EU acusa por narco a Tomás Yarrington

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Procuradores federales estadunidenses dieron a conocer este lunes una acusación criminal contra el ex gobernador del estado mexicano de Tamaulipas, Tomas Yarrington Ruvalcaba, por su presunta participación en una confabulación del crimen organizado. Se le acusa lo mismo de participar y luego favorecer al narcotráfico que de lavado de dinero.

Según dio a conocer The Associated Press (AP) y CNN este lunes fue abierto el expediente de imputación penal contra el ex mandatario en el que se alega que Yarrington y su socio Fernando Alejandro Cano están acusados de violar las leyes federales contra el crimen organizado.

De acuerdo con la acusación, el ex gobernador habría aceptado sobornos de los cárteles mexicanos del narcotráfico, y habría ayudado a estas organizaciones criminales a contrabandear drogas y a lavar en Texas el dinero obtenido de su venta.

De acuerdo con los documentos dados a conocer este lunes, los fiscales federales atribuyen a Yarrington el presunto contrabando de grandes cantidades de cocaína a través del puerto mexicano de Veracruz y de la frontera hacia Estados Unidos entre 2007 y 2009.

La acusación imputa al ex gobernador de Tamaulipas por su supuesta colaboración con tres cárteles del narcotráfico: el del Golfo, el de los Zetas y el de los Beltrán Leyva, rivales entre sí.

La acusación también señala al empresario mexicano Fernando Alejandro Cano Martínez como presunto cómplice de Yarrington en operaciones de lavado de dinero, que habrían recibido como soborno de cárteles.

Las autoridades también acusan a Cano de haber creado empresas en San Antonio y en el sur de Texas para adquirir propiedades con el dinero que habrían recibido de los cárteles.

EU lo busca desde mayo

Yarrington es buscado desde mayo pasado por las autoridades de Estados Unidos acusado de crimen organizado y lavado de dinero, entre otros cargos, según una acusación revelada este lunes por el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) de la cual da detalles CNN.

Según esta acusación desde 2007 a 2009, Yarrington estuvo involucrado en el tráfico de cocaína a través del puerto de Veracruz hacia Estados Unidos, según la acusación.

La investigación de la cual da cuenta la prensa internacional indica que el ex Gobernador habría recibido sobornos por operaciones comerciales en México, a través de Materiales y Construcciones Villa de Aguayo, S.A. de C.V., una empresa propiedad de Fernando Alejandro Cano, un empresario cercano a él.

A través de dicha firma de la construcción, Yarrington recibió dinero público de contratos que fueron adjudicados para obras en Tamaulipas, según las autoridades texanas. A cambio, Cano pagó dinero a Yarrington con el cual se compraron propiedades a nombre del ex Gobernador en Texas.

De acuerdo con la acusación, el entonces Gobernador utilizó fondos públicos para comprar en enero de 2005 un jet privado Sabreliner 60, para lo cual transfirió 300 mil dólares a una cuenta bancaria en Estados Unidos. Además, Cano transfirió cinco millones de pesos a la misma cuenta, también parte de los presuntos fondos públicos robados.

CNN afirma que de ser arrestados y encontrados culpables Yarrington y Cano podrían ser sentenciados hasta a 20 años de prisión por el delito de lavado de dinero, y hasta 30 años de prisión por el de fraude bancario.

Además, podrían enfrentar hasta 10 años de prisión por el delito de tráfico de drogas. En abril de 2012, Tomás Yarrington Ruvalcaba fue señalado por autoridades estadounidenses por presuntos nexos con el narcotráfico y pertenecer a una red de lavado de dinero. 

Fue Alcalde de Matamoros (1993-1995), Gobernador en Tamaulipas (1999-2004) y precandidato del PRI a la Presidencia de la República.

En agosto de ese año, un juez federal giró una orden de aprehensión contra el ex Gobernador tamaulipeco, informó la entonces Procuradora General de la República, Marisela Morales.

Morales Ibañez detalló que el caso contra el ex mandatario estatal, señalado por presuntamente recibir sobornos del Cártel del Golfo y lavar dinero en el sector inmobiliario, se fundamentaba en “diversas pruebas”, y no sólo en las declaraciones de testigos protegidos.

“Son diversas pruebas, no solamente son testigos colaboradores, sino son también otro tipo de pruebas y que fueron valoradas en su conjunto por el Ministerio Público al momento de ejercer la acción penal, y también por el juez”, mencionó el 29 de agosto de 2012. 

Fuente: Sin Embargo y Notimex

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