El gobierno de Estados Unidos lanzó una ofensiva legal contra Rafael Caro Quintero y su familia al designar a 20 empresas establecidas en territorio mexicano y una persona ligada al capo sinaloense excarcelado en agosto último y buscado por la justicia estadunidense.
Apoyado en la figura denominada “Kingpin Act”, el Departamento del Tesoro congeló los activos bajo jurisdicción estadunidense y prohibió a las personas físicas y morales de su país realizar transacciones comerciales o financieras con las empresas vinculadas a Caro Quintero, la mayoría de las cuales se encuentran establecidas en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, donde reside su familia.
Entre estas últimas se encuentran las arrendadoras Turin, Barsat y Villas del Colli, así como gasolineras y empresas agrícolas. En este rubro destacan Petro London, Servicio y Operadora Santa Ana y Minerales Nueva Era, que produce y vende fertilizante orgánico conocido como Diatomag, así como un pesticida llamado Diatomkill.
“La designación demuestra el enorme alcance con el que Rafael Caro Quintero y los miembros de su familia han infiltrado la economía de Guadalajara, incluido el sector inmobiliario y las gasolineras”, declaró el director de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), Adam J. Szubin, luego de dar a conocer la medida.
El funcionario agregó que “con Caro Quintero a la fuga, la OFAC continuará trabajando con la DEA y nuestra contraparte mexicana para expandir las sanciones contra cualquier persona o entidad que actúe en beneficio de este asesino criminal”.
Desde 2000, el Departamento del Tesoro mantiene una puntual vigilancia con los negocios y empresas relacionadas con el narcotraficante acusado de asesinar al agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena, y con las personas de su entorno.
“Cada una de las entidades designadas hoy es propiedad o está controlada por uno o más individuos previamente designados por actuar en nombre de Caro Quintero”, aseguró el Departamento del Tesoro.
La persona física designada es Juan Carlos Soto Ruis, a quien vincula con seis empresas de Caro Quintero, entre ellas Arrendadora Turin.
Michele M. Leonhart, responsable de la DEA, declaró por separado que “Caro Quintero y su organización no puede seguir escondiéndose detrás de compañías tapadera con los beneficios del tráfico de drogas. Estas actividades ilegales nutren el tráfico de drogas y su violencia y corrupción”.
Y remachó:
“La DEA y nuestros compañeros del Departamento del Tesoro seguiremos trabajando con todas las herramientas disponible para asegurarnos de que Caro Quintero responde ante la Justicia y su red criminal es destruida”.
Fuente: Apro
