Aun cuando en los tres años recientes, los gobiernos de estados y municipios recibieron más de 181 mil millones de pesos en transferencias para programas “vinculados al fortalecimiento financiero”, la deuda de las entidades es de casi ya 600 mil millones.
“Este fenómeno se explica por la corrupción y malos manejos de gobernadores y alcaldes”, dijo Alfonso Ramírez Cuéllar, diputado electo de Morena.
Explicó que una revisión de los recursos del Ramo 23, que ha sido utilizado generalmente para el reparto de obras, de las que a su vez los legisladores cobran ente 10 o 15 por ciento de cuotas o moches, permite identificar programas comprendidos en la partida 43801, registrados con nombres distintos, pero con objetivos comunes.
Refirió que en la partida 2015 se incluyó el programa U117, Contingencias Económicas, para el cual se aprobaron recursos por mil 012 millones de pesos, pero al final y gracias a las ampliaciones de la Secretaría de Hacienda se ejercieron 70 mil 100 millones.
Al año siguiente, en la misma partida se registró el programa U130, Fortalecimiento financiero, al que se aprobaron mil 481 millones de pesos, pero al cierre del año se ejercieron 62 mil 258 millones.
Mientras que en 2017 se autorizó otro programa, el U135, Fondo para el fortalecimiento financiero, al que se le autorizaron 3 mil 243 millones, pero se ejercieron 55 mil 116 millones de pesos.
Dijo que para el ejercicio en curso se tienen previstos 2 mil 537 millones a ese mismo programa, pero ante la recurrencia de ampliaciones de los tres años previos, es previsible que también se dispare ese gasto.
“Aparentemente, esos programas de la partida 43801 responden a la preocupación de fortalecer las finanzas de los estados, pero no del todo ni de todos”, expuso.
Esto porque, abundó, diez estados concentraron 56 por ciento de los fondos extraordinarios. “En el presupuesto, esos programas, para un fin semejante pero con tres nombres diferentes, representaban 7 por ciento de la partida 43801, pero al final del ejercicio se incrementaron hasta casi 60 por ciento”, señaló.
Ramírez Cuéllar consideró que un programa de “supuesto fortalecimiento financiero se convirtió en ejemplo de la forma discrecional en la que se han distribuido recursos adicionales para estados y municipios. No queda claro su destino, el criterio para su entrega, la estrategia ni los resultados. Tampoco quiénes lo ejercieron y mucho menos quién se benefició de ese dinero”.
Por su parte, el senador Mario Delgado, aseguró que Morena utilizará la mayoría que obtuvo en el Congreso de la Unión y en 19 locales para detener el exceso de endeudamiento que han tenido los estados en los últimos años, garantizar el destino de la deuda a proyectos de impacto social y tener un manejo responsable de los recursos públicos tanto a nivel federal como local.
El senador del PT-Morena, explicó que de diciembre 2012 a marzo 2018 la deuda de los estados pasó de 434,761 millones de pesos (mdp) a 578,839 mdp, lo que representa un crecimiento nominal del 33%.
En este sentido, destacó los casos de Veracruz, Sonora e Hidalgo que preocupan particularmente, no solo por el nivel de endeudamiento, sino también por las medidas autoritarias que en fechas recientes sus gobernadores han impuesto a través de sus respectivos Congresos para darle al Ejecutivo local facultades para el refinanciamiento de la deuda.
Condenó que ante la llegada de Morena algunos gobernadores celebren de último momento arreglos financieros para disfrazar deuda, modifiquen la Ley a su capricho y coloquen fiscales a modo con el objetivo de seguir endeudando a sus estados de forma discrecional y para evitar ser investigados y castigados.
Fuente: La Jornada
