El Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) exigió al gobierno de Enrique Peña Nieto “enmendar” las actuaciones legales en el caso de las 22 personas muertas en Tlatlaya, Estado de México, luego de revelarse que los militares que intervinieron en los hechos tenían la orden de “abatir delincuentes en horas de oscuridad”.
En un comunicado, Marcia Aguiluz, directora de Cejil para América Central y México, se sumó al llamado de organizaciones de derechos humanos que exigen investigar a los altos mandos del Ejército para el esclarecimiento de la masacre, después de que el jueves pasado el Centro Prodh revelara la existencia de la “Orden General de Operaciones de la Base de Operaciones San Antonio del Rosario”, por la que se dan indicaciones de priorizar actividades nocturnas sobre las matutinas “a fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad”.
En el número de Proceso que circula esta semana, el 2018, se agrega que las indicaciones dadas al teniente Ezequiel Rodríguez Martínez, cabeza del grupo de militares que intervinieron en los hechos de Tlatlaya, respondían a la convicción del presidente Peña Nieto de que el narcotráfico es “la amenaza a la seguridad nacional, el más grande riesgo para la salud social, la más cruenta fuente de violencia”.
Luego de las revelaciones, la directora de Cejil consideró que “es urgente que el Estado mexicano replantee el curso actual de las investigaciones para enmendar lo actuado hasta el momento y realizar una investigación seria, dirigida a determinar la totalidad de los responsables de estos lamentables hechos”.
Lo anterior implica, puntualizó, “investigar la participación de los altos mandos militares que emitieron dicha orden”.
Marcia Aguiluz considera que a un año de los hechos “el Estado mexicano no ha cumplido con su deber de investigar las graves violaciones a derechos humanos”, por lo que “está faltando a su deber de debida diligencia”.
La organización recordó que sobre este caso “la versión oficial aseguró que todas las muertes sucedieron como consecuencia de un enfrentamiento”, pero el testimonio de una de las tres mujeres sobrevivientes, Clara Gómez González, confirmó que las víctimas “habían sido ejecutadas después de finalizado el enfrentamiento”, en tanto que la CNDH estimó entre 12 y 15 el número de masacrados de manera extrajudicial.
Sobre el documento dado a conocer por el Centro Prodh, la directora de Cejil advierte que si bien en el planteamiento hay indicaciones sobre el respeto a derechos humanos, “la contundencia” del párrafo en el que se ordena “abatir delincuentes”, acotó, “genera al menos confusión que en contextos de lucha contra el crimen organizado, como el mexicano, favorece la arbitrariedad y el abuso del poder”.
También hizo un llamado para que las autoridades mexicanas “respeten los derechos de las víctimas sobrevivientes, se les proteja y se les participe en todas las etapas de investigación”, así como proteger a los defensores que acompañan el caso, “escuchando sus recomendaciones para reencauzar estos procesos en el menor plazo posible”.
Aguiluz recordó que México está obligado a investigar “efectivamente la privación del derecho a la vida” y determinar “las responsabilidades de todos los actores y partícipes, especialmente cuando están involucrados agentes estatales”, de acuerdo con la Convención Americana de Derechos Humanos.
Además, apuntó que Cejil “se suma a las voces de numerosos actores locales e internacionales que exhortan a las autoridades mexicanas a cumplir con sus obligaciones internacionales de garantizar el acceso a la justicia, verdad y reparación”.
Fuente: Proceso
