Por Mark Stevenson/ AP
El gobierno mexicano busca darle un giro lingüístico a la guerra contra los cárteles de la droga, en parte tratando de convencer a la gente de que no se trata de una guerra. Los portavoces del gobierno tienen instrucciones de no emplear los términos usados por criminales que se han permeado al discurso público.
“Si queremos recuperar las calles, primero debemos recuperar las palabras”, dijo el portavoz de la Secretaría de Energía, Víctor Avilés Castro.
La delincuencia organizada “ha terminado por imponer su lenguaje a los medios al lograr que se vuelvan de uso común palabras como ‘levantón’ (secuestro), ‘encajuelados’ o ‘encobijados’ (términos usados para describir dónde es dejado un cadáver, en una manta o en el maletero de un coche), entre otros”, dijo.
La medida tuvo una reacción mixta el lunes, un día después que las autoridades de la Secretaría de Gobernación (Interior) anunciasen los cambios en una conferencia de especialistas de relaciones públicas de organismos estatales y federales de seguridad pública en Acapulco, un balneario que ha sido escenario de violencia relacionada con el tráfico de drogas.
“La actual administración federal implementó un nuevo esquema de comunicación en materia de violencia e inseguridad que ha reducido el énfasis que se hacía respecto a la ‘guerra con la delincuencia”’, dijo la Secretaría de Gobernación en un comunicado de prensa. “Sin embargo, continúa la secuela de la metáfora de la guerra, por lo que es necesario cambiar a través de la comunicación esa percepción”.
Diarios mexicanos reaccionaron con sorna a algunas de las propuestas. El diario Milenio mostró una caricatura que mostró a un funcionario del gobierno proponiendo “en lugar de encobijado, diremos: sujeto envuelto en un cobertor, pero está bien frío”.
El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ha prometido reducir la violencia en México, pero los críticos dicen que hasta ahora eso ha significado simplemente hablar menos del asunto.
Alejandro Hope, analista de seguridad y ex alto funcionario de inteligencia de México, dijo que la iniciativa es buena, pero hizo notar que algunas cosas no han cambiado respecto al gobierno previo, como la premura para convencer a los mexicanos de que todo el mundo muerto en la guerra contra el narco era un delincuente.
Esto “es similar al problema de la presentación de los detenidos, que es juzgarlos antes de llegar al juicio”. Sobre el esfuerzo para evitar estas presentaciones Hope opinó: “está bien, me parece correcto que se haga, vamos a ver qué tan exitosos son en hacerlo”.
El viernes, la Secretaría de Gobernación publicó un reporte de muertes causadas por la violencia en marzo. El boletín dijo que de 1.101 homicidios dolosos, 1.036 eran “personas presuntamente responsables de hechos ilícitos vinculados a averiguación previa, 40 servidores públicos caídos en el cumplimiento de su deber y 25 personas presumiblemente ajenas a los hechos”.
Sin embargo, muchos expertos dicen que la mayoría de esas muertes son poco investigadas y los motivos e identidad de los asesinos raramente son establecidos claramente.
“Yo creo que esto refleja la tensión que se vive dentro del propio gobierno. Entre por un lado tratar de diferenciarse de la política de (el ex presidente Felipe) Calderón y por el otro lado, mantener la noción de la violencia está en otra parte, que no le toca al ciudadano común”, dijo Hope.
Las nuevas medidas fueron puestas a prueba horas después de que el domingo se encontraran siete cadáveres en el patio de una casa en la ciudad turística de Cancún, el destino de playa caribeño que se había visto ajeno a la violencia por el tráfico de drogas que afecta a otras ciudades en México.
Las autoridades en Cancún hicieron casi todo igual que siempre: presentaron a la prensa a dos sospechosos y dijeron que las víctimas al parecer eran traficantes independientes de drogas que fueron asesinados por gente del Cártel del Golfo. Dos de las víctimas fueron parcial o totalmente decapitadas.
Gaspar García Torres, procurador de justicia del estado de Quintana Roo, donde se ubica Cancún, aseguró: “No hay una cuestión dirigida a la población civil”.
Tampoco “hay una cuestión que ponga en riesgo al turista”, agregó.
