Fabricación de expedientes, testigos inducidos, evidencias obtenidas ilegalmente y violaciones al debido proceso derivaron en la caída de 74 casos judiciales en contra de personas presuntamente vinculadas al narcotráfico durante el sexenio de Felipe Calderón, publica El Universal.
La Procuraduría General de la República (PGR) fue clave en la fallida lucha contra el narcotráfico del calderonismo. La evidencia son las investigaciones que inició en el sexenio pasado contra 74 personas, a quienes imputó delitos como delincuencia organizada, y quedaron libres por fallos judiciales emitidos entre 2010 y septiembre de 2014, ya que la autoridad fue incapaz de sustentar con pruebas las acusaciones, fabricó expedientes, recurrió a testigos inducidos, evidencias obtenidas ilegalmente o validó operativos ilícitos del Ejército o Policía Federal, entre otras irregularidades que derivaron en violaciones al debido proceso y a las garantías de inculpados.
Las resoluciones del Poder Judicial de la Federación ponen así en evidencia los errores de la dependencia —algunos de ellos dolosos—, y revelan un patrón de actuación irregular de la PGR en la administración anterior.
El jurista Miguel Carbonell y el ex subprocurador de la PGR, Samuel González, coinciden en que esta cadena de fallos adversos para el Ministerio Público Federal se incrementará, por los juicios que están aún en proceso y podrían tener la misma conclusión, ya que los expedientes que se integraron no aprueban ante los estándares de garantías y apego al debido proceso que se aplican ahora.
Hubo “intención dolosa”
Rodolfo de la Guardia, ex director de Interpol México, quien estuvo en prisión cuatro años por la llamada Operación Limpieza y fue absuelto en 2012, en entrevista con EL UNIVERSAL señala que “se actuó con intención dolosa, a través de manipulación o maquinación de la ley, se fabricaron evidencias, se abusó del uso del testigo protegido, y así lo indican decenas de fallos del Poder Judicial”.
Dijo que “al final se hizo justicia”, ya que las resoluciones establecen que no había evidencia de los delitos imputados, “y lo mismo a un policleto, un subprocurador o un presunto capo, a todos se les violó el principio de inocencia y el debido proceso”.
Lo grave, asegura, es que ninguna autoridad ha sido sancionada. Su despacho representa a varios de los agraviados que han presentado 15 denuncias contra quienes resulten responsables, y esperan que en las investigaciones se revise la labor tanto de Ministerios Públicos como de los ex procuradores Eduardo Medina Mora, Arturo Chávez y Marisela Morales Ibañez, en cuyas gestiones se consignaron estos casos, en los que también influyeron irregularidades de la Policía Federal de Genaro García Luna u operativos ilegales del Ejército en la gestión de Guillermo Galván.
Impartición de justicia a prueba
La Operación Limpieza de 2008 para depurar instituciones de seguridad es emblemática: 13 acusados fueron exonerados, y en todos los casos los jueces encontraron graves anomalías en la labor de la PGR.
En la sentencia absolutoria del 1 de agosto de 2012 que se dictó en favor de Rodolfo de la Guardia y Ricardo Gutiérrez, ambos ex directores de Interpol, se concluyó: “no resulta verosímil lo descrito por los testigos colaboradores (cinco en total); se pone en evidencia la mendacidad con la que se condujeron, sus declaraciones carecen de valor probatorio”.
Antonio Mejía , ex agente federal y Miguel Colorado González, ex coordinador general técnico de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), a quienes nueve testigos protegidos acusaron de colaborar con los Beltrán Leyva, fueron los últimos en salir de prisión este año.
El juez concluyó el 26 de febrero pasado: “las acusaciones carecen de valor probatorio; los testigos colaboradores no se condujeron con verdad, declararon sobre hechos que nos les constaban”, y los recursos de los servidores fueron obtenidos legalmente.
El 15 de abril de 2013, en la exoneración del ex zar antidrogas, Noé Ramírez Mandujano, el juez determinó que no se presentó ninguna prueba en su contra, nicometió irregularidades como subprocurador. Además, “en relación con el principal testigo colaborador con nombre clave Jennifer, éste mintió y otras declaraciones de testigos se obtuvieron de manera ilegal (…) se advirtió una posible fabricación de pruebas”, por lo que ordenó a la PGR investigar los hechos.
Seis militares acusados en mayo de 2012 —en la gestión de Marisela Morales—, de colaborar con los Beltrán Leyva, entre abril y julio de 2013 fueron liberados; en la actual administración la PGR presentó ante juzgados conclusiones no acusatorias, y admitió el indebido uso que se hizo de los testigos protegidos, así como la inexistencia de pruebas para demostrar los cargos que llevaron a prisión a los generales Tomás Ángeles Dauahare, Roberto Dawe González, Ricardo Escorcia Vargas, Rubén Pérez Ramírez, Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto y el teniente Iván Reyna Muñoz.
Se suma el expediente contra el ex comisionado de la Policía Federal, Javier Herrera Valles, detenido en noviembre de 2008. Un juez decretó su libertad en septiembre de 2012, y determinó que hubo evidencias falsas y los testigos protegidos mintieron.
Para el ex subprocurador Samuel González, estos casos “fueron una burda fabricación de culpables, en la que quedó de manifiesto el dolo con el que se operó, con una utilización fraudulenta de testigos protegidos que dijeron lo que quería la PGR, por lo que se tiene que investigar quién armó los expedientes”.
Con el mismo patrón el llamado “Michoacanazo” resultó un fracaso. Fueron absueltos los 35 servidores detenidos de forma espectacular en mayo de 2009 (16 altos funcionarios, un juez local, 11 alcaldes y siete policías), cuya aprehensión se publicitó como el desmantelamiento de una extensa red de corrupción ligada al cártel de La Familia.
Una larga lista
Miguel Carbonell expone que “en el sexenio pasado hubo excesos que violaban los derechos fundamentales y el debido proceso. Cuando se desprecian los principios jurídicos, cuando se rebasa por una estrategia política el estado de derecho, el resultado que se tiene es esta cadena de errores”.
“La buena noticia de todo esto es que el Poder Judicial de la Federación ha ido construyendo nuevos estándares del debido proceso legal, se ha ido al fondo, y lo ha hecho con valentía, con inteligencia, privilegiando el debido proceso legal, en cuanto a las consecuencias de ciertas detenciones, al nivel de exigencias a la PGR, hay jueces que están decididos a hacer su trabajo”, señala el jurista.
El 24 de cencia y al derecho fundamental de inviolabilidad del domicilio, hubo un cateo ilegal del Ejército, se obtuvieron pruebas ilícitas”, y los nueve testigos protegidos que se utilizaron en su caso fueron inducidos.
El empresario jalisciense Juan Llaca Díaz de León, supuesto socio del traficante de metanfetaminas Zhenli Ye Gon, quedó libre en 2010; el Juzgado Décimo Octavo en Procesos Penales Federales en el DF determinó que los cargos “no se acreditan ni aún en forma indiciaria”, e incluso “dada la contradicción entre los diversos peritajes emitidos por la PGR, no se logró acreditar que la sustancia asegurada al procesado se trate de un narcótico o precursor químico”.
En diciembre de 2011, diez meses después de su detención, Luis Miguel Rojo Ocejo, El Oso Rojo, presunto operador financiero de Los Zetas en San Luis Potosí, e implicado en el ataque a dos agentes de Estados Unidos en esa entidad, fue exonerado de delincuencia organizada.
El fallo de la causa penal 209/2011 indica que la versión de los policías federales que lo detuvieron en febrero “no es creíble ni verosímil respecto de la forma y circunstancias de la aprehensión”, y las pruebas recabas por el Ministerio Público “no son aptas ni bastantes”.
La relación incluye a Gregorio Sánchez, candidato al gobierno de Quintana Roo, detenido el 25 de mayo de 2010 por presuntos nexos con el cártel de Los Zetas, pero ante la falta de evidencias en julio de 2011 quedó libre, y aunque la PGR lo reaprehendió ya que era investigado por lavado de dinero, en agosto de ese año un juez negó la orden de aprehensión ante la inexistencia de pruebas.
En junio de 2011 el ex alcalde de Tijuana, Jorge Hank Rhon, fue detenido por el Ejército y consignado con diez personas por posesión de 88 armas en su casa de Baja California. La PGR validó la operación, pero un juez dijo que las pruebas fueron obtenidas ilícitamente: “la ausencia de flagrancia, impedía a la autoridad actuar como lo hizo. El parte informativo fue desvirtuado y se demostró que la intromisión a los domicilios fue ilegal”.
Para el jurista Carbonell “hay que ver caso por caso para determinar en cuáles hubo negligencia o descuido profesional, y cuándo se inventaron acusaciones y fabricaron testigos. También está el aspecto de la repara ción del daño y dar paso a los procesos de responsabilidad administrativa o penal de los funcionarios públicos que incurrieron en estas anomalías, porque de lo contrario sería un mensaje de impunidad”.
Fuente: El Universal
