Con el fin de ejercer mayor presión sobre Cuba, el gobierno del presidente Donald Trump anunció el miércoles que permitirá demandas contra empresas extranjeras que hayan hecho negocios en propiedades confiscadas a estadounidenses por el gobierno cubano tras la revolución cubana de 1959.
La decisión representa un cambio en más de dos décadas de política estadounidense hacia La Habana y un golpe a los esfuerzos de La Habana para atraer inversión extranjera a la isla de gobierno comunista.
Durante una conferencia de prensa en Washington, el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, dijo que no renovará una prohibición a las litigaciones, que ha estado vigente desde hace dos décadas.
El anuncio de Pompeo da a los estadounidenses el derecho de demandar a las compañías que operan en hoteles, negocios tabaqueros, destilerías y otras propiedades que Cuba nacionalizó después de que Fidel Castro tomara el poder. Permite que los cubanos que se convirtieron en ciudadanos estadounidenses años después de que se les quitaron sus propiedades puedan presentar demandas.
“Esas oportunidades de justicia para los ciudadanos han estado fuera de nuestro alcance durante dos décadas“, declaró Pompeo.
El gobierno del presidente Donald Trump ha estado tomando medidas para aislar al asediado mandatario venezolano Nicolás Maduro, quien se aferra al poder con la ayuda de otros países, entre ellos Cuba, China y Rusia.
La nueva política en contra de La Habana podría asestar un duro golpe a los esfuerzos de Cuba para atraer inversión extranjera, y generar disputas comerciales entre Estados Unidos y Europa.
El anuncio era anticipado, provocando respuestas airadas en Canadá y Europa, cuyos gobiernos se comprometieron a proteger sus negocios de posibles demandas judiciales estadounidenses.
La portavoz del gobierno de España, Isabel Celaá, informó el miércoles que las autoridades ofrecerán apoyo a cualquier empresa española afectada por posibles demandas de Estados Unidos contra empresas extranjeras en Cuba. Celaá no se explayó sobre la forma que podría adoptar el apoyo del gobierno español.
España tiene grandes inversiones en hoteles y otros sectores relacionados con el turismo en Cuba.
Celaa dijo a los periodistas, tras la reunión semanal del Consejo de Ministros, que Madrid entiende que la Unión Europea también tiene la intención de apoyar a las empresas europeas con intereses comerciales legítimos fuera del bloque.
Asimismo, la Unión Europea advirtió que está preparada para proteger los intereses de las firmas europeas o personas que hagan negocios en Cuba que podrían verse afectadas por las anunciadas demandas estadounidenses.
El vocero de la Comisión Europea, Alexander Winterstein, dijo que la UE “está preparada para proteger los intereses europeos, incluyendo las inversiones europeas y las actividades económicas de los individuos y entidades europeos en sus relaciones con Cuba”.
Winterstein enfatizó la “firme oposición (de la UE) a la aplicación extraterritorial de medidas restrictivas unilaterales, que considera contrario a la ley internacional”.
Se ha negado a decir qué medidas están siendo sopesadas.
Tras el anuncio, se prevé que el asesor estadounidense de seguridad nacional John Bolton discuta la nueva política durante un discurso en Miami, en donde residen miles de exiliados e inmigrantes de Cuba, Venezuela y Nicaragua.
El discurso en la Asociación de Veteranos de Bahía de Cochinos se realizará en el 58vo aniversario de la fallida invasión estadounidense a la isla, en un intento de derrocar al gobierno cubano.
Johana Tablada, subdirectora de Cuba para asuntos estadounidenses, tuiteó imágenes sobre la votación en la ONU contra el embargo estadounidense realizada a finales del año pasado, y escribió: “Antes de que se encaramen eufóricos en la cresta de la ola de su maldad y mentiras, he aquí un toque de realidad. En verdad, el mundo le dijo a John Bolton y al gobierno de Estados Unidos que elimine su bloqueo criminal contra Cuba y la Ley Helms-Burton”.
La ley de 1996 les otorga a los estadounidenses el derecho a demandar a las compañías, en su mayoría europeas, que operan hoteles, fábricas de tabaco, destilerías y otras propiedades que Cuba nacionalizó después de que Fidel Castro tomó el poder. Incluso permite las demandas de cubanos que se nacionalizaron estadounidenses años después de que sus propiedades fueron expropiadas.
Canadá, Francia, España, Gran Bretaña y otros países con grandes inversiones en Cuba han manifestado su rechazo a la ley y amenazado con demandar ante la Organización Mundial de Comercio en caso de que Washington intente interferir con los vínculos comerciales entre Cuba y alguna otra nación soberana.
“La aplicación territorial del embargo de Estados Unidos es ilegal es contraria al derecho internacional”, dijo Alberto Navarro, embajador de la UE ante Cuba. “Yo, personalmente, lo considero también inmoral, y ahí están los 60 años que lo único que aportó el embargo es sufrimiento al pueblo cubano”.
Las aerolíneas y cruceros estadounidenses que llevan a cientos de miles de vieros a Cuba cada año, aparentemente estarían exentas.
Cada presidente estadounidense desde Bill Clinton ha suspendido una cláusula de la ley para evitar esas disputas comerciales y las posibles demandas en masa que evitarían cualquier acuerdo a futuro con Cuba sobre las propiedades nacionalizadas. Cuba ha indicado que está dispuesta a reembolsar a los dueños de las propiedades confiscadas, pero sólo si el gobierno comunista también es reembolsado por los miles de millones de dólares en daños generados por las seis décadas de embargo comercial estadounidense.
El anuncio se hizo en un momento de grave debilidad económica en Cuba, que pasa apuros para encontrar fondos suficientes para importar alimentos básicos y otros suministros después de la caída en la ayuda proveniente de Venezuela y una serie de años negativos en otros sectores económicos.
Las inversiones extranjeras han aumentado ligeramente en Cuba en los últimos años, pero permanecen muy por debajo de los niveles necesarios para recapitalizar la dilapidada infraestructura de la isla.
No se prevé que la decisión del gobierno de Trump ahuyente a algunos de los principales inversionistas extranjeros, como la compañía francesa Pernod-Ricard, fabricante del ron Havana Club, o las cadenas hoteleras españolas Meliá o Iberostar, pero podría representar un enorme obstáculo para nuevas inversiones de compañías del exterior.
“Perjudicará las posibles inversiones en Cuba. No provocará que se retiren las personas que ya invirtieron en Cuba”, dijo Phil Peters, director del Cuba Research Center, un organismo con sede en Arlington, Virginia, que fomentó relaciones más cercanas con la isla y ha brindado asesoría a compañías estadounidenses que buscan invertir.
Peters agregó que cree que la nueva medida podría perjudicar los esfuerzos del gobierno federal para derrocar a Maduro con la ayuda de aliados como España.
“Hay muchos países interesados en ayudar a que Venezuela se recupere pronto después de Maduro, pero no están interesados en librar una guerra económica contra Cuba”, destacó Peters.
Un funcionario del gobierno estadounidense dijo que el gobierno también planea comenzar a ejercer una parte de la ley que le permite a Estados Unidos rechazar visas a cubanos y ciudadanos de otros países involucrados en operaciones comerciales en propiedades confiscadas.
Fuente: AP
