueva Constitución es fundamental y que la ciudadanía se pronuncie democráticamente al respecto. Lo que el gobierno ha puesto sobre la mesa hasta ahora es insuficiente para dar cuenta de las protestas masivas de la ciudadanía”, dijo el presidente del Partido por la Democracia (PPD), Heraldo Muñoz.
Carlos Maldonado, titular del Partido Radical, comentó que “la agenda que ha planteado es insuficiente, timorata, mezquina; parece que no han podido leer y entender lo que pide la ciudadanía y la profundidad del malestar ciudadano o están tratando de ganar tiempo”.
Las manifestaciones, que entran ya en su tercera semana sin asomo de desgaste, arrojaron hasta ahora un saldo de 23 muertos (cifra reportada por la Fiscalía de Chile), más de mil 574 heridos en hospitales (473 por disparos de perdigones efectuados por la policía, con más de 157 personas con lesiones oculares irremediables), más de cuatro mil 326 detenidos y 132 querellas por tortura y violencia sexual, todo ello según datos entregados en sus reportes diarios por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).
Para mediados de la próxima semana, agrupaciones de camioneros anunciaron que endurecerán sus protestas en las carreteras y autopistas urbanas, demandando una rebaja en los peajes diferenciados por tramo y hora que les cobran las concesionarias privadas.
Ya se comienza a plantear que el año escolar en colegios y universidades, paralizado desde el inicio de las protestas, deberá ampliarse hasta mediados de enero e incluso marzo de 2020.
En decenas de comunas (distritos) de las ciudades del país, indistintamente sean pequeñas, medianas o grandes, se comenzaron a realizar centenares de “cabildos ciudadanos”. Se trata de reuniones abiertas a las cuales concurren los vecinos a plantear su visión de la crisis y cómo se sale de ella, y están teniendo amplia asistencia.
La vida cotidiana en Chile, inmerso en una larga serie de movilizaciones sociales que comenzaron el jueves 31, se desarrolla irregularmente, con el transporte público de autobuses y metro a medio funcionar; pero no han cesado las manifestaciones.
Tal vez el mejor resumen del estado de cosas, lo hizo el diputado Jaime Mulet, del pequeño partido Federación Regionalista Verde Social, quien pidió elecciones para elegir Presidente y nuevos parlamentarios, asegurando que todos “deberían presentar la renuncia”.
“Hemos presentado una propuesta para que nos vayamos todos los diputados y senadores, y hayan elecciones generales tanto de Presidente de la República, como de parlamentarios, incluso sin reelección”, dijo a un canal de televisión.
Desde el oficialismo, en señal evidente de desesperación, comienzan a proponerse ideas como que se condonen las deudas generadas a los universitarios por el Crédito con Aval del Estado (CAE), una política de financiamiento de la educación superior aplicada desde mediados de los noventa. Ella consiste en que la banca financie las carreras universitarias de cientos de miles de estudiantes, mediante créditos garantizados por el fisco y con tasas de interés reales del 6 por ciento, un negocio redondo. Hoy se estima que 870 mil jóvenes adeudan el equivalente a siete mil 500 millones de dólares, 40 por ciento de los cuales están morosos. Más de la mitad de estos créditos ya han sido “recomprados” por el fisco a los bancos.
El gobierno, por su parte, anunció que desistió de insistir en un proyecto tributario que, con el supuesto de impulsar inversiones, significaba una rebaja de impuestos por cerca de 800 millones de dólares a los multimillonarios. Abandonar esa iniciativa –defendida con uñas y dientes en los últimos dos años y definida como clave para reactivar la economía–, es otra muestra categórica de cómo el gobierno ha sido impactado por los acontecimientos y cómo está reajustando su agenda en una realidad totalmente convulsa y que no controla.
Fuente: La Jornada
