Corte federal lo acusa junto a su cuñado Óscar Gómez de robar dinero al gobierno de Tamaulipas para crear empresas ‘fantasma’ y abrir cuentas bancarias en el Valle de Texas.
El Departamento de Estado de Estados Unidos (EU) envió la solicitud formal de extradición contra el exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, por presuntamente operar una red de empresas fantasma que lavaron 300 millones de pesos.
El político priísta y su cuñado Óscar Manuel Gómez Guerra son acusados de robar dinero público del gobierno de Tamaulipas, mediante contratos falsos para un banco de alimentos, compra de tecnología y otros medios ilegales.
La primera audiencia está agendada para este jueves, a las 3 de la tarde, en el Centro de Justicia Penal Federal. El juez de distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio en Ciudad Victoria, Raymundo Serrano Nolasco, llevará el proceso, de acuerdo con el expediente 1/2017.
Para enfrentar la extradición, el equipo de abogados del exmandatario ha incorporado un nuevo elemento: el litigante José Refugio Rodriguez Núñez, uno de los abogados de Joaquín Guzmán Loera, se encargará de analizar el caso que será expuesto en su totalidad en el encuentro judicial.
A partir de hoy el exgobernador tendrá 72 horas para oponerse o aceptar la entrega a Estados Unidos.
El Departamento de Estado enviará todo el expediente traducido a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). A su vez, ésta lo entregará a la Procuraduría General de la República (PGR), quien se encargará de ponerlo en manos del juez Raymundo Serrano Nolasco para que determine si procede o no la extradición.
La resolución y el expediente volverán a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la SRE, donde tomarán la decisión final. La defensa puede promover un amparo y el proceso podría llevar hasta un año o año y medio.
Hernández Flores fue aprehendido e ingresado al penal de Ciudad Victoria el viernes 6 de octubre. Cinco días después, el juez segundo penal, Juan Manuel Ham Cortes, dictó auto de formal prisión por ser presunto responsable de los delitos de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El expediente 1/2017 refiere que la Corte Federal de Distrito para el Distrito Sur de Texas acusa a Eugenio Hernández y a su cuñado Óscar Manuel Gómez Guerra de diseñar y ejecutar “varias maquinaciones con el fin de robar dinero al gobierno de Tamaulipas, lo anterior realizando contratos falsos” entre el 2005 y mayo de 2015.
La investigación norteamericana precisó que durante el mandato de Hernández Flores, Gómez Guerra ayudado por el empresario Guillermo Flores Cordero y más personas crearon empresas ‘fachada’ y abrieron cuentas bancarias en el Valle de Texas. Para ello, falsificaron documentos que entregaron a los bancos Inter National Bank y Lone Star Bank of Comerse.
“Una vez que las cuentas de los bancos estadounidenses de aperturaron y el dinero se envió a las cuentas de las empresas fantasmas, los conspiradores recibieron sus pagos en cuentas bancarias particulares. Óscar Manuel Gómez Guerra tomó su parte y los fondos restantes fueron depositados en un cuenta nominada a nombre de coconspirador de la cual la investigación reveló estaba para el beneficio de Eugenio Javier Hernández Flores.”, informó el gobierno estadounidense.
Los testimonios indicaron que Óscar Manuel Gómez Guerra, casado con Elsa Hernández Flores, manejó las actividades ilícitas, compra de propiedades y cuentas bancarias, bajo las indicaciones del entonces mandatario tamaulipeco Hernández Flores.
Gómez Guerra también es señalado por ‘inflar’ contratos legítimos del gobierno de Tamaulipas para beneficiar a las compañías que accedieran a pagar un ‘diezmo’. Al analizar los documentos, menciona la acusación, se identificó que los excedentes en los costos eran transferidos a cuentas de la familia Gómez Hernández y Hernández González.
El proceso contra el político comenzó cuando la embajada norteamericana en México envío la nota diplomática 17-3953, firmada por el ministro consejero William H. Duncan, para solicitar la captura del tamaulipeco a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Al día siguiente, la PGR recibió el oficio ASJ-36286 de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la (SRE).
Fuente: Animal Político
