Por enésima vez el consorcio de Emilio Azcárraga Jean es investigado por ocultar información, pero esta vez lo hacen la Securities and Exchange Commission –la máxima autoridad de regulación bursátil de Estados Unidos– y el Departamento de Justicia estadunidense a partir de un documento anónimo que recibieron la semana pasada. La información también llegó a The Wall Street Journal, que soltó la bomba informativa el jueves 5. Televisa respondió de inmediato y se dijo víctima de “un intento orquestado para infligir un daño a la reputación de la compañía y sus empleados”. Sin embargo, los datos sobre los escamoteos financieros de Televisa están documentados.
Por Jenaro Villamil/ Proceso
Una vez más, las cuentas “ocultas” de Grupo Televisa con los gobernadores, partidos políticos y el Gobierno Federal Mexicano están bajo la lupa, pero ahora en Estados Unidos.
Apenas supo del contenido del documento de 15 cuartillas, en el que se revelan los datos, enviado a la Securities and Exchange Commission (SEC) —la máxima autoridad de regulación bursátil de Estados Unidos— y al Departamento de Justicia, el jueves 5 y el viernes 6 de mayo, la empresa de Emilio Azcárraga Jean intentó desmentirlo.
Calificó de “ficticias y sin fundamento” las acusaciones y afirmó que la carta anónima es “un intento orquestado para infligir un daño a la reputación de la compañía y sus empleados”, pero no negó las investigaciones emprendidas en Estados Unidos contra el consorcio televisivo.
Televisa también anunció una “investigación interna” a cargo del bufete de abogados de Nueva York, Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, y advirtió a la Bolsa Mexicana de Valores que “ejercerá todas las acciones legales a que haya lugar contra los responsables de la carta”.
No es la primera vez que Televisa reacciona de esta manera frente a las revelaciones de sus cuentas secretas. Desde octubre de 2005, este semanario ha documentado las estrategias y planes de acción para vender cobertura informativa favorable a gobernadores, incluido Enrique Peña Nieto, quien firmó con el consorcio un Plan de Acción que lo llevó a ser el candidato presidencial del PRI en 2012 (Proceso 1512, 1513, 1857 y 1958).
Televisa siempre negó públicamente la autenticidad de los documentos que sustentaban este acuerdo con Peña Nieto y que todos los días se confirmaba en la pantalla televisiva. En 2012 incluso amenazó con emprender acciones legales contra el periódico británico The Guardian si no se “disculpaba” por la publicación de información sobre la estrategia a favor del gobernador mexiquense.
Lo novedoso de la carta anónima de 15 cuartillas y otros documentos de respaldo —consultados por Proceso— es que sirven de base a la SEC y al Departamento de Justicia estadounidense para una investigación sobre Televisa ante posibles violaciones a la Ley Sarbanex-Oxley, que penaliza la doble contabilidad de las ganancias y tipifica como fraude a accionistas minoritarios por ocultar millones de pesos provenientes de pagos “en efectivo” de los gobernadores y partidos políticos.
DINERO EN EFECTIVO
En el documento —que también fue entregado a The Wall Street Journal y está fechado el 20 de abril pasado— se describen las estrategias de ocultamiento y presunto lavado de dinero de esos ingresos y se responsabiliza de ello al vicepresidente ejecutivo de la empresa, Alfonso de Angoitia, y al jefe de finanzas de la compañía, Salvi Folch Viadero.
“Grupo Televisa recibe dinero en efectivo de partidos políticos y gobiernos estatales para cobertura noticiosa tanto a nivel local como nacional, con apariciones en noticiarios de la pantalla, revistas y promociones especiales —advierte el documento—. Ésta, es una operación continua y es la razón por la que es difícil rastrear las pistas y calcular el costo del product placements (término publicitario que significa “desplazamiento del producto”, propio de los infomerciales políticos) de las producciones especiales en cada segmento de tiempo aire”.
Y añade: “Si el total de la aparición en tiempo-aire de los gobiernos y partidos políticos se contabiliza, en Grupo Televisa no están reportando hasta 10% de los ingresos, tanto en los canales de televisión abierta como en publicaciones y en ventas de televisión por cable y estaciones regionales”.
“Esta operación ha tenido un elevado costo para la imagen de Grupo Televisa y de su presidente Emilio Azcárraga Jean. Partidos políticos y prominentes miembros de la sociedad mexicana han acusado a Grupo Televisa de tener una información tendenciosa y esto ha afectado la credibilidad de la compañía con sus anunciantes”.
La mayoría de esos pagos provenientes de partidos políticos y de gobiernos estatales se realiza en grandes cantidades de efectivo (bulk cash, en el texto original) y son guardados en una bóveda ubicada en el basamento de las oficinas del corporativo en Santa Fe y transferidas al Estadio Azteca para simular la venta de tickets de eventos especiales que nunca se realizan. El documento calcula, que en un año el consorcio lavó alrededor de 40 millones de dólares.
Otros pagos en efectivo son directamente dirigidos a empleados de Alfonso de Angoitia, como Hugo Ríos y Osvaldo Orozco, quienes reciben los montos en dólares en el edificio corporativo de Televisa.
El documento refiere que ese dinero es enviado al asistente personal Rodrigo Guerrero Arteaga. Entre 50 y 75% de ese monto se envía a una empresa offshore registrada en Florida, Estados Unidos, denominada Emilio Incorporated, a nombre de Efrén Yaber, un empleado de la televisora que aparece como “socio” de Azcárraga Jean en esta compañía.
Proceso posee copias de documentos del Departamento de Estado de Florida, con fecha del 2 de diciembre de 2004, en los cuales se acredita la documentación recibida para crear la empresa Emilio Incorporated. Azcárraga Jean es el director y presidente de la compañía y su dirección personal está en Colorado, California; Yaber tiene la misma dirección de Colorado.
Existe documentación sobre otra corporación, con fecha 8 de diciembre de 2005, denominada EMFER Inc., que tiene como único director al propio Azcárraga Jean.
DEL ERARIO A TELEVISA
El documento incluye una reconstrucción parcial del reporte de los pagos realizados por seis gobiernos estatales (Estado de México, Puebla, Nuevo León, Veracruz, Chiapas y Chihuahua), el gobierno federal y dos partidos políticos (PRI y PAN) entre 2012 y 2015.
Entre las cifras más reveladoras en el escrito destacan:
—En 2012, el año de la campaña presidencial, el gobierno del Estado de México pagó 870 millones de pesos a Televisa. Al año siguiente la cifra descendió a 560 millones, en 2013 fue de 600 millones y en 2015, año de comicios federales, se volvió a elevar a 800 millones.
—El monto de pagos del gobierno del Estado de México es superior en esos años a los del propio gobierno federal. En 2012, el último año de la administración de Felipe Calderón, Televisa cobró 450 millones de pesos; en 2013 se embolsó 650 millones; en 2014, 700 millones, en 2015, 800 millones.
—En 2015, los gobiernos de Rafael Moreno Valle (Puebla), Rodrigo Medina (Nuevo León), Javier Duarte (Veracruz), Manuel Velasco (Chiapas) y César Duarte (Chihuahua) pagaron entre 300 y 450 millones de pesos.
—El PAN pagó 240 millones a Televisa en 2012 y otros 200 millones en 2015. El PRI tuvo un pago récord de 550 millones en 2012, mientras que en 2015 descendió a 400 millones.
El documento aclara que los montos se realizaron en pagos bulk cash cada mes o bimensualmente; por tanto, no hay registro de facturas o comprobantes de este dinero que proviene, en su mayoría, de recursos públicos.
El productor de los contenidos de los infomerciales para partidos y gobernadores es identificado como Guillermo de la Mora, quien trabaja en Televisa desde 2010. Él reporta a Folch Viadero y recibe instrucciones directas de Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia, los dos principales vicepresidentes.
“Personal del staff de Guillermo de la Mora ha sido directamente amenazado por clientes que piensan que Grupo Televisa ha tomado ventaja”, sostiene el documento.
Proceso reveló desde octubre de 2005 una trama diferente de venta de promoción y de espacios informativos al entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, a través de empresas bróker, como TV Promo o Radar, ambas creadas por Alejandro Quintero Íñiguez, responsable de la comercialización de Televisa.
El total de la inversión en un año se fijó en 691 millones 734 mil pesos. El plan de trabajo fue publicitar a Peña Nieto en las pantallas del consorcio y convertirlo en el candidato priista a la Presidencia de la República (Proceso 1512).
La discusión sobre estos papeles del contrato de Peña Nieto con Televisa revivió el 7 de junio de 2012, cuando el periódico The Guardian publicó una versión similar a la de este semanario, pero con un monto menor.
En plena campaña presidencial, Proceso publicó en su edición 1858 el reportaje “Televisa y sus candidatos atrapados” en el que aludió al “Proyecto Jorge”, elaborado por Televisa para la promoción especial de Peña Nieto, ya como candidato del PRI a Los Pinos. Todos los pagos eran en efectivo y se realizaron a través de la empresa El Mall, de Pedro Torres, productor de Televisa.
En el documento anónimo que está circulando en Estados Unidos ya no aparecen la empresa TV Promo ni el nombre de Alejandro Quintero. En marzo de 2015, Quintero fue sustituido por Ricardo Pérez Teuffer como vicepresidente corporativo de Comercialización de Televisa. Su salida coincide con la crisis actual de disminución de ingresos publicitarios del consorcio, según informó Proceso en su reportaje “Televisa en declive”, publicado en su edición 2048.
TELEVISA SE ‘AUTOINVESTIGA’
En su edición del jueves 5, The Wall Street Journal informó que la carta anónima llegó como correo electrónico a miembros del consejo de Univision y presuntamente del Departamento de Estado estadunidense. Proceso confirmó que existe una investigación en curso.
El Journal mencionó que para verificar la validez de la carta, envió correos a la cuenta de la que se originó la propia carta. “Hasta la fecha, la identidad del remitente del correo electrónico no se ha determinado”, afirmó el rotativo en la nota firmada por José de Córdoba y Santiago Pérez.
Cuando se divulgó parte del contenido del documento, Azcárraga Jean manifestó su “apoyo inquebrantable” a De Angoitia y a su equipo y calificó las acusaciones como “ficticias y sin fundamento”. Dijo a The Wall Street Journal que la carta anónima es un “intento orquestado para infligir un daño a la reputación de la compañía y de sus empleados”.
Asimismo, informó que contrató a un bufete de abogados de Nueva York, Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, autorizados por De Angoitia y sus familiares, para investigar a la propia empresa y a los altos ejecutivos mencionados en estos documentos.
Según Azcárraga Jean, el bufete contactó a bancos relacionados con el vicepresidente de Televisa para confirmar o descartar la existencia de las cuentas bancarias que menciona la misiva privada.
En sintonía con la respuesta de Azcárraga Jean, el comentarista Joaquín López Dóriga publicó en su columna de Milenio Diario que las acusaciones contra De Angoitia “rebasan la ficción” y que el mismo The Wall Street Journal las “desecha”.
“El anónimo incluye datos personales de Alfonso, datos que dan una línea para descubrir al patrocinador o patrocinadora y a los operadores de esta ofensiva que tienen como común denominador el rumor a esta casa y sus antecedentes en la misma”, afirmó López Dóriga.
El viernes 6 al mediodía, Televisa envió un comunicado a la Bolsa Mexicana de Valores para afirmar que la compañía ejercerá todas las acciones legales a que haya lugar contra los responsables de la carta:
“Grupo Televisa confirmó que una carta anónima enviada por correo electrónico, y que contiene información imprecisa, falsa y engañosa sobre la compañía y personas asociadas a la misma, fue distribuida como parte de lo que parece ser un esfuerzo coordinado para causar daño a la reputación de la compañía y sus ejecutivos.”
Fuente: Proceso
