Cuatro ex presidentes municipales de Juárez surgidos del Partido Acción Nacional interpusieron un amparo colectivo ante el juez federal en contra del acuerdo mayoritario del Ayuntamiento para otorgar protección policial al alcalde Héctor Murguía Lardizábal y a su jefe de policía Julián LeyzaolA.
Encabezados por el exgobernador Francisco Barrio Terrazas, los también exalcalde panistas Ramón Galindo Noriega, Gustavo Elizondo Aguilar y Jesús Alfredo Delgado Muñoz, rechazaron la medida que pretende brindar escoltas a Murguía y Leyzaola, una vez que culmine la actual gestión, el 10 de octubre entrante.
En la actualidad, según una investigación de El Diario, al menos 40 elementos de la policía municipal con vehículos blindados son quienes participan en la seguridad de Murguía Lardizábal y su familia, así como del jefe de la corporación preventiva.
El recurso de impugnación se presentó este jueves durante la mañana ante el Poder Judicial de la Federación y fue radicado en el Juzgado Cuarto de Distrito, cuyo titular es Alberto Emilio Cardona.
Previamente, la organización civil Plan Estratégico de Juárez, encabezada por el empresario panista Miguel Fernández iturriza, convocó a suscribir un amparo colectivo al que se sumaron varias organizaciones no gubernamental y el cual fue suscrito por al menos mil 600 ciudadanos juarenses que acudieron el llamado que tuvo gran difusión en las redes sociales.
Exembajador en Canadá, Barrio Terrazas reapareció en la escena pública para sumarse a la protesta contra el acuerdo que impone al nuevo gobierno de Enrique Serrano la obligación de brindar escoltas con fondos del erario público.
“Nos pareció que era incorrecto, injustificable, y nos planteamos en llegar a este extremo de solicitar el amparo”, dijo el exgobernador en una rueda de prensa. “Si se hubieran establecido bien los motivos, el costo, algo que fuera razonado, quizá no nos opondríamos”.
“Queremos que se deje sin efecto esa decisión”, explicó Gustavo Elizondo tras advertir que esto no es una campaña para dañar a Murguía, sino más bien están en contra por la forma y lo que se aprobó sin consenso ciudadano.
El acuerdo aprobado por los regidores —el pasado 8 de agosto—, abundó Elizondo, además no precisa cantidades, ni tiempo, ni montos que serían destinados a ese propósito.
En la conferencia de prensa en la que también participó el exsenador Ramón Galindo Noriega no así Jesús Alfredo Delgado, se hizo una estimación de los gastos que supondría dotar de escoltas al alcalde y a su jefe policiaco, una vez que concluyan su encargo.
Considerando los incrementos salariales que se han venido dando históricamente a los elementos de seguridad pública, en 10 años llegaríamos a la cantidad de 151 mil 463 millones, con un promedio de 9 millones 504 mil pesos por año, según esos cálculos.
Ello, desde luego, sin considerar el costo de los vehículos que utilizan, el mantenimiento preventivo, llantas, combustibles, lubricantes, viáticos. Esa suma sería equivalente a construir 150 aulas en nuestra ciudad, se informó.
El amparo ataca cuatro aspectos fundamentales del acuerdo, según los exalcaldes:
1. La afectación económica que sufre la ciudad.
2. El trato diferenciado que se da a estas dos personas con relación el resto de los ciudadanos.
3. El acuerdo no está fundado ni motivado, es ilegal,
4. Resulta ambiguo, al asignar escoltas de manera permanente, durante un término prudente y sin que se precise la cantidad de escoltas.
Con información de El Diario
