Mientras Estados Unidos avisó al Ministerio de Justicia de Italia que solicitará la extradición de Tomás Yarrington, México se limitó a solicitar informes sobre la ubicación del ex Gobernador de Tamaulipas, publica este miércoles el diario Reforma.
De acuerdo con el cotidiano, esto se desprende de los documentos enviados por las embajadas de ambos países al Gobierno italiano el pasado lunes, un día después de la detención de Yarrington en Florencia.
A través de Cristina Posa, agregada del Departamento de Justicia de la Embajada de los Estados Unidos en Roma, el Gobierno estadounidense anunció que pedirá formalmente la extradición de Yarrington a más tardar el 24 de mayo.
Además, solicitó a las autoridades italianas mantenerlo preso por el alto riesgo de fuga.
México a su vez únicamente requirió detalles sobre el estatus del caso y el lugar de internamiento del ex Mandatario, como indica la carta enviada por el Embajador Juan José Guerra Abud.
Según Reforma, la comunicación estadounidense fue dirigida a Stefano Otilio, el funcionario del Ministerio de Justicia encargado de la cooperación internacional, con copia a la Corte de Apelaciones de Florencia, a la que corresponde emitir la opinión legal sobre la extradición.
“Es altamente probable que si Yarrington es liberado en Italia a la espera de completar el trámite de extradición, se fugará para evitar dicha extradición y el proceso penal en Estados Unidos”, explica Posa.
El documento detalla la historia del tamaulipeco, la forma en que huyó de Estados Unidos en 2013 dejando atrás a su amante, Sindy Chapa, y al hijo que procreó con ella.
“Los Estados Unidos conocen el hecho de que Yarrington ha desarrollado una vasta red de contactos en el exterior, a causa de sus actividades ilícitas y por la posición que ocupó como gobernador”, dice la misiva estadounidense.
El documento de México es de dos párrafos, firmado por Guerra Abud y dirigido a la Corte de Apelaciones de Florencia.
Dicho escrito fue dirigido a Marcelo Viola, Procurador General asignado a la Corte de Apelaciones, “pidiendo informes sobre la situación que guarda el proceso de extradición”.
Fuente: Reforma
