Favorecida por Pemex con un contrato de ensueño para su proyecto Etileno XXI, la empresa Braskem, filial de Odebrecht, reclama el cumplimiento de las condiciones aceptadas por el gobierno de Felipe Calderón: el cuantioso pago de penalizaciones por no recibir de la petrolera la cantidad establecida de etano. Pero además, en un informe ante el regulador del mercado de valores estadunidense, se queja de que el contrato está en peligro y amaga con exigir en tribunales la aplicación de otra cláusula, que obligaría a Pemex a comprar la fallida planta y sus deudas.
Por Jesusa Cervantes/ Proceso
La inversión más grande en un sexenio, de la cual se ufana el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, correspondiente al complejo Etileno XXI, tiene en jaque a Petróleos Mexicanos (Pemex), acusada ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC) por incumplimiento de contrato y con la amenaza de obligarla a adquirir esa planta.
En su reporte ante la SEC, la empresa Braskem —filial de Odebrecht— advierte que podría iniciar acciones legales contra Pemex, pero también alerta sobre una posible expropiación o nacionalización por parte de la administración de Andrés Manuel López Obrador.
El 19 de febrero de 2010 el gobierno de Felipe Calderón firmó un contrato de venta de etano por 20 años para suministrar diariamente 66 mil barriles a Braskem, la cual se alió con la mexicana Idesa; ambas formaron Etileno XXI para procesarpolietileno.
Las multas que hoy le imputa Braskem a Pemex por la disminución de la cuota diaria que está obligada a entregar sumaron durante el año pasado 39 millones de dólares. Al tipo de cambio de hoy (21.27 pesos por dólar) representan 829 millones 530 mil pesos.
Desde que Etileno XXI entró en funcionamiento (julio de 2016) Pemex no pudo cumplir con la cuota total de etano a la que se comprometió la administración de Calderón. Sin embargo, el gobierno de Enrique Peña Nieto pagó puntualmente las multas, que hasta 2018 sumaron cerca de 3 mil millones de pesos, según la Auditoría Superior de la Federación.
El gobierno actual se ha negado a entregar las notas de crédito que respaldan la multa de 39 millones de dólares, por considerarlo “un contrato leonino”. Eso basta para que Braskem demande que se cumpla otra cláusula del contrato, mediante la cual se obliga a Pemex a adquirir el complejo petroquímico.
Si Odebrecht se va a los tribunales, México tendría que pagarle en el presente año mil 211 millones de dólares (26 mil 302 millones 920 mil pesos), según el anexo IX del contrato y su tabla 1 de valores de capital.
Pero además el contrato obliga a la petrolera mexicana a “pagar las deudas” que Braskem tenga en el momento de la demanda y las de “sus filiales”. Tiene cuatro en el país.
Dobletea ofrecimiento
Durante la discusión de las bases de la subasta de etano, el gobierno de Calderón ofreció que el contrato fuera a 15 años con dos periodos más y un suministro de 33 mil barriles diarios de etano. Esto, de acuerdo con el documento en poder de Proceso, con fecha del 8 de febrero de 2008. Sin embargo, en julio de ese año el compromiso ascendió a 66 mil barriles diarios de etano y a 20 años de entrega, con 15 años adicionales.
El contrato nunca pasó por el Consejo de Administración de Pemex. El 25 de febrero de 2010, después de firmado el contrato, el Comité de Estrategia de Inversiones de Pemex Petroquímica se preguntó cuál fue el análisis de los escenarios de disponibilidad de gas y cuáles serían las previsiones para no caer en los supuestos relativos a las posibles sanciones económicas estimadas en el contrato.
Nunca se dio respuesta a dicho planteamiento. Un año después, el 29 de abril de 2011, el entonces presidente del Consejo de Administración de Pemex, José Antonio Meade Kuribreña —ya entonces secretario de Hacienda—, dijo que existía obligación de presentar el contrato al consejo, por lo que “se había desahogado en los términos de la normatividad vigente”.
El entonces consejero independiente Rogelio Gasca Neri advirtió que “se compromete a Pemex Exploración y Producción a un suministro de gas, que no está basado en la producción actual sino en posibles futuros descubrimientos, que son inciertos”.
Hoy esos “descubrimientos inciertos” no han podido hacer que Pemex cumpla con la entrega de 66 mil millones de barriles diarios de gas etano a Braskem-Idesa, lo que ha generado multas desde el momento mismo de su arranque, en julio de 2016, hasta el presente.
En su informe ante la SEC, Braskem establece: “Con respecto a los daños liquidados debido al contrato de suministro de etano, durante el cuarto trimestre de 2019 y el primer trimestre de 2020, Pemex debió habernos entregado notas de crédito relativas al primer trimestre de 2019 por 26 millones de dólares…y el segundo trimestre de 2019 por un monto de alrededor de 13 millones de dólares…
“A la fecha de este informe anual, Pemex aún no ha entregado dichas notas de crédito y por lo tanto no ha cumplido con su obligación contractual de manera oportuna”, se lee en el informe entregado el 15 de junio de 2020 ante la SEC por Braskem.
Luego detalla que está en pláticas con Pemex sobre la falta de entrega de los volúmenes totales y de pago, para luego advertir: “No podemos garantizar el resultado de dichas discusiones y en cualquier momento podríamos iniciar acciones legales contra Pemex por sus incumplimientos en virtud del contrato de suministro de etano, como procedimiento de arbitraje contra Pemex luego del incumplimiento y notificaciones generadas como resultado del mismo”.
En la página 38 del contrato, del cual este semanario tiene copia íntegra, se establecen las multas por incumplimiento: Pemex tiene que compensar a Braskem en los siguientes seis meses y, si no lo hace, “deberá pagar al comprador una suma por daños, perjuicios y pérdidas equivalentes a 200% del precio promedio del etano…hasta un máximo de 300 millones de dólares por año”.
Braskem hizo valer esta cláusula, ya que, desde que arrancó Etileno XXI, Pemex no ha podido cumplir. Así, el gobierno de Enrique Peña Nieto pagó 283 millones 35 mil 800 pesos en 2016; en 2017 fueron 810 millones 155 mil 400 y en 2018 el pago fue de mil 720 millones 352 mil 100 pesos. En total, cerca de 3 mil millones.
Pero el gobierno de López Obrador no ha pagado lo que corresponde a 2019.
Fuente: Proceso
