Periodistas de Baja California criticaron la política pública de comunicación social del gobierno de Francisco Vega de Lamadrid, que en tres años se ha traducido en acciones de acoso, hostigamiento y amagos contra reporteros de la región.
Más de 50 periodistas de medios impresos, electrónicos y de portales se reunieron este martes en Tijuana para exigir al gobernador panista el cese de ataques a la libertad de expresión y al libre ejercicio del periodismo desde su área de Imagen y Publicidad, que depende de la Dirección de Comunicación Social.
Por consenso, demandaron la destitución del director de esa oficina, Roberto Karlo López, y del coordinador de Imagen y Publicidad, Jorge Alberto Cornejo, a quien se ha señalado de instrumentar actos de censura y campañas negras contra periodistas, así como vetos en espacios noticiosos en los cinco municipios de la entidad.
De acuerdo con los comunicadores, las conductas de Cornejo Manzo son propias de la violencia institucional y representan un agravio a la libertad de expresión y al derecho de la sociedad a estar informada.
El pasado 11 de noviembre, 42 periodistas firmaron un documento para denunciar la situación adversa que ha impuesto la administración de Vega a quienes realizan trabajos críticos sobre la política y programas gubernamentales.
En este segundo pronunciamiento cuestionaron las campañas negras contra las periodistas Adela Navarro, codirectora del semanario Zeta, y Dora Elena Cortés, directora de la Agencia Fronteriza de Noticias.
También la incriminación en delitos fabricados a Antonio Heras Sánchez, colaborador de la revista Proceso, quien cuenta con amparo federal promovido por la organización Artículo 19, dado que se le investiga por ser dueño supuestamente de una agencia importadora de vehículos extranjeros que ha cometido varios fraudes.
A partir de una indagatoria de fraude, la Procuraduría General de Justicia del estado advirtió el 2 de noviembre que Heras estaba siendo investigado. No obstante, este martes la dependencia dio a conocer que se trataba de un homónimo.
Los periodistas inconformes también acordaron solicitar respuestas al gobernador y al presidente del Congreso local, así como a integrantes del gabinete estatal, sobre las peticiones realizadas hace tres semanas, pues la respuesta ha sido el silencio.
“El gobierno ha pretendido generar un clima negativo de nuestras demandas al asegurar que se trata de peticiones de contratos de publicidad, pero aquí es un asunto de libertades y derechos, no de pesos y centavos”, coincidieron los periodistas, quienes mantienen su petición de llevar a cabo una auditoría a Comunicación Social en pro de la transparencia y la rendición de cuentas de los 91 millones de pesos que ejerce ese organismo.
Fuente: Apro
